Ahora más que nunca necesitamos una prensa crítica e independiente, capaz de explicar la complejidad de la gravísima situación por la que estamos pasando; una prensa que no se quede con las versiones oficiales ni se rinda ante los falsos rumores.
Con esa frase se refería el expresidente mexicano José López Portillo al uso de la publicidad oficial como mecanismo de premio o castigo a la prensa de su país. Para el México de entonces, la prensa independiente o crítica era un elemento indeseable en el camino por mantener el eterno, corrupto y autoritario poder del gobierno.
Algo muy similar pensaba Hugo Chávez sobre la asignación de licencias para el uso del espectro venezolano. En el famoso caso RCTV (canal privado que funcionó entre1953 y 2007), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) relata la forma como el presidente mandaba, a través de sus alocuciones, órdenes directas a los medios de comunicación para que cambiaran su línea editorial a favor del Gobierno. Como esto no sucedió con RCTV, anunció públicamente que no le renovaría la licencia una vez que se venciera. Y así lo hizo. Un periodista le preguntó si acaso a los medios no los asistía el derecho a ser independientes y tener un cubrimiento crítico. Chávez respondió que por supuesto que sí, pero que entonces él tenía el mismo derecho a no renovar las licencias. López Portillo y Chávez entendían que los recursos y los bienes que el Estado administra podían orientarse a escarmentar a los medios de comunicación independientes. Semejante idea muestra al menos tres cosas: la más absoluta falta de comprensión sobre la naturaleza y el uso que debe darse a los recursos públicos; la total ausencia de entendimiento sobre la función de la prensa en un Estado democrático; y un genuino y peligroso gen autoritario.
El uso de los dineros del erario para premiar a la prensa complaciente y castigar a la prensa crítica está expresamente prohibido por el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la llamada censura indirecta. En distintos lugares de la región, incluyendo el sistema interamericano, las cortes han señalado que el uso de los bienes o recursos que administra el Estado debe estar dirigido exclusivamente a cumplir funciones públicas y no la mera voluntad autoritaria de sus gobernantes. En Argentina, por ejemplo, la justicia ha condenado a los gobiernos que decidieron suprimir la publicidad oficial pautada en medios independientes como desquite por un cubrimiento crítico. Ello no significa que todos los medios de comunicación tengan derecho a obtener publicidad estatal o a usar el espectro para emitir señales de radio o televisión. Lo que significa es que toda asignación o retiro de estos recursos debe hacerse con un criterio objetivo, transparente y democrático, y que no puede usarse como sanción encubierta por el ejercicio de un derecho fundamental como la libertad de prensa.
Ahora más que nunca necesitamos una prensa crítica e independiente, capaz de explicar la complejidad de la gravísima situación por la que estamos pasando; una prensa que no se quede con las versiones oficiales ni se rinda ante los falsos rumores; una prensa seria, profesional, que investigue, que verifique, que haga las preguntas incómodas y las propuestas arriesgadas.
Los que quieren comprar o castigar a la prensa independiente con recursos públicos no entienden que el periodismo crítico ayuda a formar mejores gobiernos y que los buenos gobiernos ganan legitimidad. La legitimidad, a su turno, es la vía para que la ciudadanía confíe en los procedimientos democráticos para la gestión de la vida pública y, especialmente, para resolver los conflictos. Los que quieren que el Estado premie o castigue a la prensa según si la línea editorial beneficia o no al gobierno son los mismos que han construido a su alrededor una burbuja y que ahora se sorprenden de que los medios les muestren el verdadero país en el que viven. Mal favor le hacen a la solución de la crisis que atravesamos aquellos que quieren silenciarla, reprimirla o tergiversarla. Acá lo que se necesita es el reconocimiento de la complejidad del conflicto social que atravesamos, para así poder resolverlo de una manera que contribuya a fortalecer y no a debilitar nuestra maltratada y frágil democracia. Y para eso es indispensable una prensa independiente.
