La preocupación de la Rama Judicial por el hueco de 6,1 billones de pesos en el presupuesto para el sector
El Consejo Superior de la Judicatura y Asonal Judicial expresaron su preocupación por el presupuesto proyectado por el Gobierno para el sector justicia en 2027: 11,4 billones de pesos. Señalan un déficit del 34,8 por ciento en relación con lo solicitado. Faltan 4,7 billones para completar el costo del funcionamiento de la Rama Judicial y hay alertas al respecto.
Por: Ana María Cuesta
El proyecto del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, y que propone para el sector justicia una asignación de 11,4 billones de pesos, ha generado alerta en la Rama Judicial, especialmente en el Consejo Superior de la Judicatura, la alta corte que administra, gobierna y gerencia al mencionado poder público.
El proyecto, presentado por un total de 634,9 billones, proyecta 9,9 billones para el funcionamiento de la Rama Judicial, 1,5 billones de pesos para inversión y 17.696 millones para el servicio de la deuda pública, pero el Consejo Superior de la Judicatura había pedido una asignación de 17,5 billones de pesos, por lo que señalan un déficit de 6,1 billones y de un 34,8 por ciento en relación con lo solicitado.
“Esta diferencia limita la capacidad presupuestal para atender integralmente las necesidades planteadas, principalmente las relacionadas con el fortalecimiento de la planta de cargos, el cumplimiento de la Ley 2594 de 2026 (mediante la cual se reconoce la bonificación judicial como factor salarial) y la atención del pasivo litigioso, entre otros requerimientos institucionales”, señaló la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa, en un oficio al Congreso conocido por CAMBIO.
El hueco en el funcionamiento
La presidenta de la Judicatura expresó que la mayor preocupación de la propuesta gubernamental que se estudia en el Congreso está en el presupuesto de funcionamiento. La cifra propuesta pondría en riesgo el sostenimiento de la planta de personal, integrada por más de 37.352 servidores públicos. El solo costo de la nómina asciende a 11,4 billones de pesos.
“Solicitamos 14,6 billones en funcionamiento y solo nos asignaron 9,9 billones. Quiero que los honorables representantes sepan que la mayoría del presupuesto que año a año nos asignan va destinado al pago de la planta de la nómina de personal de la Rama Judicial”, advirtió la magistrada Novoa en una reciente audiencia ante la Comisión Primera de la Cámara.
Novoa añadió que también queda desfinanciado el pago de transferencias, comprendidas como licencias e incapacidades, que ascienden a 2,1 billones de pesos, y el pago de la bonificación judicial, un beneficio legal aprobado por el Congreso de la República, que hoy cuesta 865.000 millones para todos los servidores de la rama.
“La diferencia de más de 6 billones de pesos compromete directamente la expansión de la capacidad institucional, la creación de 7.715 nuevos cargos permanentes y 2.570 cargos transitorios que le permitan afrontar la creciente demanda de justicia”, señaló Yeison Viloria, secretario jurídico del sindicato Asonal Judicial.
Un incremento estancado
Viloria añade que el presupuesto proyectado para 2027 representa un incremento del 4,6 por ciento en relación con lo asignado en 2026, que correspondió a 10,9 billones de pesos. El problema de dicho incremento es que no supera la inflación anual registrada en 2025, que se situó en 5,1 por ciento, y probablemente no supere la inflación proyectada para el cierre de 2026 del 6,9 por ciento.
“En términos reales, la asignación proyectada ni siquiera compensaría la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante la vigencia precedente y, por tanto, no supondría un fortalecimiento efectivo del presupuesto judicial, sino la prolongación –e incluso la profundización– de su insuficiencia estructural”, expresó Viloria.
"El incremento propuesto para 2027 no incorpora el efecto de la inflación con la que se proyecta cerrar la vigencia 2026. Esta situación adquiere especial relevancia en los gastos de funcionamiento, dado que una proporción significativa corresponde a gastos recurrentes", expuso la magistrada Novoa en el oficio que envió al Congreso.
Asonal Judicial y la Judicatura añaden que la participación propuesta para la Rama Judicial en el Presupuesto General de la Nación para 2027 hoy solo llega al 1,8 por ciento del total, incumpliendo así un artículo de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia –artículo 192C de la Ley 2430 de 2024– que le asigna a la justicia una participación de al menos el 3 por ciento en el total del presupuesto. Sin embargo, la magistrada Novoa advirtió que ya han pasado tres años sin que se dé cumplimiento a este mandato.
Novoa también hizo énfasis en otro mandato de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que fija una “regla expresa de no disminución real del presupuesto de la Rama Judicial”, situación que afectaría la independencia del poder judicial.
"Sin recursos suficientes, la autonomía reconocida formalmente pierde eficacia material y la prestación del servicio queda condicionada por las prioridades presupuestales del Ejecutivo. La independencia judicial no solo exige ausencia de interferencias en las decisiones jurisdiccionales; también requiere que la Rama Judicial disponga de los medios necesarios para cumplir sus funciones constitucionales sin depender de asignaciones que perpetúen su insuficiencia estructural", expresó el vocero de Asonal Judicial.
El desafío del presupuesto, con una crisis fiscal y la emergencia ocasionada por el terremoto, pondrá a prueba la relación entre el poder ejecutivo y el judicial, este último que clama, desde ya, los recursos mínimos que garanticen su funcionamiento. La palabra la tendrá el Congreso.
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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