Las irregularidades se presentaron en 47 procesos.
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La SIC formuló cargos contra EPM y Dispac por cobrar para participar en procesos de contratación
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La Superintendencia encontró que las prácticas ilegales se presentaron en procesos para acceder a contratos por más de 1,4 billones de pesos, por lo que ambas compañías habrían limitado la libre competencia y afectado la participación de otros oferentes.
La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac) por su presunta participación en hechos relacionados con cobros irregulares exigidos para permitir la participación de múltiples oferentes en millonarios procesos de contratación.
La investigación adelantada por la SIC permitió identificar posibles afectaciones a la libre competencia mediante procedimientos continuos y reiterados con los que establece barreras en el acceso a procesos de contratación. Según la entidad, las prácticas halladas representarían violaciones a la ley por parte de las dos empresas de servicios públicos domiciliarios.
La entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores y garantizar la libre competencia encontró que EPM habría exigido el pago de altas sumas de dinero a los interesados en participar en múltiples procesos de contratación. En ese sentido, la SIC reiteró que es ilegal imponer condiciones que limiten el acceso abierto y equitativo a procesos de selección.
“Las acciones adelantadas por esta Superintendencia resultan fundamentales para el país y los consumidores, toda vez que la imposición de barreras de entrada no justificadas impide que se obtengan las mejores ofertas posibles como consecuencia de la participación de un mayor número de proponentes", explicó la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.
Por otra parte, la entidad identificó casos en los que EPM también impidió de forma irregular la participación de estructuras plurales como consorcios o uniones temporales en procesos de contratación. Asimismo, la entidad advirtió por posibles limitaciones al número de integrantes que podrían conformar dichas estructuras y el régimen de responsabilidad aplicado en cada caso.
Las posibles irregularidades se presentaron en 47 procesos de contratación por más de 1,4 billones de pesos
En la formulación de pliego de cargos, la SIC reveló que las conductas irregulares identificadas en los procesos de contratación en EPM se presentaron en al menos 24 procedimientos. Los millonarios contratos estarían relacionados con el suministro y la construcción de obras gestionadas por la compañía de servicios públicos entre 2020 y 2023.
Por otra parte, la SIC informó que Dispac exigió dinero para garantizar el derecho de los oferentes a participar en procesos relacionados con la construcción de obras coordinadas por la compañía. De hecho, las interventorías permitieron establecer que las prácticas ilegales se habrían registrado en 23 procesos ejecutados en el periodo entre 2019 y 2023.
“Lo anterior se traduce en ineficiencias que terminan trasladándose a los consumidores, en un servicio de menor calidad o en precios más elevados", explicó la superintendente Rusinque, quien pidió a las compañías adoptar las medidas necesarias para garantizar la transparencia en la contratación y proteger los derechos de los consumidores en el país.
La SIC reveló que las posibles irregularidades identificadas en procesos adelantados por EPM se presentaron en contratos con un valor acumulado superior a un billón de pesos. Asimismo, indicó que las barreras impuestas por Dispac para limitar el acceso de algunos consorcios a sus procesos se presentaron en contratos por más de 400 millones de pesos.
Finalmente, la entidad reiteró que ambas empresas de servicios públicos domiciliarios debían aplicar los principios de selección objetiva y libre competencia económica. Por eso, la formulación de pliego de cargos marcará el inicio del proceso formal de investigación que podría derivar en sanciones administrativas en caso de que se comprueben las prácticas ilegales.
