Hay una batalla que ha librado por años el periodista Juan Pablo Barrientos por destapar una de las operaciones de encubrimiento más grave de información de interés público en Colombia. Esta semana el medio de comunicación digital Vorágine dio a conocer otro capítulo de esa historia.
Barrientos cuenta que fue la película Spotlight la que despertó su interés en el tema. La galardonada pieza retrata la historia de la investigación periodística que reveló décadas de abuso y su decidido encubrimiento por parte de curas católicos en Boston, Estados Unidos. En la escena final, se mencionan otras ciudades del mundo en donde se escondían crímenes similares y un nombre le llamó la atención: Medellín.
Y cómo no iba a serlo si Medellín es una de las ciudades del planeta con mayor concentración de curas por habitante. Es apenas natural que un fenómeno sistemático, innegable y universalmente demostrado dejara también huellas en la capital paisa.
Así que desde 2017 Barrientos se dio a la tarea de destapar el archivo secreto de la Iglesia católica, en el cual descansa la información de múltiples denuncias realizadas contra párrocos por todas las formas posibles de violencia sexual. Son décadas de abusos, miles de agresores, de encubridores y de víctimas.
Esa información descansa bajo el abusivo secreto que guarda la Iglesia católica porque las denuncias por pederastia religiosa pocas veces llegan a la justicia ordinaria. El mismo fenómeno invita a que ello sea así: como las víctimas suelen ser niños pobres de familias disfuncionales o huérfanos, quedan desprotegidos ante semejante agresión. Y si alguien denuncia, lo hace usualmente ante la curia, en la que han confiado el cuidado de sus hijos. El problema es que allá las denuncias mueren, prescriben o son tramitadas en procesos reservados y cuestionables ante la justicia clerical.
Por eso el segundo crimen que se comete de manera sistemática en este horror normalizado es el encubrimiento de tantas historias de abuso. Es organizado y coordinado el esfuerzo de los jerarcas de la Iglesia −tanto los colombianos como en otras partes− por poner en práctica una operación gigantesca para silenciar el tema y perseguir a quien se atreva a ventilarlo.
Por eso a Barrientos le tocó presentar tutelas para proteger su derecho −pero ante todo el nuestro− a conocer esa información. En dos ocasiones la Corte Constitucional ha ordenado la liberación del archivo secreto. La última vez lo hizo el pasado 10 de agosto. Y la orden enfrentó a un célebre encubridor, el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, quien salió a acusar el ejercicio de transparencia como una persecución contra la Iglesia católica. A regañadientes, Tobón contestó el derecho de petición de manera mentirosa e inconsistente con otra información que compone la nutrida investigación del periodista.
Estos elementos, que incluyen la celebración de procesos judiciales, no les pertenecen a los curas acusados sino a la comunidad que debe alertarse sobre un fenómeno que ya hace parte del ADN de la Iglesia católica. Es tan sistemático que merecería un estudio amplio de por qué es en el seno de la actividad religiosa que se cometen tantos abusos. Tal vez porque como ninguna otra institución protege a los agresores. Y no sirve la excusa de que hay menores de edad involucrados y por eso no se comparte la información, porque esa reserva legal está ideada para proteger a las víctimas, no a los victimarios y perfectamente se puede revelar sin exponer a los menores.
Claro que no todos los curas ni feligreses habilitan esta violencia. Pero sí es hora de que las congregaciones de fe exijan a sus líderes transparencia para poder entender y sanar tantas décadas de abuso. En otros lugares, como en Francia, estos procesos han dado lugar a las reparaciones necesarias para que el público aplauda el ejercicio de contrición de la Iglesia católica. Reconocer y reparar a las víctimas es el único camino de cualquier comunidad religiosa realmente comprometida con el bienestar social.
Como el arzobispo de Medellín incumplió la orden de la Corte Constitucional, el periodista abrió un incidente de desacato. El párroco tenía hasta el viernes 14 de octubre y, según Barrientos, volvió a contestar de manera incompleta.
Que paguen los violadores y trasgresores de la fe y los encubridores que habilitan su violencia. Y que persistan los locos como Barrientos, a quienes debemos la tenue luz que por ahora brilla sobre esta historia.
