¿Qué pasa con el embalse de Urrá y por qué la Anla activó un proceso sancionatorio en su contra por la emergencia medio ambiental?

En Córdoba, la emergencia no empezó con un comunicado oficial ni con un debate técnico. Empezó cuando el agua se metió en las casas, cubrió cultivos, aisló veredas y obligó a miles de familias a abandonar lo poco que tenían. ¿Sabía que puede leer hasta 10 artículos de CAMBIO sin costo? Regístrese aquí Miles de familias resultaron damnificadas por las lluvias extremas en Córdoba En ese contexto, mientras se contaban los damnificados e improvisaban albergues, una duda comenzó a instalarse con fuerza entre las autoridades: si el desbordamiento del río era consecuencia exclusiva de lluvias excepcionales o si, por el contrario, había fallas previas en la forma como se estaba manejando el embalse de Urrá. La pregunta tomó un nuevo giro cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunció la apertura de un proceso sancionatorio ambiental contra Urrá S.A. E.S.P., empresa operadora de la hidroeléctrica. La decisión, explicó la entidad, no se basó solo en la emergencia reciente, sino en un seguimiento técnico que venía realizándose desde hace varios años y que reveló un comportamiento reiterado en la operación del embalse. Un seguimiento que no empezó en 2026 Según la Anla, el monitoreo sobre Urrá no es una reacción tardía a la crisis actual. Desde 2020, el equipo técnico de la autoridad ambiental ha hecho seguimiento permanente a los componentes hidrológicos e hidráulicos del embalse. Ese control permitió identificar un patrón que se repite en el tiempo: el embalse ha operado, durante periodos prolongados, por encima de las reglas de operación establecidas en su licencia ambiental. El punto central de ese hallazgo es la Curva Guía Máxima, un parámetro técnico que define el nivel máximo que puede alcanzar el embalse y que tiene una función clave en la gestión del riesgo. Mantener el nivel del agua por debajo de esa curva permite contar con un volumen disponible para amortiguar crecientes súbitas. Superarla, en cambio, reduce el margen de maniobra ante eventos extremos y obliga a realizar descargas más bruscas aguas abajo. Crédito: ANLA. Según la Anla, entre 2020 y lo corrido de 2026 el embalse de Urrá sobrepasó de forma recurrente esa Curva Guía Máxima. Esto constituye un incumplimiento de las reglas de operación, diseñadas precisamente para prevenir emergencias como la que hoy enfrenta Córdoba Advertencias técnicas que no cambiaron la operación Antes de abrir el proceso sancionatorio, la Anla trasladó sus observaciones a la empresa operadora. Lo hizo a través de varios conceptos técnicos enviados a Urrá S.A. E.S.P., en los que se advertían las inconsistencias detectadas en la operación del embalse y los riesgos asociados a mantenerlo por encima de los niveles máximos recomendados. Uno de los momentos más ilustrativos de ese seguimiento ocurrió en 2024. Ese año, el monitoreo oficial mostró que el 20 por ciento de las mediciones del nivel del embalse incumplieron la Curva Guía Máxima. En particular, durante agosto, los registros evidenciaron que el volumen del embalse se mantuvo de manera sostenida por encima del límite máximo permitido, una situación que quedó documentada en gráficos técnicos remitidos a la empresa. Lejos de corregirse, ese comportamiento continuó en 2025. El análisis de la Anla, a partir de información proveniente de Sinergox–XM y procesada por su Centro de Monitoreo, mostró que durante ese año el embalse volvió a superar los valores de referencia, alcanzando una superación cercana al 20 por ciento. En el segundo semestre de 2025, el incumplimiento se presentó durante el 30,6 por ciento del tiempo evaluado. Para la autoridad ambiental, lo anterior confirma que no se trató de episodios aislados, sino de una práctica sostenida en el tiempo. Crédito: ANLA. Decisiones operativas bajo la lupa Uno de los elementos más sensibles del expediente figura en el concepto técnico emitido en diciembre de 2025. Tras analizar los niveles de operación asociados al volumen máximo del embalse, la Anla concluyó que el sobrepaso de la Curva Guía Máxima se explica en mayor medida como una decisión operativa, y no como una respuesta excepcional y transitoria frente a eventos de creciente extraordinaria. Esta conclusión es clave porque traslada el foco del debate. Ya no se trata únicamente de lluvias intensas o saturación hídrica, sino de cómo se administró el embalse en los meses y años previos a la emergencia, y de si se tomaron —o no— las medidas necesarias para reducir el riesgo aguas abajo. La emergencia y lo que encontró la Anla en territorio Cuando en 2026 las lluvias intensificaron súbitamente los aportes al embalse y Urrá tuvo que descargar aguas abajo, el impacto en Córdoba fue inmediato. Tras la emergencia, la directora de la Anla, Irene Vélez Torres, ordenó una visita técnica al territorio. Allí, según el comunicado oficial, el equipo de la autoridad ambiental identificó que cientos de familias afectadas no habían sido notificadas oportunamente y que muchas estaban siendo atendidas en albergues con condiciones inadecuadas. “El Plan de Emergencia y Contingencia que debe implementar la empresa no puede convertirse en un simple protocolo ni una mera formalidad; debe traducirse en acciones responsables que permitan salvar vidas ante un desastre como el ocurrido. Desde la Anla seguimos monitoreando los demás embalses del país, seis de los cuales se encuentran en alerta roja el día de hoy. A sus operadores les hemos insistido que activen sus planes de contingencia de manera oportuna e integral”, dijo Vélez. Inundaciones en Córdoba. Créditos: suministradas Por qué se abrió el proceso sancionatorio Con ese acumulado de evidencia, la Anla concluyó que existía un incumplimiento reiterado y sistemático de la Curva Guía Máxima en los últimos años. Esa reiteración, sumada al impacto humano de la emergencia reciente, llevó a la autoridad ambiental a dar inicio formal a un procedimiento sancionatorio ambiental contra Urrá S.A. E.S.P. El proceso buscará establecer si la empresa incumplió las obligaciones de su licencia ambiental, si las decisiones operativas adoptadas aumentaron el riesgo para las comunidades aguas abajo y qué responsabilidades administrativas se derivan de esos hechos. En su pronunciamiento, la Anla advirtió además que otros embalses del país se encuentran en alerta roja y que sus operadores han sido requeridos para activar de manera integral y oportuna sus planes de contingencia. El mensaje de fondo es que el caso Urrá no es un episodio aislado, sino una señal de alerta sobre la gestión de los embalses en un contexto de eventos climáticos cada vez más extremos.

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