Los 11 de Jericó: la lucha de los campesinos que libran una batalla legal con la minera AngloGold Ashanti
El grupo de campesinos es conocido como Los 11 de Jericó, por su lucha de oposición y defensa del medioambiente.
Crédito: Foto Tomada de Redes Sociales al_stylederick y world_of_beto
Un juez de control de garantías negó la petición de detención domiciliaria hecha por la Fiscalía. Esta es la historia de la controversia.
Por: Rainiero Patiño M.
El proceso recién empezó, pero los campesinos de Jericó ganaron la primera batalla. El juez del caso rechazó la solicitud hecha por la Fiscalía que pedía detención domiciliaria contra los 11 miembros de la comunidad imputados en medio de su lucha por oponerse y protestar contra la operación de la minera AngloGold Ashanti en su pueblo.
La historia de su lucha y los argumentos de la compañía minera, sin embargo, han abierto un debate que refleja la situación que se vive en diferentes poblaciones del territorio nacional, por parte de comunidades que se oponen al desarrollo de proyectos mineros o industriales.
El grupo ya es conocido como Los 11 de Jericó y representa a una buena parte de los campesinos de este municipio del suroeste antioqueño que se oponen al proyecto minero de la multinacional. Entre sus lemas están: “Agua sí, mina no” y “No a la mina, sí a la vida”. De ahí que un buen grupo de habitantes del municipio se reuniera en los alrededores de los juzgados y en el parque principal para apoyar a los campesinos judicializados y para celebrar la decisión del juez de no enviarlos a prisión domiciliaria.
Debido a su oposición y participación en protestas, los campesinos enfrentan cargos de hurto calificado y secuestro simple, uno de ellos también es acusado de causar lesiones personales. Todos los hechos ocurrieron en medio de manifestaciones, movilizaciones y plantones organizados por los pobladores entre mayo de 2022 y diciembre de 2023.
Los imputados hacen parte de organizaciones campesinas, asociaciones sociales locales, juntas de acción comunal, veedurías de servicios públicos y organizaciones cafeteras. La edad del grupo oscila entre los 43 y los 85 años.
Pero, el verdadero núcleo del problema es que los campesinos representan a gran parte de los habitantes de Jericó que se oponen al proyecto minero Quebradona, cuya licencia fue extendida hasta diciembre de 2025.
Los nombres de los judicializados son: Porfirio Garcés (85 años), Gustavo Arboleda (62), José Luis Bermúdez (61), William Gaviria (61), Luis Albeiro Cardona (61), Argiro Tobón (60), José Gabriel Suárez (50), Mauricio Londoño (45), Rubiel Arango (45), Juan Carlos Salinas (45) y Rodolfo Tobón (44).
La Fiscalía señala a los 11 campesinos de participar en nueve hechos y jornadas de movilización entre 2022 y 2023, la mayoría de estas ocurridas en el corregimiento de Palocabildo, en Jericó.
Las acciones de los campesinos también incluyen denuncias y la resistencia a que la minera trasladara maquinaria a un predio rural alquilado en el sector de Quebradona.
Más de la historia
Según las denuncias, los campesinos agredieron de manera verbal y retuvieron o impidieron el paso de trabajadores de AngloGold, y desmontaron maquinaria de la compañía. Además, dice la Fiscalía, que intimidaron al personal de la minera con palos y machetes.
La posición de los campesinos y su defensa es que todos estos hechos ocurrieron en medio de las movilizaciones de la protesta social de los habitantes de Jericó, y que su lucha no se ha dado en igualdad de condiciones, si se tiene en cuenta el poder de la compañía minera.
Aunque el juez de control de garantías no acogió la petición de detención domiciliaria, sí impuso restricciones a los 11 campesinos. Entre las medidas preventivas a los implicados están que no podrán salir del país, deberán pagar una caución prendaria equivalente a medio salario mínimo legal vigente, deberán presentarse ante las autoridades judiciales cada vez que sean requeridos y mantener buenas relaciones con sus vecinos.
Como argumento contra la solicitud de la Fiscalía, el juez decidió que como ninguno de los campesinos tiene antecedentes penales, no representan un riesgo para la sociedad, razón por la cual no consideró necesario restringir su libertad de forma más severa.
El rechazo y la controversia
Hace aproximadamente 15 años comenzó a hablarse en la región sobre un ambicioso proyecto minero denominado Minera de Cobre Quebradona, liderado e impulsado por la multinacional minera AngloGold Ashanti, una de las compañías más grandes del mundo en la extracción de metales y piedras preciosas.
La Agencia Nacional Minera extendió hasta diciembre de 2025 la prórroga del proyecto en Jericó. La decisión generó polémica, porque el actual Gobierno nacional se había comprometido a erradicar la minería en esta zona de Antioquia, teniendo en cuenta que desde hace años la comunidad y distintas organizaciones de Jericó se han manifestado en contra de la explotación y en defensa de los recursos naturales, sobre todo de las fuentes de agua y de la vocación agrícola del pueblo.
El mismo presidente Gustavo Petro ha manifestado su intención de convertir la región en el Distrito Agroecológico del Suroeste y, ante la nueva prórroga, de declarar a Jericó Zona de Reserva Ambiental Temporal. Y otros líderes del sector, como Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, por ejemplo, dijo que harán “acompañamiento técnico y jurídico para el proceso que enfrentan estos líderes, porque ordenar el territorio poniendo en el centro al campesinado es también defender la vida”.
Las manifestaciones de oposición por parte de los locales empezaron desde los primeros anuncios del proyecto. Los habitantes que están en contra de la exploración señalan que la actividad minera representaría un riesgo significativo para el medioambiente en una región reconocida por su riqueza natural, vocación agrícola y abundancia de fuentes hídricas.
Las acciones de hecho llevadas a cabo por los pobladores han incluido bloqueos en los accesos a las instalaciones de la empresa y a predios privados donde se instalarían estaciones de exploración, una etapa previa a la explotación del yacimiento. Además, con manifestaciones constantes y plantones en diferentes lugares del municipio.
La disputa, sin embargo, parece que va para largo. Pero, con el respaldo de distintas ONG y algunas instituciones del mismo Estado, los campesinos dicen estar dispuestos a seguir dando la batalla. Incluso de distintas instituciones del Gobierno nacional celebraron la decisión del juez sobre los 11 campesinos.
