La herencia de obras incompletas en el Atlántico: incumplimientos y sobrecostos por los que nadie responde

La galería de fotos es extensa. Inauguraciones en medio de materiales de construcción arrinconados a las carreras. Planos extendidos sobre mesas repletas de manos de funcionarios que señalan un punto equis. Rénderes de brillantes colores y modernos diseños publicitados. Y, sobre todo, confirmaciones de plazos de entregas que después han tenido que ser extendidos repetidas veces.

La actual lista de obras inconclusas en el departamento del Atlántico es tan larga como preocupante. Hay un grupo de al menos ocho contratos que ameritan ser revisados con lupa por los incumplimientos y por las adiciones presupuestales que registran. Pero, dos de estos lideran la carrera por sus problemas en la ejecución y el incremento de su costo.  

Dos hilos también unen esta cadena de obras fracasadas en el Atlántico: la mayoría de estas fueron contratadas durante la administración de la pasada gobernadora, Elsa Noguera de la Espriella, miembro de Cambio Radical y una de las hijas políticas consentidas del clan Char. Y, también, quedaron en manos de Edubar, una empresa de economía mixta de la cual la Alcaldía de Barranquilla es socia principal, que funciona como gestora de proyectos y que ha sido señalada de ser usada como “un contratadero” con el que se pagan favores políticos. 

La lista principal de las obras sin acabar la lidera el mejoramiento del corredor vial entre la Circunvalar y el municipio de Puerto Colombia, bautizada, en otro acto de ostentación local, como “La Gran Vía”. Le siguen la construcción del Mercado de la Sazón y Artesanías, en Puerto Colombia; y la sede de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, proyectos que parecen no tener fin. 

También, presentan problemas el mejoramiento de la Vía de Piojó-Azucena-Autopista al Mar; el mantenimiento de zonas verdes, de plazas, parques y escenarios deportivos, en distintos municipios; y la construcción y dotación de Centros de Vida del Adulto Mayor, en siete poblaciones. Además, el ordenamiento de Playa Pescadores, en Puerto Colombia, y la escandalosa construcción de los alcantarillados cuencas 2 y 3 en el municipio de Palmar de Varela, que lleva más de siete años de retraso.

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Las voces de alerta sobre los incumplimientos y posibles sobrecostos de estas obras se han ido acumulando. Pero, hasta ahora, no se conocen sanciones ni medidas contra los contratistas, ni a ningún otro responsable de la ejecución de las mismas. Por el contrario, para algunos, como la diputada Isabella Pulgar, en el ambiente existe un manto de silencio cómplice de parte de la nueva administración.

La “solución” que se convirtió en caos

Pongamos el foco en dos de las más renombradas. El Corredor Universitario fue presentado como la solución a la congestión vehicular que mortifica a los habitantes de los barrios que conectan el norte de Barranquilla con Puerto Colombia. El 21 de septiembre de 2022, en una glamurosa rueda de prensa la gobernadora Noguera, junto a Jaime Pumarejo, entonces alcalde de Barranquilla, anunciaron que la inversión sería de 208.000 millones de pesos y que el plazo de la primera parte o Unidad Funcional 1 sería de 18 meses, incluyendo la compra de predios.

Edubar adjudicó la obra que consta de dos unidades funcionales. La primera inicia en la Circunvalar y termina en el Club Campestre. La segunda va hasta la Universidad del Atlántico. Toda la obra proyectaba la construcción de 3,5 kilómetros de doble calzada, con una ciclorruta, zona peatonal y dos deprimidos, uno frente a la Universidad del Norte y otro en el centro comercial Le Champ.

En diciembre de 2024, Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, inauguró 1,2 kilómetros de la Unidad Funcional 1. Pero, tres meses después, al tramo aún le faltan obras complementarias y el caos vehicular que allí se registra es definido por los vecinos como “un verdadero dolor de cabeza”.

Pero, la situación más grave es la de la Unidad Funcional 2 del Corredor Universitario. Este fue adjudicado por Edubar por un valor inicial de 94.720 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 18 meses. El acta de inicio fue el 13 de marzo de 2023, es decir, que debía quedar listo el 13 de septiembre de 2024. Pero, las imágenes hablan por sí solas: aunque hay avances, las obras están prácticamente congeladas desde diciembre. El caos en que viven los habitantes del sector es terrible. Preocupa, además, que la información sobre el contrato publicada por Edubar en los portales de contratación pública es muy poca.

Ni sazón, ni mercado

Con la difusión de una bella imagen tropical, con un gigante edificio naranja y monumentales arcos, rodeados de altas palmeras, la gobernadora Noguera anunció, en abril de 2022, la adjudicación del contrato para la construcción del Mercado de la Sazón del Atlántico, en Puerto Colombia.

El proyecto fue adjudicado con un plazo de 12 meses. La inversión anunciada fue de 17.000 millones de pesos para un área de 5.047 metros cuadrados.

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El mercado debía ser entregado en mayo de 2023. Los trabajos empezaron en agosto de 2022, pero el 14 de abril de 2023 se registró la primera suspensión de contrato. Ya se le han adicionado 5.673 millones de pesos y se le han hecho dos prórrogas. Hoy la obra está paralizada. Unas oxidadas vallas metálicas rodean los trabajos y la maleza crece por sus rincones.

Otras malas herencias 

Entre los otros proyectos que presentan problemas como la Gran Vía y el mercado de Puerto Colombia está el contrato de mejoramiento de la vía que va de la Ye de Piojó a la Autopista al Mar. Edubar se la adjudicó al Conglomerado Técnico Colombiano, por un valor de 13.835 millones de pesos, con un plazo de ejecución de nueve meses y con fecha de entrega el primero de julio de 2020. Sin embargo, después de cuatro suspensiones de las obras, dos prórrogas en tiempo y dos adiciones, el costo del proyecto subió a 18.712 millones de pesos.

En la lista de esa herencia incompleta, además, está el contrato para trabajos en plazas, parques, centros deportivos y malecones, del programa 'Parques para la gente'. El que Edubar entregó al Consorcio Espacios Recreativos por un valor inicial de 39.295 millones y que debían ser finalizados el 31 de diciembre de 2023. El valor subió a 60.653 millones, después de varias adiciones. Actualmente, el contrato está suspendido mientras la Gobernación estudia una nueva adición en recursos y una prórroga que pidió el contratista.

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El contrato de Construcción y dotación de Centros de Vida en siete municipios tampoco es alentador. Se adjudicó por un valor inicial de 25.457 millones de pesos. El plazo de ejecución era de 14 meses, con entrega total el 6 de agosto de 2023.

Según el informe publicado en el Secop, el contrato fue terminado el 5 de agosto de 2023. Lo extraño es que, aunque en la misma acta de entrega se indica que el contrato era para los centros de siete municipios, solo aparecen como “ejecutados” los de Manatí, Luruaco, Repelón y Juan de Acosta. El documento tiene el visto bueno de Angelly Criales, la representante legal de Edubar y supervisora del contrato.

Un capítulo aparte merecen las obras de reconstrucción de la sede de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, después de que buena parte de la estructura colapsara el 18 de junio de 2017, debido a un fuerte aguacero que cayó en Barranquilla. El contrato se firmó el 25 de enero de 2022 y, originalmente, estaba por 29.000 millones de pesos, pero hoy ya va por 47.000 millones.

Las obras de restauración y reconstrucción de los cinco edificios que componen Bellas Artes, que debían estar terminadas el 26 de junio del año pasado, todavía no han sido inauguradas.

A la bochornosa lista se suman el contrato de rehabilitación y construcción de sistemas de alcantarillado sanitario en corregimientos del Atlántico, que pasó de 13.618 millones a 15.143 millones, las cuales debían ser entregadas en abril de 2022 y todavía no hay acta de terminación de las obras. Además, el recién inaugurado, pero incompleto, Centro Náutico del Atlántico, del cual CAMBIO publicó un informe hace unos días.

"Evasión de responsabilidades"

Isabella Pulgar, diputada del Atlántico por el Partido Liberal, ha sido una de las pocas que ha cuestionado públicamente los problemas de estas obras. Para ella, casos como el del centro náutico, Bellas Artes, La Gran Vía, el Mercado de la Sazón y la construcción y mantenimiento de plazas, parques y los Centros de Vida, “son los ejemplos de lo mal que se hicieron las cosas” y de que “ahora quieren evadir responsabilidades”.

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“Todas esas obras, cuya contratación se hizo durante el periodo de Elsa Noguera, dejan en evidencia dos situaciones. La primera es la gran cantidad de errores que se cometieron en esos procesos, que comienzan con la firma de convenios con la empresa Edubar para que sea esta entidad la que adjudique y contrate a dedo las obras”, dijo la diputada. 

Para Pulgar, no está claro por qué la Gobernación del Atlántico cedió a un tercero la escogencia de los contratistas mediante licitaciones públicas. “La segunda situación es el silencio cómplice de la actual administración, que parece más preocupada en tapar lo que encontraron que en denunciar ante los organismos de control las grandes y evidentes irregularidades. Acaso es así como se le paga al grupo político que ayudó a elegir a Eduardo Verano”, cuestionó.

Otro de los que se ha sumado a las críticas es el también diputado Alfredo Varela, quien le dijo a CAMBIO que “uno de los problemas fue que la exgobernadora Noguera hizo ese convenio macro con Edubar, por el cual le fueron asignados casi 190.000 millones, para más de 70 obras. Pero, muchas se suspendieron porque, supuestamente, no alcanzó la plata y el gobernador Verano tenía que adicionar más plata, cosa que no se ha hecho”.

¿Quién responde?

Para conocer cuál es el estado actual de las obras o contratos, y saber si hay o habrá algún tipo de sanción frente a los incumplimientos, CAMBIO envió a la Gobernación del Atlántico un cuestionario con preguntas puntuales. De igual manera, le enviamos mensajes a Angelly Criales, la representante de Edubar, a través de su línea telefónica personal, pero, como en ocasiones anteriores, tampoco hubo respuesta.

Sobre el contrato de los trabajos en plazas, parques, escenarios deportivos, malecones y centros integrales de convivencia (CIC), la Gobernación dijo que el contrato, que incluye 60 proyectos, se encuentra en ejecución, cuatro frentes de obras y un avance superior al 80 por ciento.

Estos incluyen el Polideportivo de Soledad 2000, con un avance de 93 por ciento; el parque estadio de Sabanagrande, 80 por ciento; la plaza parque Aguada de Pablo, con 80 por ciento; y el ordenamiento de Playa Miramar y Playa Pescadores, 80 por ciento.  

Y, además, que “cada uno tiene un plan de actividades que permitirán su terminación este año” y que “la suspensión del contrato se debió a una situación de índole administrativa con el contratista Edubar, la cual fue superada”. 

Sobre la construcción del Mercado de la Sazón y Artesanías, liderado por la Secretaría de Infraestructura, la administración indicó que va en 84,6 por ciento de ejecución. Y que la obra será reanudada “luego de definir algunos ajustes solicitados por las empresas prestadoras de servicios públicos y que son necesarios para el buen funcionamiento de la misma. La fecha estimada de terminación es de cuatro meses a partir de la fecha de reanudación.

En el caso de Bellas Artes, según la Gobernación, va en el 92 por ciento. Y reconoció que el contrato presentó las siguientes adiciones presupuestales: tres adiciones por un valor general de 11.696 millones de pesos. Además, que el contrato se encuentra en un proceso de revisión jurídica para determinar cuáles son las alternativas para el cumplimiento efectivo de la obra y que “no es posible determinar una fecha exacta de finalización”, por los temas jurídicos que hay que resolver.

Sobre los Centros de Vida, la administración departamental señaló que el proyecto tiene un porcentaje general del 81,2 por ciento, siendo Manatí la obra más avanzada con 98,9 por ciento, Repelón 98 por ciento, Luruaco 86 por ciento, Juan de Acosta 85 por ciento, Campo de la Cruz con 45 por ciento y Suan 62,5 por ciento.

Lo llamativo es que, al ser consultada sobre unas posibles sanciones a los contratistas o entidades responsables de las obras, la Gobernación del Atlántico dejó claro que no ha existido ni una sola en ninguno de los casos.

Más allá de la controversia que genera las diferencias entre los tiempos transcurridos y los verdaderos porcentajes de ejecución, lo clave es que los habitantes del Atlántico exigen respuestas frente a las parálisis e incumplimientos en las obras. Hasta ahora, ninguna entidad de control, ni local, ni nacional, se ha pronunciado de manera fuerte por los enredos. Mientras tanto, la colección de fotos y de anuncios de falsas entregas sigue creciendo, como un álbum de burlas del que nadie se hace responsable.