Barranquilla, bajo el asedio de la mafia
18 Agosto 2024 03:08 am

Barranquilla, bajo el asedio de la mafia

Una de las pancartas alusivas al Clan del Golfo que apareció en en el área metropolitana de Barranquilla

Crédito: Redes Sociales

La aparición esta semana en la ciudad de pancartas alusivas al Clan del Golfo, llevó otra vez a la discusión el poder que varias organizaciones criminales ejercen en las calles de la capital del Atlántico. Aunque algunos dicen que la paz total ha empeorado la situación, esto ocurre en la ciudad desde hace más de 10 años, sin que aparezcan soluciones a la vista.

Por: Rainiero Patiño M.

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Esta semana, pancartas y carteles que aparecieron en sitios estratégicos de la ciudad sembraron el miedo en Barranquilla. El material hacía alusión al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia o Clan de Golfo y puso en evidencia, otra vez, una realidad angustiante y que por años han negado las autoridades locales: las bandas y las organizaciones criminales están enquistadas en la capital del Atlántico.

Los pasacalles y mensajes fueron instalados en puntos claves, como el Puente Pumarejo, la Avenida Circunvalar con carrera 46, el Gran Malecón en la esquina de la calle 72, en la vía del Platanal y en la calle Murillo con carrera 21. Estos también aparecieron en Soledad, en otros puntos del área metropolitana y en total en 14 municipios del departamento del Atlántico.

Las imágenes de los mensajes se regaron por redes sociales y ocuparon los principales titulares.

En cada una de las vallas se podía leer: “Por una Colombia madre patria. Frente Carlos Daniel Fulaye Vargas. Bloque Manuel Arístides Meza Páez. Queremos la defensa de la vida humana que es lo que puede pedir un pueblo. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra”.

Fulaye Vargas y Meza Páez son nombres de dos exmiembros de dicha organización criminal que ya fallecieron.

La situación de Barranquilla no es de simple percepción, como han querido indicar algunos voceros de la administración distrital. La realidad es que a corte de la primera quincena de agosto, con base en la información oficial, los homicidios se incrementaron en un 20 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2023: pasaron de 216 a 259. El 83 por ciento de estos crímenes ocurrieron bajo la modalidad de sicariato.

Y, aunque también es cierto que de acuerdo al reporte oficial, el 58 por ciento de las víctimas de estos ataques tenían anotaciones judiciales por distintos delitos y que un buen número de los casos fueron reportados como “ajustes de cuentas”; la situación no deja de ser preocupante entre la ciudadanía que ha visto cómo, cada vez con más frecuencia, las calles son escenario de robos, tiroteos y masacres.

Otro de los puntos críticos de la difícil situación de orden público en Barranquilla es que ha tenido una evolución peligrosa en la última década. Y que contrario a lo que dan a entender las autoridades en estos días, la presencia, poder e injerencia de estas organizaciones criminales no es algo nuevo, ni es un fenómeno que apareció como consecuencia única de la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Como prueba de ello están las distintas alertas tempranas (A.T.) emitidas por la Defensoría del Pueblo desde 2013 y, de manera sucesiva y cada vez con mayor gravedad, en 2015, 2018, 2020 y 2022.

Múltiples alertas, pocas respuestas 

Los llamados a mirar con más seriedad el poder de las bandas delincuenciales, sin embargo, se han ido acumulando por años sin respuestas integrales de parte de las autoridades locales.

Una de las más importantes fue la A.T. N° 020-18. En esta se señaló cómo el Clan del Golfo (considerado un grupo armado después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia), en alianza con la organización criminal de Los Costeños y otros grupos regionales y locales, había impuesto una serie de mecanismos violentos de control social y territorial que generaban zozobra en sectores de Barranquilla y de los otros cuatro municipios del área metropolitana.

Otra pancarta aparecida en un puente de Barranquilla.

En ese momento se reseñó también la aparición de células del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que realizaron un par de atentados terroristas contra estaciones de la Policía Nacional, lo que agravó el escenario.

Pero el monitoreo de esa información comprobó que la situación de riesgo empeoró en Barranquilla por el surgimiento de otras estructuras criminales, como Los Pepes, a finales del 2021, al mando de Digno Palomino, el cual resultó de las disputas internas entre este y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, por el mando de Los Costeños.

También hubo una disputa al interior de Los Rastrojos, que los dividió en Rastrojos Costeños y Rastrojos Caleños. Los vencedores  fueron Los Rastrojos Costeños, quienes consolidaron su poderío, y terminaron llamándose Los Costeños.

Mientras tanto, Los Rastrojos Caleños, desde esa fecha, habían intentado volver al Atlántico sin ningún éxito hasta que, en 2021, gracias a alianzas con otras estructuras, se reacomodaron en el área metropolitana y otras zonas del departamento, según un informe de la Defensoría. 

La Defensoría también ha advertido sobre la presencia de, por lo menos, tres estructuras criminales trasnacionales que encuentran en Barranquilla una ubicación estratégica para sus operaciones. Estas son el Tren de Aragua, el Cartel de los Balcanes (socios de las AGC, quienes los proveen de la droga para sacar a Europa a través de puertos) y el Cartel de Sinaloa, del que se sabe que estaría controlando ciertos corredores estratégicos, especialmente cercanos al río Magdalena y al mar Caribe. Sus principales aliados en el territorio serían Los Costeños y las AGC.

Tres niveles de criminales

La situación de Barranquilla ha escalado y se ha vuelto tan compleja que los investigadores hablan de tres niveles de organizaciones armadas, clasificadas según su alcance territorial, los delitos que cometen y el impacto que tienen en la población.

En el nivel superior están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo el que, según los investigadores Luis Trejos y Reynell Badillo, funciona como “un operador logístico para la exportación de clorhidrato de cocaína y domina en otros delitos". Esto lo logran a través de la subcontratación de estructuras criminales locales, con lo que evitan costosas confrontaciones y ahorran recursos.

Su foco en el narcotráfico explica su concentración de operaciones también en las zonas costeras, como el corredor de la Vía 40 a orillas del río Magdalena, el barrio Las Flores y el municipio de Puerto Colombia. Allí tienen una especie de incubadora en la pobreza y la poca oferta institucional.

Según la investigación de Trejos y Badillo, las AGC también lograron construir una red dedicada a despojar tierras, la cual opera con funcionarios públicos de alto nivel como son los jueces. 

En la categoría media están organizaciones como Los Costeños y Los Rastrojos Costeños, cuya injerencia se limita al área metropolitana de la ciudad. Estos, según la investigación, se especializan en el microtráfico, la extorsión y el sicariato. También pueden “comprar una franquicia” para encargarse de algunos negocios bajo la supervisión de la estructura más grande, que los respalda con armas, dinero y vehículos. Así ambos se benefician.

La Defensoría estableció en un informe que las principales zonas de acción de este tipo de organizaciones están en el Centro de la ciudad, el corredor de la calle 17 y su extensión a Soledad, así como en barrios y áreas colindantes a la Avenida Circunvalar, la carretera Oriental y La Cordialidad.

Según Trejos, en esta clasificación de segundo nivel también podrían estar por momentos grupos como Los Papalópez, Los Vega y Los Paisas.

En el nivel más bajo están los grupos de delincuencia común de la ciudad, como bandas, pandillas o combos. Sus principales rentas son de hurtos, el robo de autopartes, la distribución de drogas por sectores y algunos casos de extorsión. Casi siempre en dependencia de los grupos de nivel medio, a los que les pagan una especie de “franquicia”. Ahí pueden entrar grupos como Los Papalópez, Los Vega, Los Teletubis y Los Carambolas.

Algunos de estos, sin embargo, han crecido velozmente gracias a sus relaciones con otras estructuras, de las que reciben financiamiento, lo que ha incrementado los enfrentamientos por disputas territoriales y trae como consecuencia muertes por cruces de fronteras invisibles en los barrios.

Respuestas institucionales: la negación

Con su tono habitual, en el que siempre trata de enviar un parte de control, el alcalde Alex Char publicó un mensaje en el que dijo que los criminales no le imponen condiciones a las autoridades locales. “Mano dura y medidas contundentes contra el Clan del Golfo. Ofrecemos hasta 100 millones de pesos  de recompensa a quien brinde información que permita capturar a miembros de este grupo delictivo”, señaló.

En un segundo trino, Char escribió: “Esta situación es insostenible, por eso instamos al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa a contrarrestar con todas sus herramientas la posible llegada de estas bandas criminales”.

Esa última parte del mensaje del alcalde es lo que llamó la atención de los investigadores del tema criminal en Barranquilla, consultados por CAMBIO. Ellos lo interpretan como “la insistencia en negar que hace muchos años los grupos armados ilegales mandan en el área metropolitana e insistir en que la responsabilidad es toda del Gobierno central”.

Trejos dice que por eso la Defensoría del Pueblo lo ha señalado en las distintas alertas tempranas y en documentos y textos académicos que lastimosamente no han sido usados como insumos en la formulación de las políticas públicas de seguridad y convivencia del Distrito.

¿Por qué aparecieron ahora las banderas y pancartas? 

Para Janiel Melamed, profesor de la Universidad del Norte y Ph.D. en Seguridad Internacional, la aparición de banderas del Clan del Golfo en las calles de Barranquilla, más allá de ser un hecho noticioso de gran relevancia, no es algo que deba sorprender.

La explicación, señala Melamed, es que el anuncio de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y las AGC puede ser visto como una oportunidad para que esta organización muestre su presencia territorial y su capacidad operativa para tener una posición fuerte durante las negociaciones. Y las banderas, más que señales de control territorial, dice, son un instrumento de propaganda que aumenta la presión mediática y política.

Esta lectura, explica el profesor, no demerita el proceso de expansión territorial de la Estructura Arístides Mesa en Barranquilla y el Atlántico. “Su proceso de expansión territorial ha sido advertido en la nota estratégica de inicios del año”, explicó Melamed.

El profesor cree que cuando la juventud no tiene arraigo al sistema escolar, no tiene posibilidades de inclusión económica, bien sea a través del empleo remunerado o de otras fuentes de ingresos, y eso se convierte en caldo de cultivo para el crecimiento de las bandas criminales.

“Esto no quiere decir que todos los jóvenes que no tengan oportunidades se van a convertir en criminales, pero sí es una oportunidad para que estén en condiciones vulnerables y sean víctimas del reclutamiento”, explicó. Así que en su análisis cree que la generación de oportunidades para la población juvenil es algo que sigue siendo un reto para los gobiernos locales.

Y hay otra muestra de lo terrorífica que es la situación de Barranquilla: solo en los primeros cuatro días de agosto se registraron 21 homicidios en el área metropolitana.

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