“Lo que no se identifica difícilmente puede transformarse”: ¿qué falta para garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad?

En Colombia, las personas con discapacidad representan una parte significativa de la población y, aunque en los últimos años se han impulsado medidas para fortalecer su participación, persisten barreras que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

En este contexto, CAMBIO, en alianza con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Caracol Radio, organizó el foro “Democracia sin barreras: los derechos políticos de las personas con discapacidad”, un espacio de conversación que reunió a representantes institucionales, organizaciones de la sociedad civil y líderes para analizar los avances, retos y acciones necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos.

“El principal problema de nosotros y de la sociedad es la indiferencia”: Cristian Quiroz

Durante una conversación inicial con Federico Gómez Lara, director de CAMBIO, y Gustavo Gómez, director de Relaciones Estratégicas de Prisa Colombia, el director del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz habló sobre las barreras que todavía enfrentan las personas con discapacidad para ejercer sus derechos políticos y participar en escenarios electorales.

Para el presidente del CNE, uno de los principales obstáculos está relacionado con la falta de información y acompañamiento. “El principal problema de nosotros y de la sociedad es la indiferencia”, afirmó, y añadió que a esto se suma “la desinformación o la información por los canales que no son”.

Como ejemplo, señaló que aún existe desconocimiento sobre las herramientas disponibles durante las jornadas electorales: “Muy pocas personas en Colombia saben que en todos los puestos de votación hay un cubículo para personas con discapacidad”.

Quiroz también se refirió a las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para llegar a los espacios de participación política. En ese sentido, aseguró que la participación política requiere condiciones reales de acceso. “Con frecuencia afirmamos que queremos procesos más abiertos y democráticos, pero las instituciones y los entornos de participación siguen manteniendo obstáculos que impiden que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones”, afirmó.

Además, explicó que las barreras que restringen la participación política no se encuentran únicamente en los procesos electorales, sino también en los entornos físicos, comunicativos y sociales que forman parte de la vida cotidiana, como las calles, los andenes y los espacios donde se desarrollan actividades y debates políticos. Finalmente, destacó la importancia de promover estos espacios de diálogo y reflexión, pues constituyen una oportunidad para visibilizar problemáticas que históricamente han recibido escasa atención en la discusión pública y democrática.

“La participación política de las personas con discapacidad es un tema de democracia”: magistrada Alba Lucía Velásquez

Durante el encuentro, Sonia Milena Torres, asesora de comunicaciones del despacho de la magistrada Alba Lucía Velásquez, compartió una reflexión enviada por la magistrada sobre la relación entre discapacidad y democracia.

De acuerdo con Velásquez, aunque Colombia ha avanzado en el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con discapacidad, todavía existen contradicciones debido a prácticas, instituciones y entornos que mantienen formas de discriminación.

“Las personas con discapacidad continúan siendo percibidas desde enfoques asistencialistas y paternalistas que las presentan como sujetos dependientes, carentes de autonomía o incapaces de adoptar decisiones sobre su propia vida. Todavía subsiste la idea explícita o implícita de que requieren permanentemente la agencia de un tercero para que interprete sus intereses, exprese su voluntad o decida en su nombre”, expresó.

La magistrada también cuestionó los enfoques que han presentado históricamente a las personas con discapacidad como sujetos dependientes. Según la reflexión, estas miradas han tenido efectos especialmente graves en el ámbito político al justificar la exclusión de las personas con discapacidad de espacios de representación y toma de decisiones.

Uno de los puntos centrales fue la falta de información sobre la participación política de esta población: “Lo que no se identifica difícilmente puede transformarse”, señaló la magistrada, al advertir que la ausencia de datos limita la creación de políticas públicas efectivas.

Las barreras electorales y el camino hacia una participación efectiva

El primer panel del foro, “La participación de las personas con discapacidad en procesos electorales”, reunió a Natalia Moreno Rodríguez, activista e integrante de la Fundación Mujeres sobre Ruedas; Daniela Rojas, asesora del despacho del CNE en temas de inclusión; Andrea Carolina Chacón, directora del Instituto Nacional para Ciegos (INCI), y Rafael Antonio Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría.

Natalia Moreno reconoció que Colombia ha tenido avances importantes en materia de derechos de las personas con discapacidad, incluidos los derechos electorales. Sin embargo, aseguró que todavía existen desafíos culturales e institucionales. “Hay que ser realistas y reconocer que aún nos falta como sociedad”, afirmó.

La activista insistió en que las barreras no están en las personas sino en los entornos. “Las barreras son comportamentales y de cultura”, dijo, al explicar que requerir apoyo al momento de votar no significa que exista manipulación sobre las decisiones de una persona.

Por su parte, Daniela Rojas señaló que el reto no solo está en permitir que las personas con discapacidad ingresen a los espacios de participación política, sino en garantizar que puedan permanecer en ellos. También destacó la importancia de contar con información clara sobre esta población.

“El Estado colombiano ha realizado una invisibilización estadística de las personas con discapacidad”, afirmó Rojas, al explicar que actualmente no existe un censo que permita conocer con certeza cuántas personas  con discapacidad participan en procesos electorales o aspiran a cargos de elección popular.

Por su parte, Andrea Carolina Chacón, directora del Instituto Nacional para Ciegos (INCI), se refirió especialmente a las barreras que enfrentan las personas ciegas y las personas con baja visión. “Las personas videntes invisibilizan a las personas invidentes. No es que no tengamos compañeros, familiares, colegas, o que no coincidamos todos los días con personas con discapacidad, es que preferimos no verlas”, afirmó.

Chacón destacó que actualmente existen herramientas como los tarjetones en sistema braille, pero advirtió que aún hay retos de cobertura y planeación. “90 mil tarjetas electorales en braille no son suficientes”, dijo, y fue enfática en la necesidad de contar con sistemas de información que permitan garantizar que estos recursos lleguen a quienes los necesitan.}

La directora del INCI cerró su intervención con una pregunta sobre la representación política: “¿Realmente estamos dispuestos a compartir espacios de poder con personas con discapacidad?”. Según explicó, garantizar los derechos civiles y políticos implica reconocer que las personas con discapacidad pueden ocupar cualquier espacio de decisión.

Finalmente, Rafael Antonio Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría, aseguró que las instituciones deben continuar trabajando para eliminar barreras. “Todos tomemos conciencia de la importancia de eliminar estas barreras [...] el ejercicio democrático no pasa únicamente por ejercer el derecho al voto o por ser candidato”.

El panel cerró con un llamado a fortalecer la empatía y la responsabilidad institucional. “Existimos desde que el mundo existe”, afirmó Natalia Moreno, quien pidió que los funcionarios públicos asuman su responsabilidad frente a la garantía de los derechos políticos de las personas con discapacidad.