Un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay: ¿por qué lo asesinó la Segunda Marquetalia?
CAMBIO dialogó con la Fiscalía y con las víctimas sobre el avance de las investigaciones relacionadas con el magnicidio. El exterminio de la familia Turbay Cote aparece como la principal teoría del crimen que dejó una profunda huella en la campaña electoral. Especial en video.
Por: Ana María Cuesta
A un año del atentado terrorista contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía vinculó a 17 personas a la investigación por su magnicidio: nueve de ellas están privadas de la libertad y cinco ya recibieron condenas.
También hay otras siete órdenes de captura dictadas contra cabecillas de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc señalada de ordenar el asesinato del joven dirigente político: un crimen que se consumó el pasado 11 de agosto, dos meses después del atentado que una banda de sicarios ejecutó, con precisión, el 7 de junio de 2025, en un parque del barrio Modelia de Bogotá.
Según la Fiscalía, la banda de sicarios que atentó contra Uribe Turbay fue contratada por la disidencia liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, el exjefe negociador de las Farc en los diálogos de paz que sostuvieron con el gobierno Santos en La Habana. La disidencia de Márquez habría pagado 1.000 millones de pesos por el crimen.
El ente acusador advierte que la Segunda Marquetalia habría preparado el magnicidio tras el fracaso de los diálogos de paz que sostuvieron, hasta finales de 2024, con el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de su cuestionada estrategia de la 'paz total'.
“Para enero del 2025 ellos ya no están en mesa de negociación y ellos pretendían, en ese momento, desestabilizar al país. De hecho, Iván Márquez lo dijo desde 2019 cuando es expulsado de la JEP. Y en eso está liderando esa organización. Y por eso logramos establecer, cómo desde enero de 2025, es que se contacta Simeón Pérez con integrantes de la organización de su Estado Mayor", señaló la fiscal delegada para la seguridad territorial Deicy Jaramillo en diálogo con CAMBIO.
"Desde el lado de la justicia las preguntas son, ¿Quién dio la orden? Hoy sabemos que el Zarco Aldinever estaba detrás de toda esta organización criminal que dio la orden para matar a Miguel, que la Segunda Marquetalia fueron los determinadores, pero hay una cantidad de preguntas todavía que están sobre la mesa como, por ejemplo, ¿Por qué la plata salió de Venezuela? ¿Qué pasó con esa reunión que sostuvo Petro en Manta, en Ecuador? ¿Qué fue lo que pasó allí? Pues hay muchas especulaciones y está en investigación si se trató en ese momento de la muerte de Miguel", advirtió María Claudia Tarazona, la viuda de Uribe Turbay, en diálogo con CAMBIO.
El Zarco Aldinever y Simeón Pérez
La Fiscalía ofrece hasta 4.000 millones por José Manuel Sierra Sabogal, conocido como el Zarco Aldinever, delincuente que, según el ministro de defensa Pedro Sánchez, habría sido abatido por el ELN en agosto de 2025. El ente acusador lo responsabiliza directamente de coordinar el magnicidio, apartándose de la teoría sobre su supuesto deceso.
En búsqueda de una organización de sicarios, el Zarco Aldinever habría usado a uno de sus emisarios. A Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, quien se contactó con Simeón Pérez Marroquín alias El Viejo, considerado la bisagra entre los disidentes de la guerrilla que firmó la paz y la organización sicarial liderada por Elder José Arteaga, alias El Costeño. El Viejo aceptó cargos, delató a sus cómplices y fue condenado el pasado 20 de marzo tras la suscripción de un preacuerdo.
“Nosotros logramos determinar que Simeón fue hasta norte de Santander a donde se entrevista con Kendry, Kendry hacía parte de la Segunda Marquetalia, en este momento está dentro de la JEP, perteneció a la agrupación armada en ese momento, y él es quien contacta a Simeón con Zarco Aldinever, integrante del Estado Mayor de Segunda Marquetalia", añadió la fiscal Deicy Jaramillo.
"El señor Aldinever, quien dio la orden de atentar contra la vida de Miguel, era compareciente en la JEP. Estuvo también con un salvoconducto por parte del gobierno nacional para gestar la paz, y en ese tiempo, fue que gestó todo esto para atentar contra Miguel Uribe. Ahí se demuestra que el Estado por muchas razones es responsable de la muerte de este mártir, de Miguel", expresó Víctor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay.
El ente acusador advierte que la motivación de las disidencias para asesinar al precandidato presidencial del Centro Democrático estuvo en su vínculo con la familia Turbay Cote del Caquetá, exterminada políticamente por las Farc entre 1995 y el año 2000.
La Segunda Marquetalia y la familia Turbay Cote
CAMBIO reveló hace unos días que la hipótesis más grande que maneja la Fiscalía para explicar las razones que llevaron a la disidencia de Márquez a ordenar el asesinato de Miguel Uribe está en el exterminio de sus parientes del Caquetá, quienes hicieron política con el Partido Liberal, colectividad en la que Uribe inició su carrera política.
Miguel Uribe Turbay era familiar de los exrepresentantes a la Cámara Diego Turbay Cote y Rodrigo Turbay Cote. Diego Turbay murió acribillado por la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc, el 29 de diciembre del año 2000, en Puerto Rico, Caquetá. En esa misma masacre murieron su madre, Inés Cote, exconcejala y exdiputada, así como su conductor, sus tres escoltas y un amigo de la familia.
El excongresista Rodrigo Turbay Cote también apareció muerto el 4 de mayo de 1997, tras sufrir un secuestro por parte de las Farc desde el 16 de junio de 1995.
El abuelo de Miguel Uribe, el expresidente de la República Julio César Turbay Ayala, era primo de Hernando Turbay, padre de los excongresistas asesinados en el Caquetá.
La fiscal Deicy Jaramillo le reveló a CAMBIO que la principal teoría del magnicidio está ligada a una vieja determinación de las extintas Farc para asesinar a la familia Turbay Cote y “acabar con el turbayismo”. Plan que quedó consignado en una sentencia en la que se condenó a Iván Márquez a 40 años de prisión.
“Hay una sentencia condenatoria en la que se condena a todo el Estado Mayor, en ese momento de las Farc, por su participación en los hechos donde pierde la vida la familia Turbay Cote en el departamento del Caquetá. Específicamente en esa sentencia, se deja constancia de que la familia Turbay había sido declarada un objetivo para la organización armada. Las mismas personas que se encuentran condenadas, para ese momento, por supuesto Iván Márquez, están también integrando hoy la Segunda Marquetalia. La idea es desestabilizar al país. Y Miguel Uribe tenía el perfil de candidato, de una persona que no tenía investigaciones, que ejercía, que tiene credibilidad en el país y era una persona importante con la que podía desestabilizarlo”, señaló Jaramillo.
La Fiscalía encontró el nexo con el exterminio de los Turbay Cote por un perfil victimológico que se realizó sobre el magnicidio. “En esa teoría logramos establecer, precisamente, el antecedente que acabo de referir, frente a la sentencia donde queda plasmado el objetivo que ha sido declarado esta familia por esa agrupación, así como que quienes en ese momento hacen esa amenaza están hoy en Segunda Marquetalia, y lo que se pretendía era desestabilizar, de acuerdo a su figura política, y a su perfil, y de acuerdo al estatus que en ese momento tenía y desarrollaba”, añadió la fiscal Jaramillo en diálogo con CAMBIO.
La Fiscalía advierte que la investigación continúa pero, a un año del magnicidio, destacan que ya hay claridad sobre quiénes ejecutaron el hecho, qué organización fue contratada, quiénes fueron los intermediarios, quiénes dieron las órdenes y cómo se ejecutaron.
"Es un crimen de Estado"
En diálogo con CAMBIO, el abogado de la familia Uribe Turbay, Víctor Mosquera, advierte que hay algo más grande que la Segunda Marquetalia detrás del crimen.
"A mí no me cabe duda, y tengo la convicción íntima, que este crimen tiene un factor político o ideológico y que hay que determinar cómo esa Segunda Marquetalia tuvo en su mente el accionar contra Miguel Uribe Turbay. ¿Quién les sugirió, les aconsejó o ellos por qué tomaron la decisión de atacar a un precandidato presidencial, que claramente tenía todas las opciones para llegar a ser presidente de Colombia? Esto no lo estoy solamente considerando yo, sino los organismos internacionales de derechos humanos. Inclusive, la CIDH a este crimen lo ha catalogado como un magnicidio. Y ha solicitado las investigaciones pertinentes y que se realicen en tiempo adecuado. Pero yo sí creo que aquí hay algo más”, señaló Mosquera.
Según Mosquera, las órdenes del magnicidio pudieron venir de Venezuela, donde estarían resguardados los disidentes de la Segunda Marquetalia. "Que haya tenido algo que ver ciertos regímenes antidemocráticos, no lo descarto tampoco. Digamos que nosotros partimos de una premisa, Ana, en esta situación es no se puede descartar ningún hilo de investigación", añadió el defensor.
Sin embargo, la fiscal Jaramillo desvirtuó la hipótesis de una posible participación internacional. “La Fiscalía, en este momento, no tiene conocimiento de una participación de alguna organización internacional o de otras personas que estén por encima de Segunda Marquetalia".
“Yo sí creo que por encima de ellos había una orden más grande y más poderosa que la del señor Iván Márquez”, anotó María Claudia Tarazona.
“Los cabecillas de la Segunda Marquetalia están en Venezuela, están en la frontera. Básicamente se sabe hasta de sus movimientos, pero obviamente no ha habido ningún tipo de colaboración por parte del gobierno colombiano. Yo creo que una vez nosotros podamos tener así sea una captura de esos cabecillas, vamos a poder seguir con el escalón final que es si esto se trató de un crimen planeado entre Estados", agregó la viuda.
En diversas declaraciones a medios, el excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, quien protagonizó una controversia por asumir una campaña política tras el magnicidio de su hijo, ha responsabilizado al presidente Gustavo Petro como el supuesto "instigador político" del crimen.
"El gobierno Petro hace parte de este entramado criminal que asesinó a Miguel", señaló Uribe Londoño a NTN24. El padre del senador ha dicho que la muerte de su hijo fue un crimen de Estado y que él sabe quiénes son los autores intelectuales detrás.
La responsabilidad de la UNP
Paralelo a la investigación contra quienes cometieron el magnicidio, en la Fiscalía también está pendiente la vinculación del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, a una investigación formal por las presuntas omisiones de la entidad en la protección del precandidato presidencial, baleado por un menor de edad de tan solo 15 años.
El pasado 19 de enero, el ente acusador anunció la imputación contra Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión, pero cuatro horas después reversó su determinación, alegando un asunto técnico por la integración de la fiscal que hizo el llamado a un grupo más amplio que investiga el caso.
"Yo lo que sé es que el señor Augusto es amigo de Gustavo Petro. Ellos hicieron parte del mismo grupo criminal, son íntimos amigos y por eso llega un tipo como Augusto a la UNP y que me parece que es un señor completamente desenterado de todo lo que pasa porque da una serie de declaraciones todas contradictorias. Él sale, posterior al atentado de Miguel, diciendo que aceptaba la responsabilidad en la omisión de la ampliación del esquema de seguridad. Después se retracta y dice que nunca hubo esa solicitud", advirtió Tarazona.
“El doctor Miguel Uribe de pronto no se ciñó a los protocolos de seguridad que debía tener y de auto protección y entonces fraccionó el esquema, eso es una parte, la otra parte es que la Policía se quedó corta en la recepción de las inquietudes que tenía el doctor Miguel Uribe y lo que le pasa a la Unidad Nacional de Protección no estaba tan completo como debía haberse pensado”, expresó Rodríguez el pasado 30 de abril, a su ingreso a una diligencia en los juzgados de Paloquemao.
Ha pasado un año del atentado y las heridas por el magnicidio siguen profundizándose. Por una parte, la familia Uribe Turbay y su defensa insisten en que hay una revictimización institucional en su contra por parte del gobierno y, concretamente, del presidente Petro.
Petro no ha vuelto a hablar del magnicidio, pero cada una de las veces que lo hizo, desató escándalos al señalar sin pruebas a otras organizaciones como el ELN y la junta directiva del narcotráfico.
Y ahora la Fiscalía presenta una teoría relacionando el asesinato de Miguel con el asesinato que hace más de dos décadas tocó a sus parientes liberales del Caquetá, una teoría que se aparta de las hipótesis expresadas por la propia familia, en la intimidad de su duelo.
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