Caso Meritage, el pleito internacional por el que Colombia perdería un billón de pesos

En los próximos días se notificará la decisión sobre una demanda contra el Estado colombiano por un billón de pesos ante un tribunal arbitral internacional por el caso Meritage, un proyecto inmobiliario que empezó a construirse sobre unos terrenos antecedentes relacionados con el narcotráfico, que posteriormente fueron incautados por el Gobierno.

El Reporte Coronell de este lunes señala que Colombia muy probablemente va a perder este pleito internacional, lo que conllevaría pagarles 300 millones de dólares (más de un billón de pesos) al estadounidense Ángel Samuel Seda y a sus socios en el proyecto Meritage. Así mismo, dio detalles sobre la única esperanza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para ganar.

¿Qué es el caso Meritage?

En el caso Meritage, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio de 55 hectáreas ubicadas cerca del peaje de la vía Las Palmas, en el sur de Medellín. Estas tierras pertenecieron a Iván López Vanegas, señalado miembro de la Oficina de Envigado.

Además, se encontró que, tras la extradición de López a Estados Unidos por narcotráfico, en los títulos de la propiedad figuran personas que no pueden acreditar recursos para ser dueños del terreno y aparece el nombre de un antiguo narcotraficante y paramilitar, Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca.

Seda alegó que habían actuado de buena fe, sin conocimiento alguno sobre el pasado del lote. Por su parte, Iván López asegura que no vendió el lote por su propia voluntad, sino que fue presionado por la Oficina de Envigado para traspasarlo.

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¿Qué denuncia Seda?

Seda manifiesta que la imposición de medidas cautelares y la extinción de dominio era una expropiación indirecta por vía judicial y una presión extorsiva. En este caso, la expropiación, por vía judicial, vulnera el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.

Por esa razón, Seda convocó un Tribunal de Arbitramento por 310 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID por su sigla en inglés).

En este pleito, se enfrentan “dos de las mayores –y más costosas– firmas de abogados de Estados Unidos”, señala El Reporte Coronell. Una de ellas es Gibson Dunn LLP, que representa a Seda y a sus socios, la otra GBS fue contratada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano.

La única esperanza del Estado colombiano

“El Estado colombiano asegura que hay evidencias de que otro presunto miembro de la mafia está financiando el costoso tribunal de arbitramento contra Colombia. Se trata de Javier García Rojas, alias Maracuyá”, explicó el periodista Daniel Coronell.

En este caso, un punto a favor de Colombia sería demostrar que esta financiación del pleito es parte de una operación de lavado de activos. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha imputado a Javier García Rojas, alias Maracuyá.

Una de esas evidencias es una interceptación telefónica en la  que alias Maracuyá fue grabado hablando de la financiación del tribunal. En la interceptación se escucha la voz de la abogada Ruth García, hermana de alias ‘Maracuyá’, quien le dice al interlocutor que suba la voz para que alguien que llama "el familiar" pueda oírlo, quien según las autoridades es alias Maracuyá. En la llamada, García Rojas habla de unos préstamos que realizó para lo que es, al parecer, la financiación del pleito.

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Sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) asegura que por desinformación de Ana Catalina Noguera, la delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales, no se pudo conocer a tiempo la relación entre el inversionista estadounidense Ángel Seda y alias Maracuyá.

El 8 de marzo el expediente fue cerrado y el 15 de marzo, el tribunal de arbitramento pidió el nombre del director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para incluirlo en las notificaciones. “Eso indica la inminencia del fallo”, señaló el periodista Coronell.

Ese mismo 15 de marzo, el director encargado de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado envío una solicitud para que el tribunal  permita incluir evidencias antes del fallo. “No parece que la petición tenga muchas posibilidades jurídicas porque el expediente ya está cerrado”, manifestó Coronell.

Además, a Colombia le costará 2,5 millones de dólares más interponer un recurso de apelación, según la tarifa del tribunal.