ELN admite ataque en el que murieron escoltas de la UNP

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció oficialmente que sus hombres estuvieron detrás del ataque ocurrido el pasado 19 de mayo en zona rural de Ábrego, Norte de Santander, donde murieron seis personas, entre ellas dos integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el líder social Freiman David Velásquez. Así lo afirmaron en un comunicado firmado por el Frente de Guerra Nororiental, en el que la guerrilla asegura que el hecho ocurrió durante un enfrentamiento armado derivado de un retén instalado por esa organización en la vía entre Ábrego y la vereda La Teja.

Según la versión del ELN, habían recibido información de que integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc —a quienes llama “banda paramilitar”— se movilizaban frecuentemente en una camioneta negra sin distintivos entre Ábrego y zonas rurales cercanas donde, aseguran, operan alias Yancarlos y alias Toño Manguera, señalados comandantes de esa estructura.

El comunicado sostiene que unidades del ELN instalaron un retén a la altura de la vereda Oropoma para interceptar el vehículo. La guerrilla afirma que, cuando la camioneta se aproximó, los hombres armados le hicieron señales para detenerse, pero el conductor habría intentado escapar. “Nuestros compañeros le impactan las llantas; varios ocupantes de la camioneta descienden armados y se inicia intercambio de disparos”, dice el documento.

Producto de ese enfrentamiento, según el ELN, murieron las seis personas que iban en el vehículo y resultó herido uno de sus integrantes. La organización también aseguró que recuperó dos pistolas después del ataque.

La guerrilla identificó entre los muertos a los funcionarios de la UNP Robinson Carvajalino y Sebastián Murillo, así como al dirigente social Freiman David Velásquez. Además, señaló a tres de las víctimas de pertenecer al Frente 33 de las disidencias: Yidy Smith Velásquez Benítez, a quien describen como administradora de una tienda vinculada a esa estructura; Iván Stiven Camacho Castillo, presunto integrante de las finanzas del grupo; y Mayerlis Yoselín Hernández, a quien relacionan con laboratorios de procesamiento de cocaína en la zona de Ocaña.

El punto más delicado del comunicado aparece después. El ELN asegura que el hecho ocurrió “en un contexto de agudización del conflicto” en el Catatumbo y acusa directamente una supuesta alianza entre el Frente 33 y las Fuerzas Armadas. También denuncia que vehículos de la Unidad Nacional de Protección estarían siendo utilizados para apoyar logísticamente a esa estructura armada ilegal.

“Varias de las camionetas sin distintivos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que operan en el Catatumbo vienen siendo empleadas para garantizar logística a la banda paramilitar Frente 33”, afirma la guerrilla. Incluso sostiene que el aeropuerto de Tibú estaría siendo instrumentalizado para garantizar transporte y movilidad a integrantes de esa estructura “como parte de los acuerdos entre el gobierno Petro y la Banda del 33”.

Hasta ahora, ni la UNP ni el Gobierno nacional se han pronunciado sobre las acusaciones contenidas en el comunicado guerrillero.

El ataque ocurre en medio de una escalada de violencia en el Catatumbo y del deterioro de las relaciones entre el ELN y las disidencias del Frente 33, estructuras que desde hace meses disputan corredores estratégicos para narcotráfico, movilidad armada y control territorial en Norte de Santander.

La gravedad del episodio no solo radica en que el ELN reconociera públicamente su participación en la emboscada, sino en las implicaciones que tendría la versión que intenta instalar la guerrilla: que miembros de la UNP y líderes sociales viajaban junto a supuestos integrantes de una estructura armada ilegal. Por ahora, esas afirmaciones no han sido corroboradas por las autoridades judiciales.