Denuncian que el general Juan Miguel Huertas estaría favoreciendo a detenidos en los Centros de Reclusión Militar

Dentro del escalafón del Ejército Nacional, uno de los cargos más apetecidos por los generales es el de comandante de Personal de la institución. Su relevancia radica en que desde allí se administra el ingreso, ascenso, traslado y retiro de oficiales y suboficiales, así como la implementación de estrategias relacionadas con la seguridad y el funcionamiento interno de la fuerza.

Se trata de un eslabón fundamental dentro de la cadena de mando, que permite el funcionamiento diario de cerca de 181.000 uniformados en todo el país y garantiza el soporte administrativo necesario para el desarrollo de las operaciones militares.

La importancia estratégica de este cargo llevó, en agosto de 2025, al reintegro del general Juan Miguel Huertas al Ejército. A su regreso, solicitó al alto mando ser designado en el Comando de Personal, desestimando la posibilidad de asumir el mando de una brigada o división.

El alto oficial sabía que tener el control del personal le otorgaba un amplio margen de poder para asignar y retirar oficiales, así como para rodearse de personas cercanas que respaldaran su retorno a la institución. Según fuentes consultadas, también le permitiría apartar de la cadena de mando a oficiales que consideraba adversarios en su carrera militar.

Bajo su dirección quedaba, además, la supervisión de los Centros de Reclusión Militar (CRM), donde permanecen privados de la libertad integrantes de la fuerza pública. La misión de estos centros es garantizar condiciones de seguridad acordes con la normativa vigente, prevenir irregularidades y evitar hechos de corrupción.

Sin embargo, el regreso del general Huertas no estuvo exento de controversias. Una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló presuntos vínculos entre altos oficiales del Estado y las disidencias de Calarcá. De acuerdo con el reportaje, estos nexos habrían facilitado el acceso a información reservada y permitido acuerdos de movilidad en el territorio, hechos que derivaron en investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y decisiones disciplinarias por parte de la Procuraduría.

Ahora CAMBIO conoció una denuncia en contra del general Huertas, respaldada por documentos y testimonios, que advierte sobre presuntas irregularidades en el interior de uno de los centros de reclusión militar. Las denuncias incluyen desde la permisividad en el ingreso de visitantes no autorizados hasta la flexibilización indebida de permisos para que algunos internos salgan escoltados a centros comerciales o a visitar a sus familias, bajo el argumento de supuestas citas médicas.  Aunque el general fue suspendido cinco meses por la Procuraduría sigue siendo activo hasta que el presidente ordene su retiro. Estos son los detalles. 

La denuncia contra Huertas

Según el documento que conoció este medio, además de su permisividad, otra de las irregularidades atribuidas al alto oficial sería la de evitar el traslado de militares cercanos a cárceles del sistema penitenciario ordinario. En algunos casos, se trataría de internos cuyos familiares mantendrían vínculos comerciales con el general; en otros, de antiguos subalternos con quienes conservaría relaciones de amistad.

La Penitenciaría de Alta y Media Seguridad del Cantón Caldas, ubicada en Puente Aranda, en el occidente de Bogotá, sería uno de los centros donde se estarían presentando estos hechos, en presunta vulneración de la directiva 000156 de 2019 del Ministerio de Defensa, que regula los sitios de reclusión militar y las condiciones de las personas privadas de la libertad (PPL).

Dicha directiva establece que únicamente pueden permanecer en centros de reclusión militar personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con el servicio, así como quienes tengan investigaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De igual forma, prohíbe expresamente la reclusión militar de condenados por delitos sexuales, feminicidio, homicidio, traición a la patria o vínculos con grupos armados ilegales.

Detención de traslados

El documento denuncia la cercanía entre el general Huertas y el mayor Óscar Iván Hernández Bermúdez, condenado a 41 años por un crimen que conmocionó al país: apuñaló a su esposa en 17 ocasiones hasta causarle la muerte e intentó asesinar a su suegra.

Hernández, antiguo subalterno de Huertas y perteneciente al arma de artillería, cumple su condena en el centro de reclusión militar, pese a que el delito de feminicidio debe ser cumplido en establecimientos penitenciarios ordinarios.

Según la denuncia, al mayor se le atribuye además la posesión de un teléfono celular, elemento prohibido en estos centros salvo cuando hay un permiso especial de un juez. La irregularidad habría quedado en evidencia a finales de noviembre de 2025, cuando un funcionario del establecimiento encontró el dispositivo y le exigió entregarlo. De acuerdo con el testimonio, Hernández se habría negado, amparado en su cercanía con el sargento Gustavo Ducuara, otro interno conocido en el centro de reclusión.

“Me entero de que el subdirector encontró al mayor Hernández con el celular en la biblioteca y que no lo entregó. Cuando los soldados lo fueron a requisar, escondió el teléfono en la sala de oración para evitar que se lo incautaran. Hernández no debería estar en una cárcel militar, pues está condenado por feminicidio. Muchos de los que estamos aquí criticamos eso, pero mientras no se meta con nosotros, todo normal”, afirma el denunciante.

En un audio conocido por CAMBIO se escucha una conversación entre Hernández y el general Huertas durante una visita al penal, en la que el interno reconoce el uso del dispositivo móvil.

Otra de las irregularidades denunciadas sería la obstaculización de su traslado. El 10 de noviembre de 2025, mediante la resolución 9893 del Inpec, se ordenó su traslado inmediato a la cárcel La Picota. Sin embargo, la medida no se ha hecho efectiva. Según el denunciante, esto habría ocurrido por presuntas influencias del general Huertas.

“El general Huertas lo llamó y le dijo que ordenó el traslado del director y subdirector del CRM, aparte de eso dijo: 'le tengo una sorpresa sobre su traslado a La Picota, lo eché para atrás”, afirma la denuncia.

Negocios lucrativos

Otro de los casos denunciados es el del sargento Gustavo Ducuara López, quien cumple una condena de 24 años de prisión por su participación en un falso allanamiento a una finca en busca de una supuesta “guaca” del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.

Según la sentencia, el 30 de abril de 2010, hacia las 6:30 de la mañana, un grupo conformado por miembros del Ejército, la Policía y el CTI –entre ellos el sargento Ducuara– ingresó ilegalmente a la finca Veraguas, en el municipio de Pacho (Cundinamarca). Allí intimidaron a los habitantes, realizaron retenciones ilegales y registraron el inmueble sin orden judicial. La Policía confirmó posteriormente que se trataba de un falso allanamiento y capturó a los implicados en flagrancia. Ducuara fue condenado por secuestro simple, decisión ratificada en segunda instancia.

La cercanía entre Ducuara y el general Huertas está evidenciada también en la denuncia entregada a finales de 2025 por un interno del mismo centro de reclusión militar.

“Me sorprendió que el interno Ducuara manifestara que es muy amigo de ese general. Incluso sabía que iba a llegar al Comando de Personal y que tiene línea directa con él. Dice que le debe favores, aunque no quiso entrar en detalles”, señala la denuncia.

Según el documento, una hija del sargento, Karen Ducuara Munar, habría tenido incidentes dentro del centro penitenciario. Aunque las visitas familiares no constituyen una falta, se indica que la joven ingresaba acompañada de dos soldados mujeres y aprovechaba los privilegios otorgados a su padre para acceder a las celdas de otros internos.

Tras conocerse estos hechos, la hija del sargento fue investigada por contrainteligencia y posteriormente retirada del servicio. De acuerdo con el denunciante, el general Huertas habría tenido conocimiento de la situación y habría permitido, además, que Ducuara mantuviera un teléfono celular en su celda.

La denuncia también señala que la relación entre Huertas y Ducuara estaría vinculada a un negocio de compra y venta de vehículos en Lérida, Tolima, donde el general tendría presuntos vínculos comerciales con Juan Carlos Ducuara, hermano del sargento.

Pese a estar condenado por delitos como secuestro simple, falsedad en documento público y porte ilegal de armas, Ducuara ha permanecido durante ocho años en reclusión militar, en aparente contravía de la normativa vigente.

Permisos irregulares

La denuncia remitida a la Dirección de Centros de Reclusión Militar también menciona al capitán Cristian Benedetti, oficial del cuerpo de custodia del centro de Puente Aranda, quien estaría siendo investigado.

Según el documento, el oficial habría falsificado remisiones médicas para permitir que algunos internos salieran del penal con el pretexto de asistir a citas médicas, cuando en realidad acudían a centros comerciales u otros lugares no autorizados. También se le señala de ingresar teléfonos celulares al establecimiento.

“El capitán legaliza remisiones médicas para sacar a los privados de la libertad y hacerles vueltas personales. Les avisa cuando hay requisas para que escondan los celulares y comparte información interna con los internos”, señala la denuncia.

Según el denunciante, el general Huertas también tendría conocimiento de las conductas atribuidas al capitán Benedetti.

El general Huertas responde

Ante las denuncias sobre posibles favorecimientos a internos en el centro de reclusión militar de Puente Aranda, el general Juan Miguel Huertas habló con CAMBIO y negó cualquier tipo de relación con los privados de la libertad.

Según explicó, sus visitas al penal tuvieron como único propósito escuchar inquietudes y verificar el cumplimiento de las normas y el respeto por los derechos humanos.

“El objetivo de mis visitas fue recordar a los privados de la libertad que deben cumplir las normas de seguridad, pero también insistir a los mandos en que deben tratarlos con dignidad y respeto”, afirmó, precisando que acudió en dos ocasiones al establecimiento.

Sobre su presunta relación con el sargento Ducuara, aseguró que conoció el caso de la hija del suboficial durante una visita y que sabía de una investigación en curso, pero desconocía que hubiera sido retirada del servicio.

“Yo no tengo negocios con él ni con ninguno de sus familiares. El único paisano que conozco es un sargento que trabaja en el Comando de Personal y no está privado de la libertad”, afirmó.

Respecto al mayor Hernández, indicó que lo conoció cuando era subteniente en Barrancabermeja, pero negó haber intervenido para frenar su traslado.

“Si el Inpec ordenó el traslado, debe cumplirse. Es falso que yo lo haya favorecido. Siempre he actuado conforme a la ley”, sostuvo.

Finalmente, el general calificó las denuncias como falsas y aseguró que buscan afectar su buen nombre. “Soy muy mal negociante; tengo un carro que llevo tres años tratando de vender y no lo he logrado”, concluyó.

Avanzan investigaciones en centro de reclusión militar

CAMBIO habló con la Dirección de Centros de Reclusión Militar, entidad que confirmó que la denuncia en la que se señalan presuntos favorecimientos por parte del general Huertas dio lugar a la apertura de una investigación para determinar posibles irregularidades en el centro carcelario.

La Dirección confirmó además que contra el sargento Ducuara cursa una investigación disciplinaria por presunto irrespeto a las directivas del centro de reclusión militar de Puente Aranda. El proceso se originó a raíz de un reclamo que el uniformado realizó tras la salida del servicio de su hija y la supuesta pérdida de beneficios dentro de su celda.

En cuanto al mayor Hernández, la entidad informó que se estudia su traslado a la cárcel La Picota, donde deberá continuar cumpliendo su condena. Así mismo, se adelantan varias investigaciones en su contra por hechos ocurridos cuando permanecía en el centro de reclusión militar de Bello, Antioquia, entre ellas una falta disciplinaria por infringir la ley al ser hallado en posesión de un teléfono celular.

Respecto al capitán Benedetti, las autoridades señalaron que se analizan varias denuncias en su contra por presunta falsificación de documentos y posibles favorecimientos a internos del centro de reclusión militar.

Finalmente, CAMBIO envió una solicitud formal al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con el fin de conocer su posición frente a la presunta cercanía de dos internos del centro de reclusión militar de Puente Aranda con el general Huertas. Hasta el cierre de esta edición, la entidad no había emitido respuesta.