“La reforma agraria no es solo tierra, es reorganizar al campesinado”, Felipe Harman

CAMBIO: ¿Cómo llegó usted a la Agencia? ¿cómo fue ese paso en su carrera en la vida pública?

Felipe Harman: Eso es curioso porque mi trayectoria arranca en el movimiento estudiantil en Villavicencio, en los Llanos, con un colectivo que se llamaba Siervo sin tierra, muy inspirado en Eduardo Caballero Calderón y demás. Después de dirigente estudiantil y concejal de Villavicencio, fui el primer alcalde de izquierda de mi ciudad, en una coalición amplia que recogió distintos sectores sociales, no solamente alternativos. Y, posterior a terminar mi mandato como alcalde de Villavicencio, me llama el presidente y tiene la confianza de decir que lidere la Agencia Nacional de Tierras.

CAMBIO: ¿Cómo fue esa conversación con el presidente? ¿Qué le dijo él sobre el tema de tierras y cuál era la expectativa que tenía con esa tarea y particularmente con usted al frente?

F.H.: La Agencia Nacional de Tierras tiene la tarea sustancial de la reforma agraria, pero la reforma agraria no es la distribución de tierras. Así que no la entiendo necesariamente: es un gran movimiento social de recomposición del campesinado que va avanzando de forma sustancial en reorganizar, puede ser, cómo realinear su programa agrario. Eso es fundamental: sin gente esto no es sostenible. Sin organización de la gente, incluso para la producción, esto no es sostenible.

Entonces, también una misión muy desde el punto de vista organizativo, pero también técnico. Yo venía de tener una trayectoria como consultor en materia de tierras, aparte de la carrera política que había desarrollado en los años que tuve en los Llanos como candidato al concejo, concejal y alcalde.

CAMBIO: Ese tema organizacional al que usted hace referencia, ¿exactamente en qué consiste y cuáles son los esfuerzos que se hacen para fortalecer esa parte del trabajo con la ciudadanía?

F.H.: para nadie es un secreto que después de los 90 hubo una contrarreforma agraria en el país. Entonces, estamos hablando de que no solamente nunca se hizo la reforma agraria de hace 100 años, desde López en 1936, sino que en los 90 el ciclo de violencia paramilitar hizo una contrarreforma agraria, concentrando la tierra en regiones como el Caribe, Montes de María, Córdoba, Magdalena y el Magdalena Medio.

Estamos frente a un campesinado que se está reencontrando, envejecido, que tiene el reto de organizarse, de dejar el miedo, de reorganizarse en función de sus intereses y la producción. Ese es el proceso que hemos venido llevando desde la Agencia Nacional de Tierras.

Uno de los logros de la agencia no es solo la entrega efectiva de tierras, sino organizar el campesinado en al menos 570 comités municipales de reforma agraria. Eso significa que en 570 municipios de Colombia todas las organizaciones campesinas están unidas en un comité que se agrupa y se organiza, impulsando la reforma agraria con distintas tareas.

CAMBIO: Esa agrupación de la gente ya nos la explicó usted, doctor Felipe. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los riesgos?

F.H.: Riesgos hay, especialmente que un nuevo ciclo de violencia vuelva a desatar el despojo en las zonas rurales. Es un riesgo latente, más cuando hemos tomado la decisión política de recuperar bienes de la mafia y de actores armados.

Sin embargo, la posibilidad de fortalecer el movimiento campesino es muy valiosa. Ni siquiera la palabra “campesino” estaba en la Constitución del 91. Uno de los primeros logros del gobierno fue darle ámbito de protección de sujeto constitucional al campesinado. Eso permite que avance y pueda incidir en la realidad social y política. Es una deuda histórica, además porque las víctimas de la violencia en gran medida se concentraron en la ruralidad.

CAMBIO: Cuando usted llegó a la Agencia, ¿qué encontró? ¿Qué le impactó cuando se sentó en su escritorio y empezó a mirar la tarea que tenía encomendada por el presidente?

F.H.: Me encontré muchas dificultades: una ejecución del 5%, parte del orden administrativo muy débil. La escuela de la alcaldía me sirvió mucho para afrontar el reto desde lo administrativo, político y técnico.

Rápidamente estructuramos un plan de compras masivas de los bienes del Frisco. A los tres meses ya íbamos en una ejecución del 45%. La SAE y el fondo de reparación compraban finca a finca, y nosotros cambiamos el modelo: hicimos convenios marco para comprar paquetes inmobiliarios de 20, 30 o 50 predios.

Eso disparó la ejecución y nos permitió llegar al 60% a los seis meses. Además, avanzamos en organizar las comunidades campesinas, articularlas con los sectores étnicos y las grandes plataformas. Ha requerido mucho esfuerzo político para resolver tensiones preexistentes en los territorios.

CAMBIO: ¿Cómo se seleccionaron esas tierras cuando usted llegó?

F.H.: Esa fue una de las controversias que tuvimos. Antes de mi llegada, las operaciones de compra se concentraron en los Llanos. Pero el presidente orientó concentrarse en donde la tierra es altamente productiva y concentrada: el Caribe y el Magdalena Medio.

En los Llanos algunas tierras compradas no tenían la capacidad agronómica para hacer reforma agraria. No es que sean infértiles, pero requieren una inversión inicial muy alta. En cambio, en el Caribe la tierra es más productiva. Por eso hicimos un viraje: dejamos de comprar en los Llanos y nos concentramos en el Caribe y el Magdalena Medio.

También hay tierras provenientes de la SAE y el Fondo de Reparación, donde no elegimos ubicación porque dependen de los bienes incautados.

CAMBIO: Usted mencionaba que muchas de esas tierras fueron posesión de grupos armados. Eso genera un desafío en temas de seguridad. ¿Qué tan grande es ese desafío y cómo lo han enfrentado?

F.H.: Es uno de los grandes desafíos. Hemos adquirido unas 80.000 hectáreas de la SAE y 55.000 del Fondo de Reparación, y no he encontrado una sola finca bien habida. Hay enormes dificultades en administrar bienes fiscales: presencia de políticos, actores armados, ocupantes indebidos.

Creamos un comité de aprehensiones con la Policía Nacional. Vamos a las fincas, desalojamos ocupantes, hemos encontrado de todo, incluso caletas. Luego activamos un sistema de alerta y derechos humanos para acompañar a los campesinos que se quedan en ellas, con apoyo de la Defensoría y otras entidades.

CAMBIO: Esa parte de alertas y articulación con otras entidades del Estado, particularmente con la Defensoría y la Fuerza Pública, ¿cómo funciona?

F.H.: Inmediatamente hay un caso o ruido, hacemos una mesa interinstitucional y activamos protocolos. Hoy sabemos quiénes eran los ocupantes indebidos, a quién hay que denunciar o llamar desde la Fiscalía.

Por ejemplo, en la finca Las Américas, en Chagua, que fue de la justicia y paz de La Guitarra Barbie, encontramos que el tipo todavía mandaba sobre la finca. Tiene 2.000 hectáreas y una historia brutal. Ese caso muestra la tradición de ilegalidad en la estructura de la propiedad rural en Colombia que estamos develando.

CAMBIO: Doctor Felipe, hábleme del tema de los baldíos. ¿Cuál es el tamaño de la problemática y cómo interactúan ustedes con ese fenómeno?

F.H.: Creo que es el reto sustancial en la seguridad jurídica de la tierra. Durante décadas se acaparó tierra en Colombia sin debida tradición. Hemos encontrado una enorme cantidad de baldíos y de irregularidades en su acumulación.

Un ejemplo: las ciénagas y playones del Caribe, ecosistemas productivos que en verano se cultivan y en invierno se convierten en cuerpos de agua. El INCORA en 1988 declaró 44.000 hectáreas de baldíos en Ciénaga Grande, Córdoba, pero el mapa se perdió. Nuestros equipos lo reconstruyeron y encontramos políticos, actores del Clan del Golfo, y personas con búfalos que disecaron zonas completas.

Ese es solo un capítulo del acaparamiento indebido de baldíos: estructuras ilegales que se aprovecharon del desorden institucional.

CAMBIO: Todo lo que usted cuenta implica un gran desafío desde el punto de vista legal. En ese sentido, ¿cómo encaja la jurisdicción agraria con esta política y por qué es importante?

F.H.: El proceso de paz planteó metas positivas: 3 millones de hectáreas entregadas y 7 millones formalizadas. Pero el decreto 902 de FastTrack fue un retroceso en los derechos campesinos: desarticuló la Ley 160 de 1994, que daba a la Agencia la autoridad administrativa sobre los procesos agrarios.

Se propuso crear una jurisdicción agraria judicial, pero nunca se creó, y no creo que se cree pronto. El Congreso ha dilatado el debate, y más del 30% de los congresistas tienen intereses en baldíos. Hay 26 impedimentos radicados.

El Congreso actual está profundamente vinculado al latifundio y evita hablar del tema. La jurisdicción agraria, tal como está planteada, amenaza ciertos intereses.

Creemos que debe garantizar la protección del campesino como parte más débil. Si no, la jurisdicción fracasará como la restitución de tierras. Esperamos que el Congreso la apruebe, pero, si no, el movimiento campesino deberá buscar otras herramientas jurídicas para hacer realidad la reforma agraria.

CAMBIO: ¿Cuáles son esas herramientas? 

F.H.: No es necesario, incluso hoy, comprar tierra. Yo creo que si tuviéramos como agencia las herramientas técnicas y, particularmente, jurídicas, a punta de baldíos podríamos organizar esta situación. También se ha limitado el presupuesto de compra: cuando recibí la Agencia tenía un presupuesto de cinco millones de pesos; este otro año terminará con 1,2 millones.

Con muchas dificultades, este gobierno quiere llegar al millón de hectáreas, que era la tarea de cada gobierno. Acuérdate de que el proceso de base contemplaba tres gobiernos, tres millones de hectáreas, por lo menos un millón por administración. Lo que queremos es llegar a ese punto. Pero sin las herramientas jurídicas, técnicas y legales, no vamos a poder hacer una reforma agraria en este país.

Hoy hemos sentado las bases. Hay un movimiento campesino que se vuelve a articular, que se asoma. Ya hay una entrega efectiva de 700.000 hectáreas y la incorporación de 300.000 al Fondo de Tierras. Pero eso es insuficiente para hablar de reforma agraria. Hay que seguir creciendo y fortalecer las herramientas técnicas y legales para que esto sea un éxito.

Además, para aumentar la productividad del país, que es fundamental, esto no es solo un asunto de que el campesino pobre tenga tierra. Es un asunto de eficiencia: el latifundio improductivo no le genera nada al país. Somos de los pocos países con una enorme frontera agrícola sin desarrollar. En medio del complejo escenario internacional que estamos atravesando, eso debería ser una ventaja comparativa: que podamos producir mucho más, generar más ingresos para el campesinado y reestructurar nuestra capacidad productiva.

CAMBIO: Usted ha hablado de reivindicar los derechos de los campesinos a recuperar las tierras, pero en estos procesos tan complejos también puede verse comprometido el derecho que tienen algunas personas sobre la propiedad privada. ¿Cómo se garantiza ese equilibrio?

F.H.: Parte fundamental de eso es abrir el debate público. Coincido contigo, Álvaro: hay gente que no necesariamente tiene dolo por ocupar un baldío. Muchos desconocen que hace 50 años alguien corrió una cerca y hoy lo ocupan. Pero se trata de poner al país de acuerdo.

Los procesos agrarios que dirige la Agencia Nacional de Tierras tienen cifras muy concretas. Hemos investigado, en estos tres años de gobierno, 700.000 hectáreas en indebida acumulación de baldíos, y hemos ratificado que existe propiedad privada en al menos 435.000 hectáreas. Es decir, solo una tercera parte —unas 250.000 hectáreas— se han constituido como baldíos.

En nuestra facultad de investigación administrativa, apenas el 30% de los casos generales se han declarado como baldíos. Lo demás se ratifica como propiedad privada. No estamos haciendo a rajatabla un ejercicio de persecución, ni actuando sin revisión técnica o jurídica.

Creo, además, que si tuviéramos las herramientas jurídicas propias y oportunas, podríamos blindar también a quienes están realmente produciendo en bienes baldíos, aunque no sean campesinos sin tierra. Hay que buscar la forma de darles seguridad jurídica a esas inversiones. Pero si no abrimos el debate y seguimos sacando esto de las dinámicas parlamentarias, la inseguridad jurídica será muy dañina para la inversión. Esa es una realidad concreta.

CAMBIO: Sobre ese tema de la inseguridad jurídica, se ha hablado de un supuesto interés de la Agencia en promover mecanismos de expropiación exprés. ¿Eso es cierto?

F.H.: Las cifras son claras. En casi dos años al frente de la Agencia Nacional de Tierras hemos hecho una sola expropiación en el país, y si no estoy mal, fue de menos de 50 hectáreas, por orden judicial. Nada más. Quienes nos han vendido la tierra lo han hecho de manera absolutamente voluntaria.

Ahora, sí nos hemos encontrado con casos en los que el expropiado, entre comillas, era el Estado. Tierras de la SAE que estaban en manos de particulares. Tierras entregadas por los paramilitares que seguían ocupadas por personas sin pagar arriendo. Esa es la realidad que enfrentamos.

Le doy un ejemplo: Mancuso dijo que entregó 400 bienes. En los listados del Fondo de Reparación aparecen 70. De esos 70, 60 están indebidamente ocupados por particulares. Eso demuestra un despojo sistemático de la tierra del Estado.

Todos los días en Colombia se captura un “traqueto”, y por más pobre que sea, tiene dos fincas. ¿Dónde está esa tierra? ¿Quién la tiene? ¿En qué condiciones? ¿Qué pasó con la coordinación entre Fiscalía y SAE? ¿Qué pasó con la Dirección de Estupefacientes? ¿Qué pasó con la Hacienda Nápoles? Hoy el parque Nápoles tiene 300 hectáreas, pero la hacienda original era de 4.000. ¿Dónde están las otras 3.700?

Sobre la supuesta intención de promover la expropiación exprés, no existe tal posibilidad. Incluso, como está planteado el proyecto de ley de jurisdicción agraria, toda expropiación tendría control judicial. Si la Agencia Nacional de Tierras solicita una, debe ir ante un juzgado especializado en tierras.

CAMBIO: Más allá de la tenencia, está el desafío de hacer productivas esas tierras. ¿Qué avances hay en infraestructura y acompañamiento?

F.H.: Desafíos hay muchos, pero hoy hemos desarrollado un esquema que falta ajustar mejor. La Agencia entrega la tierra, lanzamos convocatorias a corto plazo para ponerla a producir, luego la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) estructura el proyecto productivo y, una vez titulada, se entrega al Banco Agrario para su financiamiento. Ese circuito virtuoso necesita fortalecerse, pero avanza.

El campesinado colombiano se acostumbró a producir con tierra alquilada. En el Caribe, el Magdalena Medio o los Llanos, las asociaciones campesinas nunca tuvieron tierra. Alquilaban cinco o veinte hectáreas, como siervos sin tierra.

En Cáceres, Antioquia, por ejemplo, unos campesinos crearon la marca Arroz Cazareño, financiada por el Fondo Emprender del SENA. Hicieron todo el proceso, pero no tenían tierra. Pagaban hasta 10 millones de pesos al año en arriendos, lo que se tragaba todos los costos de producción. Hoy tienen tierra propia.

Y lo que he visto es que el campesino solo necesita un pedacito de tierra con acompañamiento estatal. Incluso sin mucho apoyo, produce. En todas las fincas de la reforma agraria hay producción.

CAMBIO: ¿Hay ejemplos concretos de éxito?

F.H.: Sí. Hay una finca lindísima en Risaralda que me impresionó: La Comuna, en zona rural de Pereira. Cuarenta y cinco productos por parcela. Cada campesino tiene una microparcela y hasta invernadero propio. Una organización milimétrica, maravillosa.

En Sincelejo, otra finca con marca de despulpadora de frutas —financiada por nosotros— le vende a Star Family. En los Llanos, una finca ya exporta limón. Todo esto ha fortalecido el crecimiento del sector agropecuario y se complementa con la política de compra de tierras, que ha capitalizado al sector privado para reinvertir en el campo.

CAMBIO: En cuanto a los cultivos ilícitos, ¿cómo se relaciona el trabajo de la Agencia con la lucha contra ese fenómeno?

F.H.: Hay algo que incluso hemos compartido con Estados Unidos. Ni ellos ni nosotros hemos dimensionado la potencia que tiene la formalización de la propiedad para evitar los cultivos ilícitos. Hicimos un piloto en Cáceres con USAID: formalizamos 1.000 hectáreas. Antes, la ley impedía hacer levantamientos topográficos si había coca. Los campesinos decían: “Erradico y me hacen esperar diez años por el título”. Cambiamos el enfoque: levantamos la información con la coca, pero exigimos que al momento de entregar el título la tierra estuviera libre de cultivos ilícitos.

De 1.000 parcelas, solo 20 reincidieron. ¿Por qué? Porque tener propiedad cambia todo: el campesino gana derechos —crédito, seguridad— pero también asume responsabilidades. No va a poner en riesgo su tierra por un cultivo que no le deja rentabilidad real.

Si pudiéramos avanzar en titulación masiva, acompañada de apoyo productivo, estoy convencido de que para ningún campesino del país es negocio cultivar coca. No conozco uno que se haya enriquecido con eso.

CAMBIO: ¿Y cuál es el papel de la Agencia en la política de paz total?

F.H.: Nos interesa muchísimo el cierre de Ralito. Los paramilitares entregaron más de 200.000 hectáreas que nadie sabe dónde están, ni siquiera la Unidad de Víctimas. Queremos que Mancuso, Macaco, Cuco Vanoy y los demás hablen del despojo ecológico. Ahí hay tierra para reparar a las víctimas.

También hay un limbo con los hijos de las Farc, del que se han aprovechado nuevas estructuras ilegales. El centro del conflicto armado en Colombia fue la tierra y el desplazamiento. Por eso, donde el Estado no tiene control, mandan los actores ilegales: minería, ganadería, coca.

Necesitamos un acuerdo nacional. Vamos a tener que sacrificar cuatro o seis años de grandes obras urbanas e invertir en construir Estado donde no existe. El ciudadano de Bogotá tiene que entender que su seguridad también depende de que el campesino de Nariño tenga garantías para dejar la coca. Si no, la guerra seguirá financiándose con la economía rural ilegal.

CAMBIO: Finalmente, ¿qué balance hace de su gestión y del legado del gobierno en materia de tierras?

F.H.: Hay muchos avances. Hemos implementado el acuerdo de paz, entregado títulos a entidades públicas rurales —escuelas, hospitales— que antes no podían recibir inversión por falta de propiedad. Avanzamos en la creación de zonas de reserva campesina y, sobre todo, descentralizamos una entidad que hoy está al servicio de las zonas rurales más apartadas.

Un reto simbólico fue la titulación del Aro: los campesinos víctimas de la masacre hoy tienen certeza de que esa tierra es suya. Ese papel, que parece mínimo, es una prenda de garantía inmensa para quienes fueron desplazados durante 20 años.

En esencia, nuestro legado es dignificar las condiciones de vida del campesino, del indígena, de las comunidades rurales más olvidadas, y reconstruir los cimientos de una Colombia rural. Porque sin campo no hay país viable, y la mejor forma de romper los circuitos de violencia es garantizar tierra, justicia y dignidad.