Daniel Coronell
22 Enero 2022

Daniel Coronell

El fantasma de Tulapas

Con el fusil en una mano y el plan de negocios en la otra, la miseria de los más débiles se convirtió en la prosperidad de los criminales.

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130 familias campesinas fueron desplazadas de sus propiedades en el Urabá antioqueño. Los paramilitares los sacaron de su tierra a sangre y fuego para armar una finca de 4.500 hectáreas ubicada estratégicamente. Tulapas se extiende por tres municipios: Turbo, Necoclí y San Pedro. Va desde el golfo de Urabá hasta el departamento de Córdoba, puede recibir y despachar embarcaciones; y colinda con tierras que ya estaban bajo el control de Vicente y Carlos Castaño, cabecillas de las llamadas autodefensas.

El propósito principal de la operación de despojo masivo era crear un corredor para el tráfico de armas y drogas. También armar un enorme puesto de control de guerra sobre el área, al tiempo que explotaban los recursos maderables y los yacimientos mineros de la zona.

Asesinatos, desapariciones y amenazas fueron los métodos de persuasión para que los campesinos dejaran su tierra. Para que no volvieran quemaban sus casas: 

“Una acción que la hizo el fondo ganadero y la hice yo en muchas ocasiones porque yo tenía como que un ánimo de pirómano, me gustaba ver la candela sobre esas chozas donde vivían los campesinos”. La declaración es de Benito Osorio, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba para la época y exgobernador de ese departamento. 

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El fondo, una entidad mixta con 20 por ciento de participación del gobierno nacional, fue el instrumento para que los paramilitares pudieran controlar el territorio.

Cuando los dueños legítimos de la tierra llegaban a los pueblos como indigentes eran contactados por intermediarios de los paramilitares para que, a cambio de centavos, traspasaran las escrituras de los predios o el derecho de posesión cuando no había títulos. La operación contó con la complicidad de notarios y empleados de las oficinas de registro de instrumentos públicos.

La principal negociadora era Sor Teresa Gómez, cuñada y persona de confianza de los Castaño.  Sor Teresa no es una monja, se llama así. Ella despachaba en Funpazcor, una fundación creada por los paramilitares y que tenía sede en un céntrico lugar de Montería justo al frente del Comando de Policía Departamental. A los uniformados jamás les llamó la atención que de Funpazcor entraran y salieran hombres armados.

Sor Teresa compraba por monedas cada propiedad que después se escrituraba a un testaferro que la vendía al Fondo Ganadero de Córdoba. Con la escala documental pretendían ocultar el desplazamiento forzado.

Allí se juntaron el crimen y la codicia. El interés de guerra de los paramilitares con la sed de lucro de un financista. Este último se llama Luis Gallo, hombre sofisticado, de buena familia y con una maestría en administración de empresas de una de las mejores universidades de Estados Unidos.

Gallo diseñó el andamiaje financiero para ejecutar el proceso de expoliación. El respeto por la vida, la propiedad y los sueños de cientos de familias terminaron reducidos a un hoja de Excel. Con el fusil en una mano y el plan de negocios en la otra, la miseria de los más débiles se convirtió en la prosperidad de los criminales.

El usufructo de las tierras robadas fue cedido a empresas “reforestadoras”. Esas empresas no sembraron bosques nativos sino árboles de teca y caucho cuyas raíces acabaron con la tierra agrícola de la zona, pero son un buen negocio de largo plazo. Hay indicios de que esas “reforestadoras” estuvieron bajo el control de otro jefe paramilitar: Freddy Rendón Herera, alias el Alemán.

El Fondo Ganadero de Córdoba quedaba amparado bajo la figura del “poseedor de buena fe”.

Esta semana los periodistas Ricardo Calderón y Jaime Flórez, del Canal Caracol, revelaron las declaraciones de Benito Osorio ante la JEP. La mayor atención se concentró en la presunta participación de los paramilitares en la elección del fiscal Mario Iguarán, con la alegada mediación del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

Sin embargo, hay otra parte de ese testimonio que merece ser investigada y que aparece en la resolución de sometimiento de Osorio: “Agregó que este mismo presidente de FEDEGAN fue apoyado por alias “Jorge 40” y por otros reconocidos paramilitares de la zona. Además, que tenía pleno conocimiento de la estrategia del Fondo Ganadero de Córdoba con respecto a la compra de predios en la región de Tulapas”.

Testimonio

Lafaurie ha dicho, con toda razón, que la operación de despojo de Tulapas se inició años antes de que él llegara a la presidencia de Fedegán. No menciona que se extendió por mucho tiempo, prácticamente hasta nuestros días, y que cuando fue revelada por investigaciones periodísticas no hubo condena alguna por parte del gremio ganadero. 

Según Benito Osorio, cuando ya era prófugo de la justicia, siguió viéndose con José Félix y él le aconsejó cómo falsear documentos para ocultar el desplazamiento forzado de más de cien familias.

Años después cuando se lanzó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para que los despojados de todo el país, incluyendo los de Tulapas, pudieran recuperar sus propiedades, José Félix Lafaurie y su esposa María Fernanda Cabal fueron los mayores opositores estigmatizando a los reclamantes como guerrilleros.

En encendido discurso, secundado por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, el hombre fuerte de  Fedegán sostuvo: “Esto no es más que la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo colombiano y no se lo vamos a permitir”

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Mientras tanto, su esposa afirmaba en el Capitolio que la norma que buscaba justicia para los despojados: “desconoce la igualdad de derechos frente a la ley, que soslaya el principio de la buena fe como pilar del contrato social y que desaparece la presunción de inocencia como logro del derecho penal de las sociedades libres”. 

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Esa misma buena fe que invocó el Fondo Ganadero de Córdoba para quedarse con la tierra de los desplazados de Tulapas.

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