¿Cómo funciona la paridad de género en la política colombiana? Lo que dicen las leyes y las consecuencias de incumplirlas
Colombia ha buscado garantizar la participación de las mujeres en la política y en los altos cargos del Estado desde la Ley 581 de 2000 hasta la más reciente Ley 2424 de 2024. ¿Qué significan estas leyes en la práctica? ¿Cómo funcionan y qué sanciones existen para quienes no cumplen con la paridad?
Por: Juan David Cano
La presencia de las mujeres en los espacios de decisión política en Colombia siempre estuvo marcada por una brecha evidente. Durante años, el acceso a cargos de poder fue mayoritariamente masculino. Esto dejó a las primeras relegadas a la periferia de las decisiones públicas.
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La Ley 581 de 2000, conocida como ‘Ley de Cuotas’, fue el primer intento serio del Estado colombiano por saldar esa deuda histórica. Sin embargo, a lo largo de más de dos décadas, su cumplimiento fue desigual y muchas veces simbólico. Ante este panorama, surgió una nueva norma: la Ley 2424 de 2024, que elevó la apuesta y estableció reglas claras, con sanciones más estrictas para quienes ignoren la paridad.
La Ley 581 de 2000: el punto de partida
En el año 2000, el Congreso aprobó la Ley 581, cuya finalidad era asegurar la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles decisorios de las ramas y órganos del poder público.
La norma exigía que al menos el 30 por ciento de los cargos de máximo nivel decisorio y de otros niveles directivos fueran ocupados por mujeres. También estableció que en cargos de nombramiento por ternas debía incluirse, como mínimo, a una mujer, y que en listas debía procurarse la equidad.
Aunque la ley fue un avance histórico, con el tiempo fue evidente que no existían mecanismos efectivos de control ni sanciones robustas que garantizaran su cumplimiento. Esto hizo que, en muchos casos, la participación femenina quedara en el papel.
La Ley 2424 de 2024: el salto hacia la paridad
Consciente de las limitaciones de la Ley de 2000, el Congreso aprobó en 2022 un proyecto de ley estatutaria que, tras la revisión y aval de la Corte Constitucional, se convirtió en la Ley 2424 de 2024.
La nueva norma es clara y contundente: mínimo el 50 por ciento de los cargos de máximo nivel decisorio y de otros niveles deben ser ocupados por mujeres. Además, establece que:
• En las delegaciones diplomáticas y comisiones internacionales, el Gobierno y el Congreso deberán incluir mujeres de manera paritaria.
• Los partidos y movimientos políticos deben presentar listas con al menos un 30 por ciento de participación de uno de los géneros cuando se trate de más de cinco curules.
• A partir de 2026, incluso en listas pequeñas (menos de cinco curules), será obligatorio que haya al menos una mujer.
¿Qué pasa si no se cumple la paridad?
Uno de los puntos más importantes de la Ley 2424 es que establece sanciones directas para quienes incumplan:
Mala conducta disciplinaria: el funcionario que ignore las cuotas en los organismos bajo su jurisdicción puede recibir suspensión de hasta 30 días.
Destitución del cargo: en caso de reincidencia o persistencia en el incumplimiento, la sanción puede llegar a la destitución definitiva.
Esto representa un cambio sustancial frente a la Ley 581 de 2000, ya que ahora la norma no solo invita, sino que obliga a garantizar la paridad con consecuencias claras.
La paridad no se trata únicamente de llenar vacantes con mujeres. El verdadero reto es lograr que ellas puedan participar en condiciones reales de igualdad, sin enfrentarse a barreras invisibles como la falta de oportunidades, la discriminación o la violencia política.
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