La Universidad de Antioquia pide ayuda para salir de una crisis sin precedentes

Más de 200 años de historia del mayor patrimonio académico de los paisas están en riesgo. La Universidad de Antioquia (UdeA) está en una crisis sin precedentes. El rector, John Jairo Arboleda, asegura que la universidad acumula una desfinanciación de 340.000 millones de pesos y, para terminar el año, necesita 136.000 millones.

Las situación ha hecho que la UdeA esté nadando en deudas. A la fecha tiene dos créditos de tesorería para pagar entre noviembre y diciembre de 2024. Uno por 18.000 millones de pesos y el otro por 10.000 millones. Además, tiene un cupo aprobado con la banca de 90.000 millones de pesos. “Están tan en la mala, que han tenido que endeudarse para buscar la plata que los gobiernos no les dan”, señaló la representante Jennifer Pedraza. ¿Cómo se llegó a este punto? 

La desfinanciación estructural por la Ley 30 y la falta de recursos de gobiernos locales

La crisis en la UdeA no es excepcional, es un mal común de las universidades públicas del país generada por la falta de reforma de la Ley 30 de 1992. El artículo 86 de esa norma señala que la base presupuestal para las universidades públicas es lo que la nación y los territorios aportaron en 1993, a partir de ahí se ajusta cada año con el índice de precios al consumidor (IPC). El problema es que los gastos de funcionamiento crecen a una escala mayor. 

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Para el rector de la UdeA, en 1992 los recursos sí alcanzaban para cubrir el 90 por ciento de los gastos de funcionamiento, porque en esa época la institución tenía 17.000 estudiantes. Además, no hacían investigación y tampoco tenían regionalización. Hoy, la universidad tiene 36.000 estudiantes, una amplía oferta académica, de investigación y nueve sedes repartidas en varios municipios de Antioquia.

“Tenemos una universidad completamente distinta, versus los recursos que recibimos indexados al IPC, que siguen siendo, en términos financieros, los mismos recursos que recibíamos hace 32 años. Hoy, estos recursos cubren el 76 por ciento. Así que esa diferencia de 24 puntos nos toca conseguirla a nosotros”, le dijo John Jairo Arboleda a CAMBIO.

Mauricio Alviar, secretario de Educación del departamento de Antioquia y exrector de la UdeA, asegura que otro de los factores agravantes de la crisis está en el incremento de contratos de hora cátedra para la docencia directa. Según él, solo el 25 por ciento de los profesores de planta se dedican a la docencia directa y eso hace que al resto toque contratarlos por hora cátedra. 

Alviar detalló “otro problema muy grande”, que tiene que ver con el Decreto 1279, que reglamenta el régimen salarial y las prestaciones de los docentes de universidades públicas. “Hay que modificar ese decreto y hay que ajustarlo a la realidad”, dijo en diálogo con este medio. 

Si bien el tema financiero es un problema de fondo, hay docentes que dicen “que eso se puede resolver con números”, y que la cuestión está en la falta de voluntad política en un contexto en que el gobernador y el presidente son declarados opositores ideológicos.

Los recursos que le llegan a la universidad tienen dos fuentes: el 90 por ciento es de la nación, mientras que el departamento aporta un 3,5 por ciento. Por su parte, de acuerdo a un docente de la institución: "el municipio de Medellín no aporta a la Universidad de Antioquia. Lo anterior a pesar de que una buena parte de los estudiantes son de la ciudad y su área metropolitana”.

Según la UdeA, "el Municipio de Medellín solo contribuye de manera indirecta a través de la estampilla Universidad de Antioquia, creada en 1994".

La representante Jennifer Pedraza, quien junto a otros congresistas como Daniel Carvalho lideran una cruzada para rescatar la UdeA, le dijo a CAMBIO que la rivalidad política entre el uribismo y el petrismo está influyendo en la no atención a la crisis. Lo anterior pone en riesgo la calidad de la educación en esa alma mater.

“Yo me aparto de las declaraciones de la Gobernación, en las que dice que hay que recortar las horas cátedra y que los profesores no trabajan. Realmente, los profesores que tienen salarios altos en las universidades públicas son menos del 10 por ciento, pero eso basta para que los gobiernos se excusen y se libren de la responsabilidad de financiar a las universidades públicas”, aseguró Pedraza.

‘Se está marchitando la calidad de la UdeA’: los efectos en la comunidad universitaria

La situación detonó en mayo de este año, cuando los profesores recibieron un mensaje en el que les decían que, por falta de liquidez, la universidad no tenía cómo pagar la quincena del 20 y que en la semana siguiente se gestionarían los recursos. “Eso nunca antes había pasado”, le dijo un docente a CAMBIO.

El mismo problema se repitió en julio de 2024. Por ese entonces la rectoría hizo el anuncio oficial de que la institución tenía cifras en rojo y que era necesario implementar un plan de austeridad. Ahí comenzó a sentirse con fuerza la crisis entre la comunidad universitaria. 

Esta hoja de ruta del recorte incluye, por ejemplo, reducir los viáticos, limitar la asistencia presencial a congresos, talleres, seminarios, encuentros o cualquier evento que no fuese estrictamente necesario. También se ha reducido el costo de publicidad, la impresión de revistas y textos académicos. Aunque hay docentes que afirman que eso puede afectar directamente en la calidad de investigación, todos son conscientes de que en medio de la situación es válido reducir esos gastos. 

Sin embargo, entre la comunidad se generó descontento por la reducción de horas cátedra por fondos generales. El plan de austeridad de la universidad dice, literalmente, que: "se debe revisar la sobrerremuneración en docencia de pregrado; utilizar en mayor medida las horas del plan de trabajo de los docentes de planta y ocasionales para docencia directa de pregrado; unificar grupos de cursos de pregrado, generando sinergias entre programas que permitan disminuir el número de docentes de cátedra requeridos y que se implementará un control de hora cátedra a partir del semestre académico 2024-2”. 

Con esa medida, la universidad reducirá 253.149 horas cátedra para el periodo 2024-2 y esperan ahorrar 19.540 millones de pesos. Pero, dice la comunidad, a costa de los docentes. 

“Para los maestros, las preocupaciones principales están en la defensa del trabajo (…) Si bien trabajamos en condiciones que podrían mejorarse, lo que queremos es que se mantenga nuestro proyecto de vida. Queremos mantener esa vocación de servicio hacia el departamento y hacia el país”, le dijo a CAMBIO el profesor Jorge Suárez, de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Ante las críticas que han manifestado varios docentes, el rector le dijo a este medio que la figura de hora cátedra no es exclusiva de contratos de profesores, sino que hay muchas actividades en la universidad que se desarrollan bajo esa figura.

“Nosotros hablamos de la reducción de las horas cátedra contratadas por fondos generales. No van a ser los contratos de hora cátedra de los profesores, sino los contratos de hora cátedra que no tienen que ver con las labores misionales de la universidad y que se pagan por fondos generales”, aseguró Arboleda.

Otra de las medidas de la administración de la UdeA que ha sido llamada “cuestionable” es la unidad de caja, que consiste en pasar los recursos de las facultades a la administración central: “Algunos dicen que para pagar proveedores, porque la universidad está tremendamente endeudada”, señaló un profesor. 

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Por otro lado, estudiantes, profesores y voces que defienden la educación, como Daniel Carvalho y Jennifer Pedraza, han rechazado la venta de 23 predios que tiene la universidad. Desde la rectoría se ha insistido en que no están siendo utilizados, les generan gastos de mantenimiento, no tienen un fin misional y la venta podría representar cerca de 90.000 millones de pesos. Pero Pedraza cuestiona: “¿Cuál es el fin no misional de una universidad pública? Si ahí se puede construir una nueva sede o un laboratorio”. 

El auxilio financiero que pide la UdeA y los caminos que tiene

“Yo creo que frente a esta crisis hay que hacer a un lado las diferencias, para poder tener un buen plan financiero de rescate a la universidad. La situación es dramática, pero además está en riesgo el funcionamiento de la universidad”, señaló un docente, invitando a la unidad de los entes nacionales y territoriales para salvar a la UdeA.  

En respuesta, hace unos días el ministro de Educación, Daniel Rojas se reunió con el movimiento estudiantil de la UdeA. El funcionario reconoció que es un problema estructural de las universidades públicas e insistió en lo que han dicho los profesores: se requiere una mayor participación de los entes territoriales.

“El Gobierno ha hecho un esfuerzo para aumentar los aportes a la base presupuestal de la universidad de 32,8 por ciento en 2022 a 39 por ciento en 2024. Sin embargo, en el mismo periodo la Gobernación ha mantenido el mismo 3,5 por ciento que ha aportado desde el 2022”, dijo Rojas.

Así mismo, el ministro hizo un llamado al trabajo conjunto entre el Gobierno, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín para hacer un ‘pacto por la U’. 

“El Gobierno honra el compromiso de seguir aumentando la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior (IPC+11 en 2025) pero requerimos un esfuerzo conjunto con alcaldías y gobernaciones para cerrar la brecha. La solución no es el recorte de maestros hora cátedra, ni la disminución del bienestar universitario”, dijo Rojas.

Sobre la visita y los anuncios del ministro, el representante Carvalho celebró la disposición del Gobierno nacional a trabajar conjuntamente para rescatar a la UdeA. "En situaciones de crisis como la que vive la UdeA todos deben concurrir en soluciones: Gobierno nacional, departamental, local e incluso el sector privado", dijo Carvalho.

Por su parte, la representante Jennifer Pedraza radicó una proposición al Presupuesto General de la Nación que pide 168.000 millones de pesos para rescatar a la UdeA. Esta iniciativa ya tiene 38 firmas, que son desde congresistas cercanos al Gobierno hasta del Centro Democrático. 

Finalmente, en el Congreso ya se radicó el proyecto que busca hacer modificaciones parciales a la Ley 30 de 1992, para aumentar los recursos de funcionamiento y de inversión de las universidades públicas. 

Aunque todas son propuestas válidas y están sobre la mesa, la pregunta que persiste es: ¿Quién pondrá los 136.000 millones de pesos que le faltan a la UdeA para este año y los 340.000 millones de desfinanciación? Mientras se encuentra respuesta, la UdeA sigue luchando por seguir a flote.