La crisis de los desaparecidos en México crece a pesar del discurso oficial de seguridad

México intenta administrar y contener la crisis de las desapariciones, pero los resultados muestran que el problema sigue creciendo. A comienzos de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta más de 132.000 personas desaparecidas. 

Para Édgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el panorama es preocupante. En declaraciones a CAMBIO, explica que el número de personas desaparecidas no ha dejado de crecer en los últimos años. “En la base de datos que lleva la actualización del número de personas desaparecidas, ese número no ha dejado de crecer desde hace bastantes años, y esa es parte de la preocupación. Además, otra cifra que es menos visible es que se calcula que hay unos 72.000 restos humanos en el país sin identificar”, señala.

En enero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que 2025 fue el año con menos homicidios en una década y que también hubo reducciones en feminicidios y robos con violencia. Sin embargo, las desapariciones siguieron una ruta distinta, durante el primer año de su administración se registraron más de 14.000 personas no localizadas, un aumento cercano al 20 por ciento frente al año anterior y el doble de lo reportado en 2019, bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Organizaciones sociales cuestionan que la medición de la seguridad no incluya de forma central a las personas desaparecidas, especialmente en un contexto donde uno de los objetivos oficiales ha sido reducir la percepción de violencia.

Un país de focos rojos: Edomex, CDMX y los territorios más golpeados

El fenómeno de las desapariciones en México tiene focos claramente identificados. Según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas de Red Lupa en 2025, Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León se consolidaron como los cinco estados con mayor número de casos. Jalisco encabeza la lista con 15.287 personas desaparecidas, mientras que municipios como Ecatepec y Toluca concentran una parte significativa de los reportes. En conjunto, el 44,3 por ciento de las personas desaparecidas del país se concentra actualmente en estos cinco estados. En el informe de 2024, ese porcentaje era del 48 por ciento, lo que indica que cerca de cinco puntos porcentuales se han desplazado hacia otras regiones.

Red Lupa advierte que la desaparición de personas es un problema persistente y presente en todo el territorio nacional. Cortez lo explica: “La hipótesis principal es que estas regiones tienen una fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada y disputas entre ellos […] Además, hay grupos locales que usan el nombre de los cárteles para extorsionar, secuestrar o dedicarse a mercados ilegales […] Muchos de estos estados están en rutas migratorias […] Y otra cuestión que ha cobrado fuerza es el reclutamiento forzado de jóvenes, hombres para ser sicarios y mujeres para explotación laboral o sexual […]”.

En este contexto, las familias buscadoras entran en acción. Colectivos como Mariposas y Madres Buscadoras exigieron que la nueva Ley de Desapariciones en el Estado de México incluya capacitación especializada para el personal de la Fiscalía, mayor presupuesto y la contratación de más elementos.

Cortez también explica cómo se construye el informe junto con los colectivos: “Actualmente hay unos 200 colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país. En cada estado hemos identificado uno o dos colectivos, tal vez los más activos, y los invitamos a formar parte de esta red. Hacemos un corte anual, se los enviamos y les pedimos su opinión desde el terreno […] Además, hacemos solicitudes de información a las instituciones para contrastar datos. Así, el informe no solo refleja nuestra visión, sino que se dialoga y revisa con los colectivos y se complementa con información oficial […]. Ellos deciden luego el uso que le dan a la información”.

En la Ciudad de México, el Congreso local pidió a las 16 alcaldías proteger las lonas y fichas de búsqueda colocadas en espacios públicos. Entre el 1° de enero de 2024 y el 15 de enero de 2026 se registraron 6.074 personas desaparecidas, no localizadas o localizadas en la capital. De ese total, 3.182 continúan sin ser localizadas y 2.803 fueron halladas con vida, según la Comisión Nacional de Búsqueda.

Reformas, violencia contra buscadores y silencios forzados

El Gobierno federal impulsó modificaciones a la Ley General y aprobó un nuevo protocolo homologado de búsqueda. También anunció la creación de una futura plataforma nacional de identificación con datos biométricos ligados a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Sin embargo, aún no se ha explicado cómo se aplicará este sistema a las desapariciones del pasado ni qué acciones concretas se tomarán para reactivar investigaciones estancadas.

Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Jalisco, las familias participaron en un proceso acelerado de reforma legal. En ese espacio identificaron cinco áreas clave: búsqueda, identificación forense, bases de datos, atención a familiares y prevención. No obstante, después de modificar la ley y revisar el protocolo, las reuniones se pausaron y los resultados siguen sin ser visibles.

En declaraciones a CAMBIO, Cortez advirtió: “Lamentablemente, no ha habido suficiente atención ni diálogo con las familias […]. Desde abril, las familias han planteado cinco temas clave: búsqueda más efectiva, seguridad de las buscadoras, interconexión de bases de datos, atención forense y prevención de desapariciones. La discusión se ha limitado a los protocolos que al gobierno le interesa, y los demás temas siguen pendientes […]. Es un problema de largo plazo que requiere continuidad y coordinación, pero el Gobierno administra el asunto de manera condicionada, sin abordar el fondo del problema”.

Por esta razón, la crisis no solo afecta a quienes desaparecen, sino también a quienes los buscan. En 2025, las personas buscadoras vivieron el año más peligroso: se registraron asesinatos, desapariciones, amenazas, extorsiones y ataques contra integrantes de colectivos. De acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, estos casos enfrentan una impunidad cercana al 95 por ciento. Solo el 26 por ciento recibe apoyo gubernamental para salud y apenas el 24 por ciento para transporte, alimentación o vivienda.

Cortez también resaltó el papel central de los colectivos frente a la inacción estatal: “Yo diría que los colectivos han sido claves. Gracias a su impulso se discutieron y aprobaron leyes, tanto federales como estatales […]. Frente a la falta de acción de las autoridades, ellos realizan búsquedas, a veces coordinadas y a veces independientes. Esto implica grandes riesgos, porque muchas veces entran en zonas controladas por grupos delincuenciales, con información de restos o personas que deben verificar […]. Además, hay riesgos derivados de posibles complicidades en fiscalías y cuerpos de seguridad […].”

En paralelo, la ONU exigió respuestas por la desaparición forzada de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos en 2023 tras una reunión comunitaria en Michoacán. Expertos advirtieron que estos casos buscan silenciar voces críticas y generar miedo y pidieron al Estado cooperar plenamente con las investigaciones.

La emergencia que ya alcanza a la infancia

La crisis también golpea a niñas, niños y adolescentes. El 6 de enero, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) presentó su Balance Anual 2025, en el que se reportan 10.707 desapariciones en este grupo etario, de las cuales 2.856 continúan sin ser localizadas. Estas cifras representan un aumento superior al 30,3 por ciento frente al año anterior y configuran, para organizaciones civiles, una alerta humanitaria.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el artículo 34 al detectar indicios de una práctica generalizada y sistemática en México. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón persistente que el Estado no ha logrado contener.

Edgar, subrayó la urgencia de actuar desde el primer momento: “La búsqueda debe ser inmediata y no esperar 48 o 72 horas […]. Es importante que las víctimas conozcan sus derechos y las obligaciones de las instituciones. También se podrían fortalecer acciones de prevención, como difundir información masiva por radio y televisión y atender temas relacionados con violencia familiar o sexual […]. Otro aspecto es involucrar a los gobiernos municipales, que muchas veces tienen más capacidad de despliegue local, para que la búsqueda sea efectiva y rápida […].”

En mayo se dará a conocer el más reciente informe de Red Lupa sobre personas desaparecidas, correspondiente al periodo de mayo de 2025 a mayo de 2026. Por otro lado, la presidenta anunció que está listo un nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que probablemente será presentado en los próximos días en alguna de sus conferencias. “Vamos a informar tanto del registro como de las nuevas normas que se impulsaron el año pasado, cómo se están llevando a cabo y cómo es el trabajo con los colectivos de personas desaparecidas”, comunicó la presidenta.

Cortez, por su parte, advierte que la tendencia no es alentadora. “Con la tendencia que hemos visto, creo que el número de desapariciones seguirá creciendo […]. Posibles acciones incluyen implementar cambios de la ley, formular programas nacionales de búsqueda y de exhumaciones e identificación, y asegurar claridad en el presupuesto destinado a estas acciones. Es importante combinar un plan con recursos definidos, porque sin esto no se pueden lograr avances reales […]. Desde la perspectiva política, los resultados son modestos y a largo plazo, pero es preferible plantear metas realistas que anuncios espectaculares que no generan resultados concretos”, concluye.