Los hallazgos de la Contraloría que alertan por posible detrimento patrimonial en contrato de Ecopetrol con Covington

Un contrato que se firmó en medio de cuestionamientos de la junta directiva de Ecopetrol tiene ahora a la compañía petrolera más grande del país bajo la lupa de la Contraloría. El órgano de control emitió una alerta ante un posible riesgo de detrimento al patrimonio del Estado por un polémico acuerdo con un bufete de abogados con sede en Estados Unidos.

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El 29 de agosto de 2024, Ecopetrol contrató a la firma Covington & Burling LLP para recibir asesoría legal especializada. Según la junta directiva, el acuerdo se suscribió inicialmente como resultado de un proceso plural, con el fin de recurrir al bufete cuando resultara necesario para analizar políticas, procesos y eventuales diferencias con autoridades estadounidenses. 

Cuatro meses después, la petrolera firmó un otrosí con el grupo de asesoría legal para ampliar el alcance, plazo y valor original del contrato. El problema, según reveló El Tiempo y que originó la investigación, corresponde a que el nuevo acuerdo se centrará en evaluar el impacto jurídico y reputacional de las investigaciones abiertas contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en Estados Unidos.

En medio de la polémica, la junta directiva de la empresa más grande del país solicitó la suspensión de las actividades contempladas en el contrato desde marzo pasado tras reportar una falta de consulta previa sobre la ampliación de las tareas. En ese sentido, los miembros del equipo directivo revelaron que no habían recibido información sobre el alcance adicional del acuerdo suscrito.

En desarrollo de la auditoría de cumplimiento a Ecopetrol, la Contraloría advirtió sobre el posible incumplimiento del objeto, alcance y cronograma definido en el otrosí firmado con Covington. Para el órgano de control, una parte de los pagos se soportó solo en horas declaradas por la firma estadounidense sin documentación que demostrara efectivamente la prestación del servicio.

Los hallazgos de la Contraloría en la revisión del contrato entre Ecopetrol y Covington

La Contraloría solicitó a la empresa petrolera aclarar la justificación de la necesidad de suscribir un otrosí para el contrato CW207382 y los motivos que llevaron a suspender su ejecución. En ese sentido, la entidad advirtió que la decisión de limitar el desarrollo del acuerdo tampoco estaría soportada en un acta formal incorporada al expediente contractual.

La Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría reiteró que la junta directiva de Ecopetrol solicitó la suspensión del contrato el pasado 21 de marzo, pese a que se habían ejecutado pagos por 1,59 millones de dólares. Según el objeto del contrato, ese dinero desembolsado se destinaría a informes sobre la reputación de la empresa en el desarrollo de investigaciones contra sus miembros.

Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a la limitada certificación de los servicios realizados por Covington durante la vigencia del contrato. Para la Contraloría, los pagos se ordenaron a partir de reportes de trabajo entregados por la firma, sin suficiente evidencia detallada sobre el servicio mediante informes periódicos, producción documental y eventual interacción con autoridades estadounidenses.

“La suspensión no quedó formalizada en el expediente contractual, como lo exigen el Manual de Contratación y los lineamientos internos de la compañía, lo que derivó en que el contrato figure como vigente y en pausa”, explicó el órgano de control sobre las posibles irregularidades en el manejo y seguimiento del acuerdo con el bufete de abogados.

Ante los recientes hallazgos, la Contraloría emitió una alerta de control interno para verificar si la contratación incumplió con los principios de revisión de políticas, procesos y discusiones que motivaron el acuerdo inicial. Para establecer los términos del otrosí, se revisará la documentación presentada por la junta directiva con el objetivo de determinar si la ampliación del contrato se ajustó a los procedimientos internos.

¿Qué sigue en el proceso de la Contraloría por el polémico contrato de Ecopetrol?

La Contraloría reveló que la reciente alerta de control interno se emitió debido a la limitada trazabilidad entre los pagos y los servicios ofrecidos por Covington durante la vigencia del acuerdo. Con el nuevo mecanismo adoptado, se evaluará la falta de claridad sobre las actividades del bufete de abogados para determinar si se enfocó realmente en las funciones jurídicas establecidas inicialmente.

La petrolera ha reiterado que la contratación se ejecutó como parte del sistema de control interno sobre las actividades que realiza la empresa desde 2008 en la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, el órgano de control insiste en que la falta de documentación presentada impide certificar que la firma de abogados cumplió con el millonario acuerdo para ofrecer asesorías jurídicas especializadas.

“Que el contrato se reporte vigente y en pausa evidencia el incumplimiento del objeto y alcance del contrato, lo cual conlleva que los recursos que han sido ejecutados y pagados por Ecopetrol por valor de 1,5 millones de dólares, se hayan invertido sin que se evidencie un provecho cierto para la entidad”, detalló la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría.

En su alerta de control interno, el órgano de control advirtió que el mayor riesgo del incumplimiento del contrato corresponde a un posible detrimento patrimonial, que afectaría los recursos públicos destinados a la ejecución de la asesoría. Por eso, la entidad pidió a Ecopetrol entregar la información requerida para soportar cada uno de los pagos girados.

La petrolera tiene cinco días hábiles para emitir su respuesta y entregar los archivos que permitan certificar la trazabilidad de cada etapa del proceso contractual. Ese plazo será clave para que la empresa demuestre que la contratación se ajustó a los procedimientos internos. De lo contrario, la Contraloría continuará con su auditoría y trasladará los hallazgos a otros órganos para adelantar actuaciones administrativas, disciplinarias o fiscales.