Un juez volvió a frenar los bombardeos del Gobierno cuando hay menores en riesgo
Un juez del Guaviare ordenó suspender temporalmente las operaciones aéreas contra grupos armados cuando existan alertas sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes. La decisión se suma a una medida similar adoptada en Bogotá y pone nuevamente bajo la lupa la estrategia militar del gobierno De la Espriella.
Por: Mateo Muñoz
Los bombardeos contra grupos armados ilegales vuelven a encontrarse con un límite en los tribunales. Un juez del Circuito Penal de San José del Guaviare ordenó suspender temporalmente las operaciones aéreas contra campamentos de organizaciones armadas cuando exista información de inteligencia u otras alertas que adviertan sobre la posible presencia de niños, niñas o adolescentes.
La decisión se conoce apenas unos días después de que otro juzgado, esta vez en Bogotá, adoptara una medida similar. En ambos casos, los jueces pusieron en el centro del debate la obligación del Estado de proteger a los menores reclutados por los grupos armados, incluso cuando se encuentren dentro de estructuras consideradas objetivos militares.
El nuevo pronunciamiento fue emitido en el marco de una acción de tutela presentada contra la Presidencia de la República y las Fuerzas Militares por el ciudadano Roxemhberg Rozo. El recurso cuestiona la posible vulneración de los derechos fundamentales de los menores que permanecen en zonas afectadas por el conflicto y pueden terminar expuestos a operaciones militares.
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La orden es provisional y estará vigente mientras se resuelve de fondo la tutela. Además, no significa que todos los bombardeos en el Guaviare hayan quedado prohibidos. La restricción opera cuando existan elementos que permitan advertir que en el objetivo militar pueden encontrarse menores de edad.
El pronunciamiento judicial llega en un momento especialmente sensible para la estrategia de seguridad del Gobierno. En sus primeras semanas, el presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado tres grandes operaciones de bombardeo: una contra estructuras del ELN en el Catatumbo y dos contra disidencias de las FARC en el Guaviare. En los operativos de agosto, al menos tres menores murieron, según la información forense conocida hasta entonces.
El caso que reavivó la discusión ocurrió el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare. Allí, en la denominada Operación Amón, murieron diez integrantes de una estructura disidente. Medicina Legal confirmó posteriormente que tres de los cuerpos correspondían a menores de 15 y 16 años. El Gobierno defendió la operación y sostuvo que se había realizado bajo los estándares legales establecidos para este tipo de acciones.
La discusión jurídica gira alrededor de una pregunta compleja: ¿qué debe hacer la Fuerza Pública cuando un grupo armado utiliza a menores como combatientes o los mantiene dentro de sus campamentos?
El Gobierno ha defendido que los adolescentes reclutados por organizaciones armadas pueden convertirse en parte activa de las hostilidades y, por tanto, en objetivos militares bajo determinadas circunstancias. Esa ha sido precisamente una de las principales justificaciones utilizadas para defender los recientes bombardeos.
Sin embargo, los jueces en Bogotá y San José del Guaviare han puesto el foco en las obligaciones especiales de protección que tiene el Estado frente a los menores de edad. Por ejemplo, la decisión adoptada en un juzgado de familia de la capital recordó los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario y ordenó evaluar alternativas menos lesivas antes de realizar una operación aérea cuando exista información sobre la presencia de menores.
La sombra de la muerte de menores en bombardeos ha estado presente en todos los gobiernos de este siglo. De hecho, el debate llevó incluso a la salida del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero, durante el gobierno de Iván Duque, después de conocerse la muerte de menores en una operación militar en Caquetá. Durante la administración Petro también se registraron casos similares.
La discusión apenas comienza. Y las decisiones judiciales podrían terminar obligando al Gobierno a revisar uno de los pilares de su estrategia de seguridad.
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