Manifestaciones de estudiantes en la UdeA.
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Crisis por violencia de género en la Universidad de Antioquia: ¿qué pasa con los mecanismos de atención?
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Además de la crisis financiera que atraviesa la UdeA, hay un problema de fondo que viene aquejando a la comunidad estudiantil: los casos de violencias basadas en género (VBG). Estudiantes y profesores alertan fallas en la ruta de atención, en los mecanismos de protección y en los resultados frente a las denuncias. ¿Qué dice la institución?
Por: Claudia M. Quintero
La Universidad de Antioquia (UdeA), que tiene más de 200 años y es una de las tantas cosas sagradas de los paisas, atraviesa por una crisis financiera sin precedentes. Pero más allá de eso, la comunidad estudiantil viene alertando y pidiendo soluciones frente a los casos de violencias basadas en género y sexuales (VBGS) en la institución.
La situación comenzó a hacerse pública con los primeros escraches –una forma de manifestación popular de protesta contra una persona– en 2019 y han venido tomando fuerza con los casos más públicos. Y, aunque se han logrado avances en materia de género, estudiantes y profesores dicen que hay tareas pendientes que están generando revictimización.
Las quejas del Comité de Género frente a la Ruta Violeta
Una de las principales quejas de la comunidad universitaria es “la ruta violenta” o “la ruta vio-lenta”, como le dicen los estudiantes a la Ruta Violeta, que es el mecanismo institucional para atender los casos de VBGS.
La ruta comenzó a implementarse en 2019 bajo la dirección de Bienestar Universitario y, según la institución, se puede activar a través de cuatro mecanismos: la Línea Violeta, los Procesos de Seguridad a Personas, el Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD), que es el encargado de investigar y sancionar los casos de VBG; y el Equipo Violeta, que ofrece atención por parte de una psicóloga y una abogada.
De acuerdo con las cifras que le entregó la UdeA a CAMBIO, a través de la Ruta Violeta en 2023 se registraron 205 atenciones por casos de VBGS. De esas, 134 correspondieron a incidentes ocurridos fuera del ámbito de la universidad; mientras que 71 se dieron en el contexto de las actividades universitarias. En lo que va de 2024 han atendido 158 casos. De esos, 98 ocurrieron fuera de la misionalidad de la universidad y 60 en el desarrollo de las actividades universitarias.
En cuanto a los casos que están en UAD, es decir, que están en investigación disciplinaria, la universidad reportó 76 procesos activos. De esos, 68 están en etapa de instrucción y ocho en etapa de juzgamiento.
“Es, quizá, una de las instituciones de educación superior con más denuncias de violencias de género”, detalló una profesora que prefirió no ser citada. El problema, de acuerdo con voceras del Comité de Género de la UdeA, es que a pesar de que se tiene la Ruta como un mecanismo para atender ese tipo de casos, tienen tipificadas las violencias basadas en género como una falta disciplinaria y hay un protocolo para la prevención, atención, investigación y sanción de las VBGS, “aun en la institución no se conocen casos públicos de sanciones”.
Sin embargo, la universidad le dijo a este medio que, desde septiembre de 2022, cuando se creó el Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios, que es encargado de las VBGS, “han llegado a etapa de juzgamiento 15 procesos. De estos, siete ya ostentan fallo de primera instancia y seis de ellos han sido apelados. Todos los fallos han sido sancionatorios, es decir, que se encontró a la persona investigada disciplinariamente responsable”.
Falta de priorización, poco cubrimiento y falta de medidas de protección: los problemas estructurales
Como le dijo a este medio un profesor de la UdeA que prefirió no ser citado, un primer problema estructural de la Ruta está asociado con una falta en la priorización de los casos. “Las denuncias no se deberían atender por orden de llegada, porque no es lo mismo que traten mal a un estudiante en la clase a un intento de acceso carnal violento. Si bien ambos casos hay que atenderlos con debida diligencia, hay uno al que hay que darle prioridad. Eso no curre”, detalló.
Y justo en esto ahondaron profesoras y estudiantes, quienes señalaron que hay casos en los que se ha denunciado presunto abuso sexual y les dieron citas para 20 días después.
“Una estudiante fue abusada sexualmente por una persona que fue profesor. La chica llamó a la Ruta Violeta y le dieron la cita para 20 días después. ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen una medición de riesgo. Desde la universidad dicen que en esos casos lo que se debe hacer es llamar a la Línea Violeta y no entrar en la Ruta. Uno se pregunta, si se está siendo abusado sexualmente, por qué van a poner un montón de barreras”, detalló otra docente.
Una segunda falla estructural que detalló la comunidad universitaria está en la falta de personal en la Ruta. “Lastimosamente, en la universidad, el cubrimiento que logra dar la Ruta es incipiente: no logran atender la cantidad de casos que hay, porque ocurren muchos”, contó un profesor que ha acompañado 20 casos “flagrantes” de VBG.
Un tercer problema que detallaron los docentes y estudiante es que no hay ningún tipo de medidas de protección para las personas victimizadas. “Hay casos en los que agresores reconocidos siguen caminando por la universidad y siguen utilizando los espacios bajo el derecho a la educación o al trabajo, y la universidad no hace nada. Lo que está haciendo la universidad, de forma pasiva, es revictimizar a las víctimas. Adicionalmente, está dando la posibilidad para que la agresión se perpetúe. Es decir, que el agresor se siga encontrando con personas victimizadas”, detalló un profesor.
Un caso particular es el de un estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas que estaba acosando a una profesora y el estudiante atacó de manera directa a un profesor que acompañaba a la víctima. El docente acompañante le contó a CAMBIO que “ese sujeto está en la cárcel porque tenía un proceso en la Fiscalía por violencia intrafamiliar y lo declararon culpable. Nosotros estamos seguros por otra cosa, pero la universidad no fue capaz de proteger nuestro bienestar físico, psicológico ni nuestro derecho al trabajo. Le protegió al estudiante el derecho a la educación. Para el profesor y para voceras del Comité de Género de la UdeA, eso muestra que “la universidad no tiene medidas de protección frente a los denunciantes”.
También está el caso de una persona no binaria profesora de derecho que tuvo que irse de la UdeA “producto de la situación de discriminación, hostigamiento, persecución y violencia institucional que sufrió por defender a estudiantes que denunciaron VBGS”. Esto es lo que se conoce como violencia de segundo orden, porque se ejerce en contra de quienes protegen a las presuntas víctimas.
A raíz de lo que la comunidad llama “inacciones”, un grupo de estudiantes en la Facultad de Química agredió a un joven que, presuntamente, estaba ejerciendo violencia en contra de un estudiante, compañeros y hasta profesores. “No sabemos quiénes son los del grupo, pero han prometido seguir ajusticiando a cuanto acosador aparezca en la facultad”, relataron maestros de la UdeA.
Frente a este caso en particular, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales emitió un comunicado en el que rechazaron cualquier tipo de violencia y acoso en los espacios de formación, e invitaron a poner en conocimiento de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD) todas las conductas que promuevan o generen violencias.
Las peticiones del Comité de Género y las respuestas de la UdeA
En junio de este año, el Comité de Género, la Asamblea General de Estudiantes, la Asamblea General Multiestamentaria, la Asamblea de Profesores y Asamblea de Mujeres y Disidencias Sexuales, Corporales y de Género hicieron un pliego de peticiones a la universidad para abordar este tipo de casos.
Entre las exigencias piden garantías claras frente al acceso a la justicia, la ampliación del equipo de atención en el equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD), que es la encargada de las sanciones. La comunidad también pide que implementen las medidas cautelares necesarias para que se oficien medidas cautelares en los procedimientos disciplinarios de manera oportuna y que los casos de escrache sean investigados. Es decir, las denuncias que se hacen de manera informal también tengan un proceso.
Ante ese pliego de más de siete páginas de peticiones, la rectoría de la UdeA respondió con un documento de 70 páginas. Allí aseguran que la universidad ha venido avanzando en “un tema que prácticamente era invisible para la sociedad y sus instituciones”. Una de las cosas que dicen es que en cuanto al pedido de ampliar la capacidad del equipo 3 de la UAD, “la universidad realizó un esfuerzo significativo en términos económicos, y contrató a una abogada adicional con la finalidad de que, durante los próximos cinco meses, apoye las actividades en la etapa de instrucción que le sean pertinentes”.
En cuanto a las medidas cautelares, por ejemplo, la rectoría aseguró que la única medida que se puede aplicar es la suspensión provisional. Sin embargo, se trata una medida excepcional que está sujeta a una ritualidad estricta. Por otro lado, también detallaron que una de las cosas que vienen haciendo es la separación preventiva de los presuntos agresores.
La rectoría también le dijo que es importante que se entienda que el tema de las investigaciones disciplinarias tiene unos términos procesales que dependen del vínculo institucional de la persona investigada y que intentan adelantar los trámites correspondientes “sin que ello vaya en detrimento de los derechos y garantáis de los sujetos procesales”.
En cuanto a los casos de escrache que se han presentado, la institución aseguró que se han enfocado en “implementar acciones de sensibilización, socialización y prevención”. Esto, con el objetivo de que las denuncias lleguen al Equipo Violeta. Esto es clave, porque dicen que, dentro del proceso disciplinario, los escraches se entienden como quejas o denuncias anónimas, ello en tanto, provienen de un remitente desconocido y en tal sentido, la información puesta en conocimiento no puede ser ratificada, bajo la gravedad de juramento”.
Como bien lo dijo un profesor, lo cierto es que “los problemas de violencias basadas en género están enraizados en la universidad y tiene dimensiones que ni siquiera nos imaginamos”.
