¿Qué pasa con Nueva EPS? La entidad advierte que un embargo duplicado podría afectar la atención de sus usuarios

Una reciente decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, Caquetá, ordenó ampliar el embargo sobre los recursos de Nueva EPS hasta una cifra cercana a los 887.000 millones de pesos, el doble de lo que se había pactado hace una semana cuando quedó en 422.466 millones.

Se trata de una medida judicial que, de acuerdo con la propia EPS, involucra fondos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el dinero que el Estado gira mensualmente a las entidades del sistema para cubrir los servicios de salud de los afiliados.

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Nueva EPS asegura que esos recursos son inembargables

El embargo judicial es una herramienta legal mediante la cual un juez ordena retener temporalmente los recursos de una entidad mientras se resuelve una demanda o una obligación económica. En este caso, la medida impide que Nueva EPS disponga libremente del dinero embargado hasta que se defina el litigio.

La empresa sostiene que esos recursos son públicos y de destinación específica, es decir, que solo pueden usarse para financiar la atención médica. Por ese motivo, Nueva EPS argumenta que no pueden ser embargados, tal como lo establecen el artículo 48 de la Constitución y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001.

Los afectados serían los usuarios, especialmente los del régimen subsidiado

La entidad advierte que, si aplican la decisión judicial, esto puede afectar el pago oportuno a hospitales y clínicas y, en consecuencia, la prestación de servicios a sus afiliados, especialmente a los del régimen subsidiado.

De acuerdo con los documentos emitidos por la EPS, el despacho judicial que tomó la decisión concentra casi la mitad de las demandas ejecutivas en curso contra la entidad. En esos procesos figuran varias instituciones prestadoras de salud que reclaman pagos pendientes, entre ellas Clínica Médicos del Cesar, Fundación Cardio Infantil, Clínica Uros y Clínica San Juan Bautista, entre otras.

Por su parte, la agente especial interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, informó que se notificó al Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres, con el fin de solicitar acciones que eviten un impacto mayor sobre el sistema. “Estos embargos no solo desconocen la naturaleza jurídica de los recursos, sino que afectan la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”, dijo.

Por ahora, la entidad asegura que agotará todas las vías judiciales posibles para revertir o limitar los embargos y pide que las autoridades evalúen las implicaciones legales y sociales de este tipo de decisiones. Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso en el juzgado de Florencia, y las autoridades del sector deberán definir si los recursos afectados pueden considerarse o no embargables dentro del marco de la ley.