Las penas del Buen Pastor

El Buen Pastor de Bogotá, la cárcel de mujeres más grande del país, es un edificio que llora por dentro y por fuera. Cuando llueve dos días seguidos, como ocurrió esta semana, desde su cubierta hasta la primera planta brota agua. Por techos y muros se filtra. Recorre cada centímetro del edificio de tres pisos y hace más hondas las penas de las 1.788 mujeres ––y doce bebés–– que sobreviven hacinadas en una construcción de más de 70 años, donde hay un frío encajonado y muchos dolores sueltos.

"Esta semana que llovió tanto se nos inundó el patio. Los desagües y cañerías se taparon y la primera planta se anegó. A las celdas se les metió el agua, y las que duermen en carretera (un colchón en el piso) quedan jodidas. Aquí las celdas son de dos y de tres personas, pero hay algunas en las que duermen hasta siete”, narra una mujer de 36 años, a la que se le quiebra la voz al contar que tiene una hija de 18 años a la que dejó cuando tenía once. Está condenada por homicidio y pasa sus días en el patio tres, junto a 300 mujeres más. “Aquí hay mucha injusticia, mucho dolor”, advierte con la intención de agregar un relato que detiene súbitamente cuando otra reclusa se acerca. 

“Las lluvias agravan la convivencia. Empiezan a haber más las peleas a cuchillo. El ambiente se pone tenso y la guardia ruda, y uno no halla cómo quitarse ese frío de adentro de los huesos. Del techo gotea un agua pútrida. Es negra y huele a feo y si le llega a caer a uno una gota de eso le da ‘honguitis’, así le decimos a un sarpullido que produce.  A mí me dio en esta pierna  y a una china hasta se le está cayendo el pelo por eso”, sostiene otra mujer que pasa los 40 años. Está condenada a 32 meses por secuestro simple, y asegura que el juez de su caso le embolató un año que pasó en prisión domiciliaria en los días de pandemia, tiempo que la dejaron estar en casa por cárcel por ser madre cabeza de hogar. Ella no tiene abogado, como la mayoría de condenadas a quienes les toca aprender nociones básicas de derecho para acceder los beneficios de ley, poner tutelas, hacer solicitudes y poder así certificar y descontar el tiempo de su condena.

Muchas de las historias que deambulan por el Buen Pastor son de mujeres luchadoras, cabeza de familia, que acudieron al tráfico de estupefacientes o a robar para poder comer y alimentar a sus familias. Es el caso de Sara, una bogotana de 42 años que creció en el sur de Bogotá entre ollas de droga y prostitución. Es heredera de una larga cadena de exclusión y sufrimiento. Su madre fue habitante de calle consumida por el bazuco. A los 13 años, Sara fue violada por tres hombres en una de las tantas noches de calle con su madre. Tiene 5 hijos, tres de los cuáles son menores de edad. Está condenada por hurto agravado: la cogieron robándose dos camisas en una tienda de Estudio F. Por ser reincidente, la condenador a pagar dos años de cárcel. Lleva seis meses y no para de llorar, le da vueltas la pregunta de qué estarán comiendo sus tres niños. 

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“Están a cargo del que tiene 17 añitos, la de 16 ya anda en malos pasos, consume droga y vende lo poquito que tenemos en el apartamento. Al papá de ellos lo mataron en un fleto hace 7 años. Desde eso, la vida se ha vuelto cada día más difícil. Mi hijo me llama desesperado, que no sabe cómo soportar este tiempo. Yo le digo que me espere, que yo salgo y no me vuelvo a ir nunca, pero él está cansado, me pregunta cómo va a esperar dos años, me cuenta que la niña de once años está colapsada, que me extraña.  Él la cuida, la saca al colegio y trabaja para poder comprar comida. Yo no puedo más con este peso, yo necesito que me ayuden, que alguien llame a mis niños y les lleve un mercado, que dios me los proteja mientras yo salgo de aquí”, cuenta la mujer entre lágrimas y gestos de desespero.

Y si las historias que las llevaron a la cárcel son dramas, lo que viven al interior del penal es una tragedia aún peor. Maltratos, corrupción y abusos de toda índole son la única ley que impera en los patios. “Aquí ocurren muchas injusticias y dolores”: es la frase común en la decena de relatos escuchados. Todos contados en voz baja y levantando la mirada para cerciorarse de no ser oídas por dragoneantes u otras internas. “Aquí hay una mafia que controla todo el penal, que vende o alquila celulares, cuchillos, comida, drogas. Son un grupo de guardias aliadas con algunas reclusas. La cosa funciona así: los del Inpec entran todo y se los dan al grupito con el que ellas manejan la cárcel, y se dividen por mitades las ganancias”, confiesa una joven de 22 años, sindicada por porte y tráfico de estupefacientes.

En la cárcel se mueven cientos de millones de pesos. En el Buen Pastor, por ejemplo, un celular cuesta 1'500.000 pesos, se alquila a 30.000 pesos la semana, y se puede utilizar una hora al día. Si se lo coge la guardia, tiene que pagar un millón de pesos. Si no tiene con que pagar, vienen las torturas, les pegan, las sacan de las celdas, les quitan la comida o las obligan a llamar a familiares para que les consignen plata para pagar la pérdida del aparato decomisado. “Lo más gonorrea es que la guardia le decomisa a uno el teléfono, le pide plata para devolvérselo y, si uno no tiene o no les da, lo vuelven a vender en otro patio”, cuenta una mujer que lleva ocho años en el penal. Tiene más de 60 años y asegura estar presa por una injusticia, por ser la dueña de un negocio donde una banda del sector tomaba trago.

Una denuncia anónima, consignada en siete páginas escritas a mano, y que fue entregada a CAMBIO, da cuenta de lo que ocurre de puertas para adentro en esta cárcel. Tiene fecha del 30 de enero de 2023 y está dirigida al ministro de Justicia, a la mayor Nancy Pérez y “al señor director del Inpec”. “Por favor ayúdenos”, arranca diciendo la misiva en la que se denuncia con nombres propios la manera como funciona la corrupción en el penal.  Cuenta, por ejemplo, que una dragoneante, dos reclusas, los repartidores de las “encomiendas”, están aliadas para controlar el patio cuatro, uno de los más hacinados de la cárcel. Según el anónimo, así entra la droga, los celulares, memorias, cuchillos y hasta computadores. Todo para venta o alquiler en el mercado negro.

“Aquí sigue entrando droga, sigue habiendo apuñalados, siguen envenenando a las compañeras. Como somos basura para esta sociedad qué importa. El ‘cartucho’ que funciona aquí les deja muy buenas ganancias a los “sayayines”, que son los que controlan todo aquí y ganan millones. Por eso es que muchas de las dragoneantes ya se han mandado a hacer lipos, a poner senos y colas, tienen fincas y carros. Ellas (las guardas) son las que se encargan de entrar la merca en las noches y se las entregan a sus socias que son las que mandan en el patio”, describe la carta. 

Según la denuncia, en los dos primeros tramos de ese patio tienen “arrumadas” a las mujeres más viejas o con discapacidades, a quienes tienen sometidas a un régimen de terror entre dos internas y sus socias de la guardia. La denuncia incluye la tabla de precios de la comida que se vende ilegalmente: “un huevo crudo: $8.000”; “pechuga cruda: $30.000”; “carne cruda: $30.000 porción”; “aceite en una botella de coca cola: $60.000”; “sal en un dedo de guante plástico: $15.000”; “un plátano: $15.000”; “un aguacate: $25.000”. La denuncia también explica que en este patio entrar una cocina de un puesto vale 150.000 pesos, y que se alquila, al igual que un secador de pelo o un portátil. Y es que dentro de los patios hay todo un mercado negro. El ingreso de una parrilla para cocinar arepas que son vendidas dentro del penal cuesta 400.000 pesos o se alquila el día por 5.000. 

“Lo que ocurre es que aquí la comida es tan mala, alguna mal cocinada y otra dañada, que hay internas que cogen la comida y la arreglan, la convierten en arepas o en calentados y los venden. Hubo un tiempo en que hice arepas de arroz, pero me cogió la guardia y me quitó la parrilla, quedé endeudada y no he podido volverla a alquilar. Por eso mi hija está aguantando hambre afuera. No tengo qué mandarle”, detalla una mujer de 28 años que lleva siete meses en la cárcel por hacer el paseo millonario.

En la carta escrita a mano se dice que durante los dos años de pandemia, en que fueron canceladas las visitas a los presos, en la cárcel nunca faltó la droga ni la venta de cosas: “Eso demuestra que todo lo ilegal que entra aquí es por la guardia y sus redes de corrupción”. La carta también tiene denuncias de torturas, de envenenamientos y castigos que reciben las internas. “Esto va a explotar”. “Va para mal”. “Si ustedes no dicen nada, los medios sí lo harán”, concluye la escritora anónima.

Las denuncias llegaron a oídos a los funcionarios del Ministerio del Justicia que, encabezados por el viceministro Camilo Umaña, han venido recorriendo los distintos penales del país para conocer lo que allí ocurre y explicar los aspectos principales de la reforma penitenciaria que empezó su trámite en el Congreso. En la visita de esta semana al Buen Pastor también se hizo pedagogía sobre la ley que beneficiará a mujeres cabezas y se hizo una jornada de apoyo jurídico por parte de estudiantes de derecho de la Universidad de los Andes y El Rosario. Para ello, se reunión un grupo de más de 100 mujeres en la iglesia del penal. Allí, durante los discursos que pronunciaron funcionarios, reclusas y estudiantes, muchas de las mujeres que oían con atención lloraban en silencio. “Este es un lugar lleno de dolores”, dijo una reclusa que lleva casi diez años en este establecimiento carcelario. Quienes la oían, asintieron. 

“Muchas hemos visto morir a nuestros seres queridos sin poder despedirnos”, agregó. Una mujer de 74 años, pelo cano y rasgos indígenas se secó las lágrimas con discreción y explicó que oír a su compañera la conmovió porque ella no pudo despedirse de su madre cuando murió por una enfermedad. “Solo quería pedirle perdón antes de que muriera, pero me negaron las 72 horas, y tampoco me permitieron ir a su funeral”, se lamenta.  “Las personas que estamos aquí vivimos al borde de la locura. No hay nada que hacer. Descontar horas de prisión es un verdadero privilegio para pocas, el resto pasamos todo el día sin nada que hacer. Así cómo va uno a resocializarse o pasar el tiempo sin sufrir”, explica Daniela, quien fue detenida por lesiones personales cuando recién había cumplido 18 años. Igual lo sufre Francisca, de 78 años, quien espera que le den la libertad por tener más de 65, pero lleva años pidiéndolo. Fue mula y transportó droga por muchos países del mundo. Espera que la muerte no la encuentre presa. Ya ha pagado 14 años físicos de cárcel. 

Así son las historias de dolor que deambulan en este penal, construido en 1952 para 1.246 internas y que hoy tiene el 46 por ciento de hacinamiento, pero en cuyos rincones crece la ilusión de que el Gobierno logre que el Congreso apruebe la reforma carcelaria y que esta se traduzca en mejores condiciones para quienes están privadas de la libertad. Sueñan con que un día se dignifique la vida de las más de 6.000 mujeres que están presas en las distintas prisiones del país.