Al cumplirse los tres meses del nuevo gobierno todo indica que la luna de miel de Gustavo Petro con la opinión duró menos de lo previsto. La encuesta de Invamer del 22 de octubre señala una caída en favorabilidad de 10 puntos (de 56 % a 46 %), así como un sensible grado de pesimismo entre los colombianos: el 64 % considera que las cosas están empeorando.
No hay duda de que la economía es causa central del fenómeno y es infortunada para el presidente la circunstancia de que sus primeros noventa días coincidan con un dólar que superó la “barrera sicológica” de los cinco mil pesos. La coincidencia no es del todo gratuita, ya que su anuncio de suspender la exploración de hidrocarburos generó una incertidumbre financiera que alimentó la disparada del dólar.
Pero hay que ser justos: pesaron más factores externos, como el alza de intereses de la Reserva Federal, el impacto de la guerra en Ucrania en el precio de los combustibles y el sombrío pronóstico del FMI sobre la economía mundial. Panorama ante el cual ahora el Gobierno estaría reconsiderando la medida para no marchitar un sector minero-energético que provee más de la mitad de los ingresos del Estado.
Hay que ser un país muy rico para permitirse el lujo de renunciar al petróleo. No lo han hecho Estados Unidos ni Canadá; Alemania decidió reactivar sus plantas nucleares para asegurar energía durante el invierno (sin gas ruso) y, en el vecindario, Lula ha reiterado que Brasil continuará explorando y explotando todas sus riquezas mineras y petroleras. Él sabe que la anhelada meta de despetrolizar a un país no puede llevar a su empobrecimiento.
Si bien la crisis económica le resta capacidad de maniobra y su heterogénea coalición ya muestra grietas, el Gobierno obtuvo significativos logros en su primer semestre, como la aprobación de la reforma tributaria. Quedaron faltando el gravamen a las Iglesias y el impuesto a las pensiones de más de diez millones, mientras lo de las bebidas azucaradas mostró la capacidad de presión de los grandes capitales cañeros. Pero el Gobierno tiene motivos para sentirse satisfecho, a diferencia de gremios económicos que han advertido sobre impactos negativos en inversión y empleo.
La aprobación de la ley de “paz total” es otro hecho sobresaliente del trimestre y un triunfo político de Petro, a pesar de las puntuales críticas a este proyecto de quienes negociaron el acuerdo con Farc (De La Calle y Jaramillo). Es también un enorme desafío dadas las incógnitas que rodean el tratamiento a los grupos criminales de “alto impacto”, las disidencias narcotizadas de las Farc y la “Segunda Marquetalia” que traicionó el Acuerdo de La Habana. Amén del Eln, que espera algo diferente y dice que no piensa plegarse a lo firmado con las Farc. Complicación a la vista, cuando el fiscal Barbosa advierte que el Estado no le podrá conceder más de lo que se pactó en La Habana.
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La anunciada compra de las tres millones de hectáreas para campesinos pobres ha sido componente importante del arranque del cuatrienio. Es una gran esperanza cuya puesta en práctica tomará años y demandará un andamiaje institucional eficiente y probo (¿será posible?) para que la cantidad de aspectos técnicos, jurídicos y financieros de esta decisión no terminen en costoso enredo para el Estado. Acontecimiento más inmediato y aleccionador fue la entrega de la lujosa hacienda Támesis del difunto jefe paramilitar Vicente Castaño a cincuenta familias campesinas de Córdoba. Un paso genuino y concreto en el programa agrario de Petro hacia la solución de una de las causas estructurales del conflicto armado: el problema de la tierra.
En el campo internacional pienso que lo más destacable ha sido la reanudación de relaciones con nuestro principal vecino, rotas hace demasiados años a un costo grande para ambos países. La visita a Caracas le dio oxígeno político a Maduro, a quien el presidente colombiano instó a regresar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que —precisó Petro— “está basado en los preceptos de la democracia liberal.” Pero llama la atención que en su comunicado conjunto de once puntos no mencionan las palabras democracia ni derechos humanos. Al día siguiente del cara a cara Petro-Maduro, la Corte Penal Internacional —¿otra coincidencia infortunada?— reabrió investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen actual. Bombazo de noticia, pues esta decisión podría conducir a que el dictador venezolano sea juzgado en La Haya. Improbable, pero no imposible.
Mientras tanto en Colombia avanzan por todo lado los diálogos regionales vinculantes con los que Petro busca consolidar su base popular. Se entiende que quiera mantener la sintonía ciudadana de cara al inevitable desgaste político que le acarrea la situación económica. Son escenarios en los que este hombre inescrutable y enigmático se siente a gusto y hace gala de una inteligencia dialéctica. Haría bien en trasladar su facilidad de comunicación al resto del alto Gobierno donde no han faltado descoordinación ni mensajes confusos. Hay que ver si el remedio es el nuevo portavoz oficial del Gobierno.
PS: Tres hechos insólitos de la semana en este insólito país: en Antioquia se roban once toneladas de dinamita con las que se pueden armar más de doce mil bombas; en Barranquilla un teniente activo de la Policía asalta casas de cambio en sus horas extras; en el Cauca el cuerpo del temido guerrillero Mayimbú es desenterrado, trasladado a lujoso ataúd y sepultado en otro lugar en medio de discursos, nutrida asistencia y una guardia de honor uniformada con el nuevo camuflado del Ejército Nacional, que aún no han recibido todos los soldados. Las autoridades investigan...
