Colombia delimita el páramo más grande del mundo: qué protege la resolución del Gobierno sobre el páramo Cruz Verde-Sumapaz y qué sigue
La medida ratifica la prohibición de minería e hidrocarburos, reconoce al campesinado que habita el páramo y fija plazos para ordenar sus usos y construir su plan de manejo. Detrás hay un fallo judicial y casi una década de trámites.
Este 5 de agosto, la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, firmó la Resolución 0960 de 2026 y con ella delimitó el complejo de páramos Cruz Verde-Sumapaz, el más grande del planeta. La decisión protege 314.706 hectáreas en 25 municipios de Cundinamarca, Meta y Huila, además de algunas localidades de Bogotá: Ciudad Bolívar, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Sumapaz, Usaquén y Usme.
El complejo es una de las principales reservas de agua del país. Abastece a 16 acueductos veredales que sirven a unos 16.000 usuarios en Usme, Ciudad Bolívar y Soacha, y llega a 3.347 familias en Pasca. Además, alimenta distritos de riego en esos departamentos.
La resolución define, entonces, las reglas del juego dentro de esa área. Lo principal es que reconoce las actividades agropecuarias que ya existen, pero ratifica la prohibición de la minería y de la exploración y explotación de hidrocarburos. También ordena a las autoridades ambientales que, en un término de tres años, zonifiquen el páramo y definan los posibles usos. Y, a partir de eso, tienen un año extra para formular e implementar el Plan de Manejo Ambiental. Todas estas decisiones tienen que ser realizadas bajo un enfoque que el Ministerio resume en tres ideas: gobernanza ambiental, justicia socioambiental y reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional. "Nunca más un páramo sin gente", dijo Vélez al firmar el acto.
Un proceso de siete fases y más de 3.300 voces
Según el Ministerio, la delimitación se construyó en 280 espacios de participación y diálogo, con aportes de más de 3.300 personas y de 164 organizaciones campesinas, periurbanas e indígenas, junto con 183 juntas de acción comunal. El procedimiento siguió las siete fases fijadas por la justicia: convocatoria, información, consulta e iniciativa, concertación, observaciones al proyecto de acto administrativo, expedición de la resolución e implementación de los acuerdos.
En esas fases de consulta, para que la resolución saliera completa, se tuvo que centrar en seis temáticas: la delimitación misma del ecosistema, los programas para reconvertir o sustituir las labores prohibidas, un sistema de fiscalización, los parámetros para proteger las fuentes hídricas, las instancias de coordinación y el modelo de financiación.
De acuerdo al comunicado, la fase más intensa fue la de consulta, entre mayo de 2024 y octubre de 2025. Allí se hicieron 72 reuniones virtuales y 56 presenciales, y se recibieron 3.190 aportes de la comunidad, en una etapa que cerró con una jornada de diálogo en Lejanías, Meta.
Voceros de la Coordinadora Regional Campesina del Sumapaz enmarcaron el resultado como el fruto de décadas de defensa del territorio, no como una concesión reciente. Y la ministra encargada agregó: “Este es un logro histórico no solo para el páramo Cruz Verde-Sumapaz, sino para todos los páramos del país”.
Una resolución que responde a un fallo
En 2017, bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos, el MinAmbiente ya había delimitado el complejo mediante la Resolución 1434, apoyado en la cartografía del Instituto Humboldt y en los estudios de las corporaciones ambientales. Pero lo hizo sin la participación que exigía la ley, y una acción de tutela terminó en el Juzgado 40 Administrativo de Bogotá. El 11 de septiembre de 2019, este juzgado amparó los derechos a la igualdad, el mínimo vital, la petición y la participación ambiental, y dejó sin efecto la resolución. Y ordenó rehacer la delimitación dentro de un procedimiento participativo, amplio y deliberativo.
La Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que había sentado el estándar de participación ambiental en el caso de Santurbán, fue la base para la decisión de ese entonces y de esta nueva resolución. La Corte dejó claro que participar no es escuchar una decisión ya tomada, sino incidir en ella. Para cumplir con esos requerimientos, el plazo inicial para la participación en este proyecto fue prorrogado varias veces hasta que este 5 de agosto se firmó finalmente.
Lea los comentarios
