Mientras la Procuraduría sanciona a Rodolfo Hernández por irrespetuoso, la Fiscalía no avanza en su caso de corrupción

El video dura 45 segundos. En él se ve a Rodolfo Hernández visiblemente alterado. El veedor, Fernando Martínez, le reclama de manera respetuosa al entonces alcalde de Bucaramanga por la tala de unos árboles. Los hechos ocurren en el parque Solón Wilches, en el sector de Sotomayor. Con voz temblorosa, Hernández le dice al ciudadano: “Yo sé que usted es un lavaculos de la politiquería”. 

El corto video fue difundido en Twitter por el afectado. Cinco años después, la Procuraduría tomó decisión de última instancia por estos hechos. Hernández fue sancionado con cuatro meses de inhabilidad; pero, como ya no está en el cargo, tendrá que pagar una multa de 62 millones de pesos.

Hernández ha sido uno de los funcionarios en la historia reciente del país que más trabajo le ha dado a los servidores públicos de la Procuraduría. En 2019, ocupaba el deshonroso primer lugar como el alcalde colombiano con más investigaciones abiertas, 34 en ese entonces.

A hoy, aparecen 30 procesos en su contra, de los cuales hay dos que ya fueron sancionados: uno por su responsabilidad en el fallido negocio de Vitalogic, y el más reciente, la agresión verbal al veedor Martínez. La Procuraduría le ha elevado pliego de cargos a Hernández por otros tres casos y los cinco restantes se encuentran en etapa de investigación.

Mala suerte en lo disciplinario y buena suerte en lo penal

Mientras los entes disciplinarios se pronuncian sobre la conducta de Rodolfo Hernández, la Fiscalía no es que se haya ocupado demasiado en pronunciarse sobre las investigaciones penales en su contra. 

El más sonado es el caso Vitalogic, que se configuró en 2017, cuando Rodolfo Hernández era alcalde de Bucaramanga. Por estos hechos se investiga el presunto interés indebido de Hernández y unos particulares, entre los que se encuentra su hijo Luis Carlos, para adjudicar el manejo de las basuras de la ciudad a un consorcio del que hacía parte la firma Vitalogic.

El contrato era a 30 años. Si dicho negocio era adjudicado, el hijo de Hernández obtendría una comisión de éxito tasada en unos 6 millones de dólares. Esos pactos incluso fueron autenticados en notaría.

Sobre el interés ilegal en el contrato hay cuadernillos de los chats de los implicados y testigos que le han dado a la justicia información creíble. Por este caso, la Procuraduría sancionó a Rodolfo Hernández  a 14 años de inhabilidad por el grave daño que su conducta le hizo a los bumangueses.

La Procuraduría inició la investigación debido a la denuncia interpuesta por el señor Luis Andelfo Trujillo, principal testigo en el caso Vitalogic. Trujillo era amigo de Luis Carlos Hernández, y, en conjunto con él y otros particulares, se interesó en varios contratos durante la administración de Rodolfo Hernández.

Además de su testimonio, Trujillo aportó pruebas como chats y fotografías que confirmaron el modo, tiempo y lugar de sus aseveraciones.

Al abordar el caso Vitalogic, la Procuraduría lo hizo como un todo. De tal manera que analizó las actuaciones del hijo de Rodolfo Hernández, la información contenida en los chats, incluso los contratos de corretaje, en los que quedaron especificadas las coimas. También el interés indebido en la contratación del consultor encargado de hacer los pliegos de condiciones del contrato.

La Fiscalía, en cambio, hizo lo contrario. Dividió el caso Vitalogic en dos fases. La primera, que se encuentra en etapa de juicio, es por el interés indebido en la contratación del consultor que hizo los pliegos. Curiosamente, la Fiscalía también pidió la imputación de cargos a los funcionarios que denunciaron los hechos irregulares.

Se ha hablado de una segunda fase, en la que se analizaría la actuación del hijo de Rodolfo Hernández, el contrato de corretaje y todos los acuerdos por debajo de la mesa para que el consorcio conformado por Vitalogic se quedara con el contrato. Esta segunda fase, seis años después de los hechos, ni siquiera ha arrancado.

El 11 de febrero de 2022, la vicefiscal Martha Janeth Mancera expidió una resolución en la que se aplicaba un principio de oportunidad a José Manuel Barrera, exgerente de la EMAB, Empresa de Servicios Públicos de Bucaramanga. 

En ese documento, la fiscal le dio plazo de un año a la Fiscalía Quinta de Bucaramanga para que definiera la situación jurídica del hijo de Rodolfo Hernández. El año se cumplió hace seis meses y de las decisiones judiciales en su contra no se sabe nada.