Gobierno suizo condenado por su inacción contra el calentamiento

Crédito: Freepik

10 Abril 2024 04:04 pm

Gobierno suizo condenado por su inacción contra el calentamiento

El fallo podría tener implicaciones significativas para futuros casos relacionados con la responsabilidad de los Estados en la lucha contra el calentamiento global.

Por: Eduardo Sánchez

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha emitido este martes 9 de abril de 2024 un fallo histórico que podría tener importantes repercusiones: condenó al Gobierno suizo por no tomar las medidas suficientes para disminuir las emisiones que afectan el calentamiento global, incumpliendo incluso sus propios objetivos. El TEDH considera en su sentencia que de esa manera el Gobierno suizo atenta contra los derechos humanos de sus ciudadanos, que pueden correr riesgos mortales en caso de un grave aumento de la temperatura: se viola el “derecho al respeto de la vida privada y familiar”, que implica una “protección efectiva contra los efectos nefastos graves del cambio climático sobre la vida, la salud, el bienestar y la calidad de vida”.

Aunque el Convenio Europeo de Derechos Humanos no establece un derecho explícito a un medio ambiente sano, el TEDH considera entonces que el ejercicio de ciertos derechos del convenio puede verse afectado por daños al entorno y la exposición a riesgos medioambientales. Este fallo podría sentar jurisprudencia y tener implicaciones significativas para futuros casos relacionados con la responsabilidad de los Estados en la lucha contra el calentamiento global.

El veredicto fue hecho en respuesta a la demanda formulada por la Asociación Suiza de Mujeres Mayores por el Clima (ASMM, Aînées pour le climat), que reúne unas 2.000 mujeres, apoyadas financieramente, entre otras organizaciones, por la ONG Greenpeace. Los argumentos presentados se basan en un hecho indiscutible: la multiplicación de olas de calor en los últimos años, que han producido una sobremortalidad en las personas mayores. El mes de marzo de este año, por ejemplo, es el décimo mes consecutivo más caliente desde que existen las estadísticas de este tipo. La Asociación había presentado sin éxito la misma demanda ante la justicia suiza, agotando los tres niveles posibles: el Departamento (ministerio) Federal del Medio Ambiente, el Tribunal Administrativo Federal y el Tribunal Federal.

Por supuesto, el veredicto ha generado reacciones virulentas de los partidos de derecha, opuestos a las medidas de control climático y a toda intervención europea en las decisiones nacionales suizas. La Unión Democrática del Centro (UDC), partido de extrema derecha, ha pedido incluso el retiro de Suiza del Consejo de Europa. Sin embargo, el Gobierno Federal, formado por siete consejeros federales de cuatro partidos (dos de la UDC, extrema derecha; dos del Socialista, izquierda moderada; dos del Liberal Radical, centro derecha; uno del Centro, centro derecha) está obligado a respetar el fallo y, sobre todo, a implementar las decisiones tomadas por el pueblo en referendo: en 2023, un referendo aprobó una ambiciosa ley sobre el clima y la innovación, que busca que Suiza sea neutra en carbono a más tardar en 2050, con un abandono de las energías fósiles. Y el 9 de junio de este año habrá una nueva votación sobre el aprovisionamiento en electricidad de origen renovable.

El combate judicial no termina aquí: la ASMM va a llevar el caso igualmente al Tribunal Internacional de Justicia, que discutirá a comienzos del año próximo sobre las responsabilidades de todos los gobiernos en materia de justicia climática.

Por otro lado, el TEDH ha desestimado la demanda presentada por seis jóvenes portugueses contra 32 gobiernos europeos, alegando que no han hecho lo suficiente para combatir la crisis climática. Los magistrados argumentan que los demandantes no han agotado todas las vías jurídicas disponibles en su país, como sí fue el caso en Suiza. Estos recursos a la justicia se han multiplicado en los últimos tiempos: en Estados Unidos, en el estado de Montana, una asociación de jóvenes ganó un proceso alegando el derecho constitucional a tener un “entorno limpio y sano”.

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