Comisión de Acusación de la Cámara reclama competencias para investigar a Álvaro Uribe por la masacre de El Aro

El presidente de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, le solicitó este miércoles a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que le remita a su corporación la investigación que cursa contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por su supuesto apoyo en la conformación y accionar de los grupos paramilitares.

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En junio, la Fiscalía citó a indagatoria al expresidente, para vincularlo formalmente a una investigación por el delito de concierto para delinquir agravado, por su presunta participación en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas y su supuesto rol en las masacres perpetradas en El Aro (octubre de 1997) y La Granja (junio de 1996), hechos que se le atribuyen y que ocurrieron cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia.

Cuenca advierte que el abogado del expresidente, Jaime Granados, presentó una solicitud planteando un conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara, señalando que los hechos que se le endilgan a Uribe en el proceso por concierto para delinquir agravado se habrían consumado en 2003, mientras se desempeñó como presidente de la República. Como hechos supuestamente consumados se referiría el abogado a la supuesta concertación de Uribe con los grupos paramilitares.

Por esa razón, y considerando que la Comisión de Acusación investiga las conductas de los presidentes y expresidentes de la República, el representante Cuenca plantea que el caso sea remitido a su corporación o que se remita a la Corte Constitucional, en aras de que dirima si es la Fiscalía la competente o no para continuar con la investigación contra Uribe, bajo las reglas de la Ley 600 del año 2000.

“Lo anterior sustentado en la hipótesis investigativa relacionada con la presunta participación de Álvaro Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como el Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido el accionar de esta organización, argumentándose que Álvaro Uribe ejerció como presidente desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que, la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003”, advierte el oficio.

"En consecuencia, atendiendo el carácter permanente del concierto para delinquir agravado, así como al momento en que habría cesado la supuesta actividad delictiva para el año 2003, existiría una razón objetiva para que esta comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieren desarrollado durante el periodo de tiempo en el que Álvaro Uribe Vélez fungió como presidente de la República", añade el oficio enviado por Cuenca.