Ratificado: Rodolfo Hernández estará inhabilitado 12 años

La Procuraduría confirmó la sanción de destitución impuesta al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández. Se trata de una inhabilidad general de 12 años por encontrarlo responsable de interés indebido en la adjudicación del contratista que se encargaría del manejo de las basuras en la ciudad. 

Se conoce como el caso Vitalogic y ocurrió en 2016, cuando Hernández era alcalde de Bucaramanga y se reunió con el gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) para pedirle que le entregara un contrato de más de 300 millones de pesos a Jorge Hernán Alarcón, quien quería construir una planta de energía. Pero, además, su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros también se vería beneficiado. 

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"En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció que el exmandatario utilizó su cargo como alcalde y presidente de la junta directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) para favorecer a terceros, entre ellos a su hijo, quien recibiría un 28 por ciento de la comisión total que se lograra por la adjudicación del contrato, si este se celebraba con los representantes de la tecnología WastAway en Colombia, que sería suministrada por la Unión Temporal Vitalogic RSU", señaló el Ministerio Público. 

Para lograr que se adjudicara el contrato, Hernández habría "escogido al consultor que se encargaría de elaborar los términos de dicha contratación, y entregó instrucciones para que la EMAB lo vinculara y le pagara por sus servicios, sin que existiera soporte de las actividades que desarrolló con ocasión de esa consultoría", como describe la Procuraduría. 

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Con esa actuación, la entidad determinó que el exalcalde de Bucaramanga no desempeñó sus funciones de actuar en beneficio del bien general, sino que uso su poder para buscar beneficios propios. 

"Por esos hechos, el órgano de control calificó la conducta cometida por el entonces alcalde Rodolfo Hernández como una falta gravísima cometida a título de dolo, y precisó que, por tratarse de un servidor público de elección popular que no se encuentra en ejercicio de su mandato, la sanción impuesta quedó ejecutoriada con la notificación efectuada y su ejecución es de carácter inmediato", como se lee en el documento de la entidad. 

Así las cosas, el ente de control aseguró en este fallo de segunda instancia que el hecho investigado es un acto de corrupción.