
Cartageneros habrían pagado durante 20 años multimillonaria consultoría fantasma en factura del acueducto
Crédito: Acuacar
La Superintendencia de Servicios Públicos lleva investigando el caso desde 2018. Aguas de Cartagena se defiende y dice que el cobro en la factura de los ciudadanos fue legal, según la regulación vigente.
Por: Pía Wohlgemuth N.

Cartagena es una ciudad de contrastes. Una de las ciudades más turísticas de Colombia, y quizás una de las más costosas para vivir, contrasta con la 'otra' Cartagena, en la que cientos de miles de habitantes muchas veces se ven obligados a contar monedas para sobrevivir. En la ciudad, cientos de miles de habitantes, sin saber, podrían haber pasado más de 20 años pagando de su bolsillo una consultoría poco clara con una empresa española, involucrada en el escándalo de la Triple A barranquillera: Aguas de Barcelona (Agbar).
El 21 de junio de 1995, Agbar se convirtió en socio operador de Aguas de Cartagena (Acuacar), la empresa del acueducto de La Fantástica. Parte del negocio consistió en incluir una “asistencia técnica”, como parte del costo de gerenciamiento de la española en el acueducto. Así consta en el contrato conocido por este medio, que se firmó en ese mismo año.
Esto quiere decir que los habitantes de la ciudad habrían pagado por años un porcentaje variable de su factura directamente para tal asistencia, basada en conocer las “mejores prácticas y experiencias” de Agbar.
(Fuente: Contrato de asistencia técnica entre la Sociedad general de Aguas de Barcelona y Aguas de Cartagena S.A. ESP)
La suma que salió de la ciudadanía entre 1998 y 2018 por el cobro de asistencia técnica para la empresa española rondaría los 133.700 millones de pesos, según una carta enviada desde la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) al entonces fiscal general, Fabio Espitia, en el año 2019. Análisis posteriores conocidos por este medio muestran que el monto oscila los 105.300 millones de pesos, por cobros a los usuarios entre 2002 y 2020.
El cobro de este tipo de servicio a los usuarios llamó la atención de las autoridades. Sobre todo, cuando vieron a Agbar involucrada, compañía que se hizo famosa en Colombia por el escándalo de la Triple A.
Desde 2018, se inició una investigación al respecto en la Superservicios, que también le avisó a la Fiscalía del asunto desde 2019. Sin embargo, todo indica que allí no se abrió ningún expediente por el asunto, pues cuando CAMBIO consultó al respecto, en el ente acusador no encontraron registros del documento radicado por la Superintendencia.
El contrato de consultoría
El contrato, se supone, es de “asistencia técnica” (o “coeficiente industrial”) de Agbar con Acuacar. La promesa de lo firmado entre las partes fue compartir el know how de los españoles con la empresa cartagenera, con un porcentaje inicial de comisión del 3,44 variable por ciento anual sobre el recaudo. El ente de control investiga la posible irregularidad detrás de esto.
En un principio, sin embargo, se estableció que el cobro por aquel "coeficiente industrial" se calcularía sobre el recaudo con una fórmula planteada en un anexo del contrato. "Este coeficiente presentaría un incremento progresivo, variando entre el 2.85 por ciento en el año 1 y el 4.85 por ciento en el año 5, y desde ahí el porcentaje se mantenía constante hasta la finalización de la ejecución del contrato", dice el informe de evaluación integral publicado por la Superservicios en 2018.
El documento explica que en 9 de enero de 2009 se estableció una modificación al coeficiente industrial "que era en ese año del 4.85 por ciento, disminuyéndolo al 3.44 por ciento fijo como coeficiente industrial anual para aplicar durante el remanente de ejecución del contrato".
“En conversación con el gerente corporativo en la visita del mes de junio de 2018 informó que Aguas de Barcelona (Suez) les comparte sus mejores prácticas y experiencias en la gestión de las áreas financiera, técnica y comercial, para que sean aplicadas en Aguas de Cartagena SA ESP, adicionalmente informó que no se tiene registro de actas o informes de ejecución por la Asistencia Técnica”, dice el informe de la Superservicios publicado en 2018.
El problema es que el cobro establecido se habría hecho sin que fuera necesaria alguna prueba del funcionamiento o la importancia de dicha “asistencia técnica” para la cartagenera. Es decir, como si un constructor recibiera pagos fijos periódicamente sin mostrar resultados en el avance de sus obras.
Según la Superservicios, Acuacar no pidió ninguna clase de soporte de actividades ejecutadas, productos entregados, informes de gestión, registros de cumplimiento de la gestión de Agbar, que expliquen el beneficio de esta consultoría. “Las características de esta operación advierten un presunto traslado de costos ineficientes a los usuarios, que podría llegar a vulnerar sus derechos”, apunta la Superservicios en su comunicación al fiscal Espitia en 2019.
(Fuente: documento de Superservicios enviado al fiscal Fabio Espitia en 2019)
Ahora bien, CAMBIO supo por fuentes de la Superservicios que no hay trazabilidad clara de cómo se llevó a cabo la consultoría, pues supuestamente habría sido por internet -Skype, correos electrónicos, WhatsApp, etcétera-, y sus resultados no son evidentes.
¿Por qué sería irregular?
El costo del tal coeficiente industrial o asistencia técnica se habría cobrado dentro de la tarifa que deben pagar los usuarios. Entre 2002 y 2005, el cobro total rondaría los 11.300 millones de pesos; entre 2006 y 2016, los 54.600 millones y de 2016 a 2020, 39.300 millones, según datos de la empresa.
Acuacar habría cometido, presuntamente, una infracción, según lo que ha encontrado la Superservicios. Dicho gasto de consultoría, según consideraría esa entidad, debió salir de los gastos operacionales de la empresa, no del bolsillo de los usuarios porque no se relaciona con la prestación del servicio.
Es decir, el acueducto de Cartagena habría incurrido en una aplicación indebida de la metodología tarifaria para el servicio de acueducto, que les pudo costar miles de millones de pesos a los cartageneros durante al menos dos décadas.
Por todo esto, fuentes de la Superservicios aseguran que allí avanza a paso rápido la investigación sobre el asunto, pese a que en la misma entidad habría funcionarios interesados en defender a Acuacar. Los resultados de la indagación del ente de control, que le informó a la Fiscalía de presuntas irregularidades desde años atrás, siguen pendientes.
(Fuente: Oficio enviado por la Superservicios a la Fiscalía en 2020)
¿Qué responde Acuacar?
CAMBIO le preguntó a Aguas de Cartagena por el contrato de consultoría específicamente. La empresa respondió que, en los términos de la licitación a través de la cual Aguas de Barcelona se convirtió en su socio operador, se estableció el porcentaje de plata que le daría a la española.
Según Acuacar, esto corresponde a un porcentaje de "los recursos recaudados por concepto de los servicios de acueducto y alcantarillado facturados a los usuarios, por concepto de la transferencia de conocimiento y de su capacidad industrial, lo cual es una práctica usual para este tipo de contratos en los que gerencia un socio especializado".
Por otro lado, explicó que en enero de 2023 recibió la notificación diciendo que la Superservicios estaba investigando la inclusión del concepto de "gerenciamiento o asistencia técnica dentro de la tarifa cobrada a los usuarios". Según la empresa, este cobro está permitido "a la luz de la regulación".
"Lo único que conocemos es una información emitida por un noticiero televisivo nacional, hace unos tres meses, en la que el director de Investigaciones de la Superservicios se refería a una multa por el 'cobro indebido de 120.000 millones' en la tarifa a los usuarios de Cartagena, afirmación o información que no tiene sustento jurídico y que ni siquiera tiene acto administrativo emitido por la Superintendencia a esta fecha, por lo cual los asesores jurídicos de la compañía procedieron a recusar al funcionario", añadió.
