El paro minero en el Bajo Cauca antioqueño: ¿Dónde ubicar la línea roja?

Ya se cumplen más de quince días desde que se inició el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Quince días de tensión y desacuerdos. De un lado, los mineros exigen garantías para poder trabajar; del otro, el Gobierno insiste en combatir a toda costa la minería ilegal, que arrasa con los bosques y con el agua y que, además, es financiada por el Clan del Golfo, aprovechándose de la vulnerabilidad de los mineros artesanales, que son, como suele ocurrir, los que más se han visto afectados.

Entre toques de queda, maquinarias explotadas, cierres viales, ambulancias incineradas, un niño de 12 años muerto por los bloqueos, atentados contra la fuerza pública —entre ellos, el intento de quemar vivos a dos soldados en Cáceres, Antioquia—, lo único que ha quedado en evidencia es la dificultad para delimitar la línea roja que divida las acciones de la fuerza pública contra el Clan del Golfo y la necesidad de atender los reclamos de los mineros de la zona, para quienes la minería es el único medio de supervivencia.

Una vez más, los habitantes del Bajo Cauca andan cercados entre dos flancos: la presión de la fuerza pública y la del Clan del Golfo. El resultado es un costo altísimo. Hasta la fecha, la parálisis en la región ha mantenido recluidos a los habitantes de 16 municipios. Aunque en las últimas horas se ha vuelto a permitir la apertura de locales y el desplazamiento de gente, las pérdidas económicas son enormes. Y lo que es peor: los habitantes temen que el paro haya servido, una vez más, para demostrar el poderío que tiene el Clan del Golfo.