Algunas de las instituciones que trabajan articuladas son: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Búsqueda, entre otros (imagen de referencia).
Crédito: Colprensa.
Dane, DNP y otras entidades a las que la JEP ordenó impulsar medidas para buscar e identificar desaparecidos
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Para lograr la orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), varias instituciones del Estado articulan su trabajo. Ya se han adoptado 23 medidas cautelares para proteger zonas donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.
Por: Redacción Cambio
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les ordenó a las instituciones de más alto nivel del Estado impulsar las medidas necesarias para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Esto, a través de una ruta metodológica clara que permita coordinar y desplegar acciones de manera eficaz para responder las solicitudes de las familias que están buscando a sus seres queridos que desaparecieron en el conflicto armado colombiano.
¿Cómo esperan lograrlo? La JEP aseguró que ya se está articulando el trabajo de varias instituciones como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Ministerio de Salud.
A través de diferentes órdenes y acciones de la SARV, se está despejando el camino para que las entidades y organizaciones expongan las metodologías que puedan ser implementadas a nivel nacional.
“De este modo, se espera que las lecciones aprendidas en el marco de los trámites ya desarrollados se traduzcan en planes, programas y proyectos de la Política Integral de Búsqueda. En otras palabras, esta ruta metodológica permitirá consolidar acciones que den respuesta más expedita a las familias buscadoras”, mencionó la JEP.
¿Cuáles son las medidas que deben adoptar las instituciones?
El tribunal explicó que algunas de las medidas que ya se adoptaron son la convocatoria para iniciar un diálogo interinstitucional entre entidades nacionales y territoriales el próximo 3 y 10 de julio.
Además, las entidades del Estado deben conformar tres mesas técnicas que desarrollarán estrategias para la búsqueda de personas desaparecidas. Una de las estrategias que se establece es la de diseñar un plan nacional para la toma masiva de muestras biológicas que permitan agilizar su recolección.
“Mediante la articulación a nivel nacional, la magistratura busca definir la ruta y los protocolos forenses necesarios para la salvaguarda y protección de los cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado en proyectos de infraestructura de transporte en el país. El desarrollo económico debe armonizarse con los diferentes procesos de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. En este sentido, la estrategia desplegada por la Jurisdicción contempla la articulación que se llevará a cabo en sitios de interés forense distintos a cementerios”, enfatizó la JEP.
Otra de las órdenes que emitió la Jurisdicción comprende una reunión entre distintas instituciones el próximo 3 de julio del año en curso, para definir la metodología y los objetivos de la mesa técnica que solicitaron las víctimas.
También se debe desarrollar una reunión entre la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y Medicina Legal el próximo 10 de julio. Esto con el fin de explicar la metodología actual de identificación de personas dadas por desaparecidas y de recibir las propuestas que permitan mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
En ese sentido, la JEP mencionó que con la activación de esa ruta metodológica se podrá avanzar en los trámites de 23 medidas cautelares que lidera la SARV para proteger puntos de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.
De acuerdo con las cifras de la JEP, la implementación de sus órdenes son claves. Esto, porque hasta la fecha “la SARV ha adoptado 23 medidas cautelares para proteger zonas donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. Esto ha permitido la exhumación de 1.265 cuerpos, de los cuales 94 han sido identificados y 61 entregados dignamente a sus familias”.
Así, la Jurisdicción mencionó que la oportuna adopción de las decisiones son las que han facilitado el diálogo entre las distintas entidades y la consolidación de información para una ruta eficaz. Esto, según la JEP, ha permitido que se garantice el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
