Cinco años del 21N: ¿Qué fue y por qué marcó la historia reciente del país?

Este 21 de noviembre se cumplen cinco años de una fecha que quedó grabada en la memoria colectiva de los colombianos: el estallido social del 21N. Lo que comenzó como un llamado a un paro nacional terminó por convertirse en un movimiento masivo que sacudió al país motivado por la desigualdad, el descontento social y las exigencias de cambios estructurales.

El paro de 2019 fue convocado inicialmente por sindicatos y organizaciones sociales para protestar contra el "paquetazo" económico del entonces presidente Iván Duque, que incluía propuestas de reformas laborales, pensionales y tributarias. Sin embargo, las razones detrás del estallido iban mucho más allá pues los manifestantes también salieron a las calles a movilizarse en contra de de la corrupción, la violencia contra líderes sociales, entre otras problemáticas. 

El contexto internacional de ese entonces también fue relevante. Movimientos similares en países como Chile, Ecuador y Bolivia habían despertado en América Latina una ola de inconformismo que fue llevado a las calles. Colombia no fue la excepción y el 21N fue el catalizador de años de tensiones acumuladas.

La inconformidad salió a manifestarse

Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla fueron el epicentro de marchas multitudinarias. En ellas participaron sindicatos, estudiantes, comunidades indígenas, ambientalistas, artistas y organizaciones civiles de todo tipo.

Según un análisis realizado por la Fundación de Ideas para la Paz (Fip), el estallido social del 21 de noviembre de 2019 (21N) no surgió de un solo llamado a paro nacional, sino que fue el resultado de un proceso acumulativo de movilización social. Este periodo de preparación, que abarca los casi cinco meses previos al 21N, estuvo marcado por protestas más pequeñas en diferentes partes del país y la convergencia gradual de diversos sectores sociales, cada uno con sus propias demandas.

La Fip destaca que, en esta fase, comenzaron a conectarse varias luchas y necesidades históricas, desde las demandas por el cumplimiento de acuerdos sobre educación pública hasta el rechazo a las posibles reformas laborales propuestas por el gobierno de Iván Duque. Estos factores se entrelazaron con el malestar acumulado por problemas estructurales, como la desigualdad y la falta de respuesta efectiva del Estado frente a las necesidades del pueblo.

Además, varias de las jornadas masivas que se desataron a partir del 21 de noviembre estuvieron marcadas por la indignación frente al manejo de la fuerza pública, en particular, el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). 

La situación escaló con casos de represión violenta, entre ellos, el que resultó en la muerte de Dilan Cruz el 25 de noviembre, un estudiante al que el Esmad disparó con un arma "no letal" y se convirtió en símbolo de las protestas y de la lucha contra la brutalidad policial. Este hecho alimentó aún más la indignación social y mantuvo la intensidad de las movilizaciones hasta el 4 de diciembre.

La narrativa oficial del gobierno de Iván Duque minimizó las demandas ciudadanas y, en cambio, las relacionó con "vandalismo" o intereses políticos extranjeros. 

La pandemia como detonante de nuevas movilizaciones y tensiones

En lugar de apaciguar las protestas sociales, la pandemia de covid-19 intensificó los problemas ya existentes y generó nuevos focos de inconformidad. De acuerdo al informe de la Fip, las medidas de confinamiento afectaron especialmente a los trabajadores de la salud, la población carcelaria y los sectores informales, quienes enfrentaron precariedad laboral y dificultades para acceder a bienes básicos, lo que agravó su vulnerabilidad. 

Durante los primeros meses de confinamiento, aunque las movilizaciones fueron fragmentadas, evidenciaron los efectos de una crisis económica y social más profunda. El Gobierno respondió con programas como el Ingreso Solidario y el PAEF para aliviar el impacto económico, pero estas iniciativas no fueron suficientes para abordar las causas estructurales del descontento.

Asimismo, el asesinato de Javier Ordóñez en septiembre de 2020 encendió una nueva ola de protestas en Bogotá, motivada por la violencia policial. Ordóñez, de 46 años, fue detenido por la Policía, y fue brutalmente agredido por dos policías. Las imágenes de los agentes golpeando a Ordóñez con un taser, mientras él gritaba por su vida, fueron captadas por testigos y rápidamente se viralizaron en redes sociales. 

Esta etapa de las protestas estuvo marcada por ataques a los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía. 

En lugar de establecer espacios de diálogo amplios, como los promovidos con el Comité Nacional del Paro (CNP), el Gobierno dejó la gestión de estas protestas en manos de las autoridades locales. En muchas ocasiones, estas recurrieron al uso de la fuerza pública, perpetuando un ciclo de represión y descontento que alimentó aún más la frustración social.