Los enormes riesgos de convocar una Constituyente en 2026
Aunque hay voces a favor de la constituyente, los temores son también grandes y fundamentados. Foto: Andrea Puentes / Presidencia de la República.
Aunque desde el oficialismo se ha dicho que esta sería en el próximo gobierno, los expertos recuerdan que la historia indica que todos saben cómo se inician estos procesos, pero pocos lograr predecir cómo terminan.
Por: Armando Neira
Entre las banderas que enarbolan los defensores de la Constitución de 1991 están los avances que este texto contiene en beneficio de la sociedad. De hecho, es una de las cartas magnas más progresistas de la región.
En Chile, por el contrario, sectores de ese país consideraban que era tiempo de dejar atrás un texto que, en parte, contenía el ideario del dictador Augusto Pinochet. Tras el estallido social y la llegada al poder de Gabriel Boric, se convocó una asamblea constituyente que estuvo marcada no por el pragmatismo, sino por la ilusión -en parte de los influenciadores-, lo que terminó generando temor en la ciudadanía y condujo al rechazo del proyecto. En lugar de avanzar, el país retrocedió.
Ese es el miedo que señalan los expertos cuando se les pregunta cuáles serían los riesgos de convocar una Constituyente que reemplace la Constitución de 1991: ¿y si en las urnas se eligen mayorías más retardatarias y conservadoras que arrojen por la borda las conquistas logradas?
Cuando Gustavo Petro aspiraba a la Presidencia, amplios sectores de la sociedad desconfiaban y temían que, si ganaba las elecciones, tomaría una deriva autoritaria semejante a la de Venezuela. Para despejar dudas, hizo una promesa solemne: “No convocaré a una asamblea constituyente”. Esa promesa se olvidó.
Ahora tiene otra idea. Su ministro del Interior, Armando Benedetti, ha dicho que se recogerán firmas para darle validez al proceso. Petro ya había afirmado: “El constituyente ha sido convocado desde la Presidencia. Creo que es necesaria esa convocatoria; la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria”.
Y añadió: “El pueblo ha visto en directo quiénes están con él y quiénes lo abofetean y condenan. Ahora ese saber popular debe expresarse donde el pueblo es rey: en las urnas”.
“Por eso será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes y la paz”.
Pero, ¿en realidad es necesaria? ¿El país está tan mal como en los aciagos días que llevaron a la gente a clamar por un nuevo texto? En realidad, la situación actual es muy distinta a la de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa.
Un voto contra los violentos
Entonces muchos creían que no había salidas, pero la situación era mucho más dramática y violenta. Asesinaron a cuatro candidatos presidenciales —Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán—; el Cartel de Medellín explotaba aviones, edificios y periódicos; y Pablo Escobar pagaba recompensas por cada policía asesinado.
La gente evitaba pasar junto a vehículos estacionados por miedo a un ‘carro bomba’. En algunas noches nadie salía a la calle, y se dudaba incluso de beber agua por el rumor de que el cartel de Medellín había envenenado los acueductos. En varios estudios académicos, Colombia era considerada un Estado fallido.
Sin embargo, el movimiento estudiantil encendió una luz: redactar una nueva carta magna y demostrar que las leyes eran herramientas más poderosas que las bombas.
Esa Constitución creó una arquitectura institucional que hoy permite salidas jurídicas para los avances sociales que reclama el presidente. Antonio Navarro Wolff, uno de los tres presidentes de la Asamblea, ha recordado cómo era vivir en aquellos tiempos aciagos:
“A finales de los ochenta había una violencia exacerbada: el aniquilamiento de la Unión Patriótica, atentados y asesinatos de abogados, políticos y policías”. Eran tiempos en los que el país temía no ver amanecer.
Las herramientas legales resultaban insuficientes: “Teníamos una Constitución antigua, la de 1886, que ya cumplía 104 años. Había sido producto de una guerra civil entre el Partido Liberal y el Conservador. No era una Constitución de consenso, sino de quienes ganaron esa guerra”, señala Navarro.
En ese contexto soplaron vientos de acuerdo: “Coincidió con un proceso de paz que desarmó al M-19, al que yo pertenecía. En 1989 se negoció contra la opinión de muchos. Se firmó la paz el 9 de marzo de 1990. Ahí comenzó un proceso de consensos nacionales que abrió paso a la Constitución de 1991”.
Hubo un acuerdo ciudadano, luego uno político, después uno institucional y, finalmente, uno en el funcionamiento mismo de la Asamblea.
En ese proceso los jóvenes fueron protagonistas. Tras el asesinato de Galán, surgieron movimientos estudiantiles que, de forma pacífica, impulsaron la idea de convocar una asamblea constituyente. Obtuvieron el respaldo de sectores académicos, de los medios y de la opinión pública.
Ese espíritu de acuerdos se evidenció en la relación entre Navarro y Álvaro Gómez Hurtado, a quien el M-19 había secuestrado años atrás. A pesar de ese pasado, trabajaron juntos. “Hubo química desde el primer momento”, recuerda Navarro. “Sentíamos la necesidad de la reconciliación y de hacer algo que valiera la pena por Colombia. Y eso fue la nueva Constitución”.
Ese espíritu se extendió por el país. Los periódicos incluyeron en sus ediciones el voto para convocar la Constituyente, que muchos colombianos recortaron y llevaron a las urnas.
Humberto de la Calle, ministro del Interior en ese entonces, recuerda: “El Gobierno aceptó que se contaran las papeletas que espontáneamente muchos quisieron depositar. No fue algo inventado por el Gobierno”.
Hoy, sin embargo, el panorama es distinto: “En 1991, la idea era buscar consensos. Ahora lo que se busca es lo contrario: llevar a cabo una campaña”, afirma.
Fernando Carrillo, uno de los impulsores de la llamada ‘séptima papeleta’, añade: “La Constitución de 1991 es tan progresista porque surgió de un gran consenso”.
Por todo esto, al menos hoy se vive otra realidad y una propuesta de estas es tan arriesgada como inconveniente. En 1989 el país, además de tener una Constitución rígida, no contaba con mecanismos institucionales para afrontar la crisis. Hoy sí los tiene. Una constituyente ahora podría incrementar la polarización y la fractura social.
Es probable que aumente el ruido, que haya discusiones y enfrentamientos de posiciones, pero que todo termine en una etapa ya conocida en la historia del país: la de la patria boba. Para Fabio Zambrano, historiador y profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, lo que hace Petro es crear deliberadamente una nueva “patria boba” para luego presentarse como el “salvador del desorden”.
En el Gobierno dicen, por el contrario, que es para avanzar. Pero al mirar fuera, es evidente que hoy soplan vientos en los que los sectores más retardatarios están en un auge sin precedentes. ¿Vale la pena, entonces, correr semejante riesgo?
Foro 'Una Constituyente: ¿para qué?
En medio de este contexto, CAMBIO y el Ministerio del Interior organizan el foro “Una Constituyente: ¿para qué?”, un espacio en el que participarán funcionarios del Gobierno, académicos, constitucionalistas y algunos de los protagonistas de la Asamblea de 1991, para reflexionar sobre el futuro y la viabilidad de esta propuesta.
El evento profundizará en temas clave como el camino jurídico y político que implica convocar a una Constituyente; los logros, victorias y deudas pendientes de la Constitución del 91 con los colombianos; las oportunidades que ofrece este mecanismo y la discusión sobre las posibilidades que rodean la renovación del Congreso de la República que se elegirá en marzo de 2026.
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