Las tres alertas que ponen en cuidados intensivos a las elecciones de 2026

En la mañana de este martes, la Procuraduría abrió una investigación contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por presunta participación en política. La medida, motivada por sus señalamientos contra las campañas de Abelardo de la Espriella y del expresidente Álvaro Uribe, ejemplifica las tormentas que amenazan el ambiente electoral del país.

A solo cinco meses de la jornada en la que se elegirá un nuevo Congreso y a ocho de la primera vuelta presidencial, hay tres inquietantes alertas que generan preocupación y que, si bien tienen orígenes distintos, hoy se han mezclado creando una tormenta perfecta: el riesgo de que el Gobierno incline la decisión de los ciudadanos con su poder y el acoso que estos reciben de los grupos armados ilegales.

Vamos por partes. Este lunes, el procurador general, Gregorio Eljach, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a los funcionarios del Gobierno nacional para que cumplan la ley y no intervengan en las elecciones.

Se trata de una discusión tan antigua como estéril, porque se presenta solo en vísperas electorales y cuando ya no hay tiempo de legislar para evitar el uso partidista de recursos públicos en favor del candidato respaldado por el primer mandatario.

A través de un video, el jefe del Ministerio Público pidió que no se repita “esa historia dolorosa”. “Hago un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, para que, en cada rincón del territorio colombiano, acatemos la ley y la Constitución”, expresó Eljach.

“El presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa y su pensamiento político, siempre y cuando lo hagan en el marco de la ley y la Constitución”, explicó.

El procurador da el primer paso

Y si no es así, le tocará actuar, y eso fue lo que hizo. En consecuencia, el Ministerio Público abrió el proceso al considerar que Montealegre se salió de este marco al insultar a uno de los aspirantes presidenciales, Abelardo de la Espriella.

“Él es muy bueno para vender ron, excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual ni ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia”, dijo Montealegre en una entrevista con la revista Semana.

Montealegre también había dirigido críticas a Uribe, quien posiblemente estará en el puesto 25 de la lista al Senado por el Centro Democrático.

La decisión de Eljach constituye una advertencia al presidente Petro y a sus ministros, quienes participan abiertamente en la campaña defendiendo a los aspirantes del Pacto Histórico y atacando a los rivales de la oposición.

Aunque se trata de un hecho que en cualquier otro país podría considerarse normal —porque los mandatarios, al fin y al cabo, hacen política y buscan que su proyecto continúe en el poder—, en Colombia es inconstitucional. 

Se trata de una prohibición un tanto extraña para los observadores extranjeros, pero comprensible para los colombianos, dados los antecedentes de violencia en la historia del país, en la que desde los gobiernos se ha perseguido a los opositores. Por eso aquí se exige que los mandatarios actúen como árbitros.

Si el árbitro inclina la cancha a favor de su equipo, el juego deja de ser justo. Eso es lo que pide Eljach. La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, creada cuando se permitió la reelección presidencial, estableció límites para evitar que el Estado se pusiera al servicio del candidato respaldado por el presidente.

Petro no es el primero

Hecha la ley, hecha la trampa, dicen por ahí. Y, en efecto, en la práctica, cada uno de los mandatarios, en mayor o menor grado, se ha pasado por alto esta norma.

Por ejemplo, Petro dijo en un reciente discurso en Ibagué (Tolima): “Merecemos gobernar más. A mí no me dejan”, afirmó. Luego añadió: “Pónganme a Paloma, a Vicky, a Pinzón, al señor de la Espriella y les gano; pónganme a los tibios y les gano a todos juntos”. 

Y agregó: “Se trata de ganar. No me dejan porque les da mieditis. Pero entonces reelijamos el proyecto”. Y para que no quedaran dudas, Petro agitó de nuevo el fantasma de la Constituyente: “Toca ganar Congreso y Presidencia, pero lo que yo estoy proponiendo además es que nos pongamos en modo constituyente. Que en cada municipio comiencen los comités de recolección”, pidió el mandatario.

Hace unos meses, Armando Benedetti, ministro del Interior y titular de una de las carteras clave para garantizar reglas claras y justas para todos los aspirantes, había declarado: “Esto se va a definir entre petristas y antipetristas. Si logramos hacer un frente amplio para marzo, en las próximas elecciones, donde vayan el Partido de La U, el Pacto Histórico, el partido Liberal, los independientes y la Alianza Verde de Carlos Amaya, entre otros, y de ahí surge un candidato, muy seguramente se puede ganar frente al aspirante de la derecha, que puede ser Claudia López, Sergio Fajardo o Vicky Dávila”.

Pero lo cierto es que Petro y los integrantes de su gabinete están actuando de manera muy similar a sus antecesores. Cuando Álvaro Uribe Vélez quiso que los colombianos votaran por Juan Manuel Santos, su exministro de Defensa, quien hacía campaña como sucesor de la ‘seguridad democrática’, el entonces presidente no tuvo problema en insultar a su rival Antanas Mockus, a quien llamó “caballo discapacitado”. Mockus, días antes, había confesado a los medios que padecía principios de Parkinson.

Y el presidente Iván Duque insistía en un discurso desde Palacio donde advertía sobre los “autócratas de la tres p”, en alusión a un candidato que representaba el “populismo, la posverdad y la polarización”, que no era otro que Gustavo Petro, quien había iniciado su campaña con una tarima en Barranquilla en forma de letra P.

Vendrán más medidas

Por eso, el llamado de Eljach apunta a que Petro y sus ministros se controlen. De no hacerlo, habrá medidas disciplinarias como la que se acaba de iniciar contra Montealegre.

En otro frente, que se sufre más en la Colombia profunda, está el acoso por parte de los grupos armados ilegales contra aspirantes, partidos políticos y electores.

El asunto es grave para el Gobierno nacional y aún más para la Defensoría del Pueblo. En primer lugar, el Gobierno informó este lunes que son 104 los municipios que presentan riesgo electoral. “Nuestra preocupación está principalmente en las zonas donde hay problemas de orden público, es decir, donde hay producción y cultivo de coca”, explicó Benedetti, al presentar el mapa del riesgo electoral en un encuentro con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar.

En esta línea, el ministro detalló los puntos geográficos donde operan grupos armados ilegales que se disputan el control del narcotráfico: “Me refiero específicamente al Catatumbo, en Norte de Santander; López de Micay y El Plateado, en Cauca; en Nariño, en Chocó y en el sur del Valle del Cauca. Son 104 municipios en todo el país”, señaló el jefe de la cartera política.

Para el ministro de Defensa, “las conclusiones que tenemos es que en 104 municipios debemos priorizar la atención: allí convergen la violencia y la preocupación por las elecciones. Nos ocupamos de brindar seguridad”.

Benedetti quiso adelantarse al informe de la Defensoría del Pueblo divulgado este martes: “Estoy preocupado por el informe que debe presentar la Defensora del Pueblo. No hay mejor informe que el elaborado por la Fuerza Pública”, afirmó.

Diferencias de cifras

En el documento que dirige Iris Marín, la Defensoría del Pueblo advierte que el asunto es mucho más grave. Por ello, emitió la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, un informe que identifica posibles vulneraciones a los derechos y libertades civiles y políticas, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario antes, durante y después de los comicios.

El informe amplía el radio de acción de manera dramática: señala 62 municipios con llamado a atención inmediata, 162 con atención urgente y 425 con acción prioritaria. Como en Colombia hay 1.103 municipios, el problema, según este diagnóstico, afecta a casi la mitad del país.

Para la elaboración del mapa de riesgo, la Defensoría tuvo en cuenta 14 variables, entre ellas la amenaza —que agrupa las acciones armadas contra la población civil, confinamientos y desplazamientos— y los factores de capacidad y vulnerabilidad institucional, que miden la fortaleza del Estado para enfrentar estos peligros.

El propósito de esta alerta —dice la Defensoría— es orientar análisis y formular recomendaciones concretas a las entidades competentes con el fin de fortalecer las acciones que permitan mitigar o superar las situaciones de riesgo y garantizar el desarrollo de unas elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional.

“Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, afirmó la defensora del Pueblo.

Las soluciones

¿Qué hacer en este caso? Iris Marín Ortiz mencionó en un detallado documento una serie de 20 recomendaciones y entidades responsables. El documento las agrupa en seis ejes temáticos que apuntan a una acción coordinada y efectiva del Estado: 

•    Ministerio del Interior: fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales.

•    Ministerio de Defensa y Fuerza Pública: garantizar la seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo.

•    Unidad Nacional de Protección (UNP): implementar planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.

•    Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral: asegurar la logística, transparencia y garantías en el proceso electoral.

•    Procuraduría, personerías y demás órganos de control: vigilar el cumplimiento de las garantías y la protección de derechos.

Y detalla, además, las poblaciones en especial condición de riesgo. De ahí que la alerta destaca la necesidad de medidas diferenciales para proteger a:

•    Precandidaturas, candidaturas, sus equipos de campaña y familias.

•    Servidores públicos en cargos de elección popular y en labores electorales.

•    Defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz.

La Defensoría del Pueblo reitera que la Alerta Temprana Electoral no tiene un carácter político ni partidista, sino un enfoque preventivo y democrático. Su objetivo es contribuir a la protección de la ciudadanía y a la preservación de la tradición democrática del país, en la que históricamente se han celebrado comicios incluso en escenarios de adversidad.

En conclusión, el horizonte en vísperas de las elecciones se presenta cargado de nubarrones que presagian graves tormentas.