Conquistadores de la Sierra: el verdadero poder en la Sierra Nevada

Un tour de cuatro días para subir a Ciudad Perdida, el antiguo poblado de los Tayrona enclavado en el costado norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuesta 2.150.000 pesos por persona. Solo se puede contratar con las pocas agencias autorizadas en Santa Marta. Según algunos pobladores, alrededor del 30 por ciento de ese valor que pagan los turistas por el recorrido para llegar al mítico lugar se queda en manos de la organización ilegal conocida como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Son ellos quienes controlan la economía y la seguridad en todo el macizo montañoso y sus zonas de influencia, al igual que en varias zonas de la misma ciudad de Santa Marta.

El viaje hasta Ciudad Perdida es solo uno de la gran lista de planes turísticos que ofrece el complejo montañoso de la Sierra Nevada y que hace parte de lo que sus habitantes llaman, desde hace algunos años, la gran industria del “Oro verde”. Es decir, todo el movimiento económico, los negocios y los grandes capitales que se generan alrededor del turismo en este territorio. No es sino una forma

clara de describir cómo el encanto del verde de sus montañas, el valor arqueológico y las aguas cristalinas de sus playas y ríos atraen a miles de turistas extranjeros al año y con ellos sus dólares.

La Sierra Nevada funciona geográficamente como una suerte de muralla que protege a Santa Marta de los fuertes vientos que sopla el Mar Caribe. A la vez, es un gran pulmón que respira con los más de 4.000 km2 de los dos parques naturales que hay en su interior. Cuna de cuatro pueblos indígenas ancestrales y lugar de nacimiento de siete importantes ríos de la región. Pero todas esas características y riquezas  también la han convertido, durante años, en el refugio y lugar de camuflaje de distintos grupos armados ilegales que han aprovechado estas condiciones para implementar sus gobernanzas criminales.

Es tan arraigada esta relación, que la violencia, las rentas criminales y en general el conflicto armado ya son vistos como fenómenos ligados de manera casi natural a la cotidianidad de la Sierra Nevada y a sus habitantes. Esta majestuosa región ha sido territorio de forajidos. Grupos armados de distinta naturaleza se han instalado en la zona con la promesa de llenar los vacíos institucionales del Estado. En estas montañas han tenido poder e injerencia desde grupos radicales de izquierda, como el EPL, el ELN y las Farc, hasta organizaciones paramilitares como el Clan de los Rojas, los Giraldo, los Barrera, las AUC y ahora las ACSN. Cada uno de estos con sus propios mecanismos de financiación y administración del territorio, pero siempre bajo un manto de criminalidad y miedo.

La Sierra está demarcada y atravesada en parte por una arteria vial que sirve como único camino de movilización rápida, la Transversal del Caribe o Ruta Nacional 90, que nace en Turbo, cerca de la frontera con Panamá, y se extiende hasta Paraguachón, en límites con Venezuela. La vía es conocida coloquialmente como la Troncal del Caribe, que funciona como un extenso y apetecido corredor comercial. A través de ella, se mueve casi todo lo que pasa en la Sierra. Según investigadores del conflicto armado, como Lerber Dimas, la troncal es controlada por las ACSN desde el punto conocido como la Ye de Ciénaga hasta Riohacha, capital de La Guajira.

Hay muchas evidencias del poder que tienen las ACSN en Santa Marta y en otras poblaciones de la zona de influencia de la Sierra Nevada. Como ocurre en Ciudad Equidad, uno de los sectores más grandes y populares de la capital del Magdalena. Una comunidad que surgió como producto de la reubicación de personas víctimas del conflicto armado en el país. El barrio tiene unas 3.559 casas. La gran mayoría, de estas paga una cuota de 2.000 pesos semanales por concepto de “seguridad y vigilancia” a hombres que se identifican como miembros de las ACSN.

La semana pasada el hecho fue narrado por uno de los habitantes de Ciudad Equidad en la oficina de la Alta Consejera de Paz de Santa Marta. Basta una multiplicación simple del valor de la cuota por el número de casas que pagan para hacerse una idea de las rentas que genera este tipo de “aporte voluntario”.

Ciudad Equidad es solo uno de las decenas de barrios cuyos habitantes se ven obligados a pagar por servicios informales de seguridad o “aportes a la organización”, lo que en cualquier otro caso sería visto como una clara extorsión. La situación del pago se repite igual en otros municipios de las estribaciones de la Sierra Nevada.

Para Dimas, quien también hace parte de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada, este tipo de gobernanzas instauradas por los grupos armados, como ahora los hacen las ACSN, es lo que se puede llamar “territorios paramilitarizados”, en los que las dinámicas sociales se transforman y se impone un régimen y una normatividad de castigo, logrando un impacto en el pensamiento de las personas que se sostiene con la violencia desmesurada.

En cierto sentido, lo que estos grupos han hecho, explica Dimas, es controlar lo que el Estado tenía que controlar. Y ese vacío que por años ha dejado la institucionalidad ha hecho que sucesos como el cobro de cuotas o el manejo comercial de la zona por parte de ilegales se hayan normalizado. Por ejemplo, ningún negocio, como hotel o restaurante, que funciona sobre la Troncal del Caribe, tiene contratado servicio de seguridad privada, como ocurre en la mayoría del territorio nacional. Según el investigador, esto se debe a que las ACSN prácticamente tienen un control absoluto.

“La gente paga porque, en efecto, siente que están seguros. En zonas de alto nivel comercial y con mucho tránsito de turistas, como Minca, Guachaca y Palomino, por ejemplo, nadie se roba nada. Quien se robe algo, seguro puede ser ajusticiado por el grupo armado. De allí que muchos de los casos de homicidios recientes tengan que ver con jóvenes de sus propias filas que no cumplieron las normas impuestas”, explica Dimas.

Un habitante de Minca, otro de los corregimientos de Santa Marta y uno de los sitios preferidos por los turistas extranjeros, le dijo a CAMBIO que en los últimos 10 años la oferta de hospedajes y restaurantes en la zona ha ido creciendo de forma muy rápida. Esto ha sido visto como una oportunidad para lucrarse por el grupo armado.

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Según las palabras del ciudadano, en el pueblo todo el comercio está cooptado por el accionar de las ACSN y todos pagan “cuotas”, las cuales varían de acuerdo al tamaño de cada negocio, incluso para los guías turísticos, los mototaxistas y los conductores de las vans de turismo que trabajan en la zona pagan. Muchas veces estas cuotas requeridas son exigidas en especies, productos o servicios, que van desde comidas diarias o cajas de whisky para una celebración en la montaña. Negarse a entregar la “donación”, puede terminar en casos de “retenciones” por varias horas, que incluyen un fuerte llamado de atención.

Las fechas de pagos pueden variar, pero en estos días, según el ciudadano, se debe hacer el día 20 de cada mes. En esa fecha los dueños o administradores de negocios reciben la visita de miembros de la organización armada para recoger el “aporte voluntario”.

Los habitantes dan testimonio de que, irónicamente, aparte de los protagonizados por los miembros de las ACSN, en la zona no se registran hechos violentos. “Ellos nos los permiten porque eso dañaría la renta de todos y se cae el negocio”, cuenta el ciudadano.

La población vive muy temerosa frente a los cobros; sin embargo, hay un grupo de comerciantes y habitantes, la mayoría de ellos foráneos, que han sido reacios a pagar. Hace apenas algunos días, un grupo de hombres armados y encapuchados entró al lobby de los hoteles más grandes y lujosos a exigir los “aportes” delante de los turistas. Pero, como en otras ocasiones, los comerciantes optaron por el silencio, la denuncia les puede salir más cara que el pago: a algunos ya les ha costado el destierro.

El poder también va más allá en Minca, porque son los comandantes de las ACSN quienes deciden sobre los precios de los servicios y por lo general también se quedan con el 30 por ciento, según contó bajo reserva un guía turístico. Además, si alguien vende un terreno o una finca en la zona debe pagar un “impuesto local” equivalente al 10 por ciento total del negocio.

Es tal el tipo de injerencia que tiene el grupo en la cotidianidad de la comunidad, que en Minca regulan hasta las peleas entre vecinos. Otro de los habitantes contó que hace unos días las ACSN multaron a dos hombres con un pago de 500.000 pesos cada uno, por enfrentarse a golpes en la calle.

Y, además, varios de los líderes del grupo armado hacen parte de los grupos de chats o de redes sociales de las Juntas de Acción Comunal de los barrios y veredas. Allí opinan y están enterados de todo lo que pasa.

Sobre el origen de las Autodefensas 

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, como se autodenominan, tienen su origen histórico en los primeros años de la década del 2000, con lo que se conoció como el Bloque de Resistencia Tayrona (BTR) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), liderado por el exjefe paramilitar Hernán Giraldo, alias el Viejo. Después pasaron a llamarse la Oficina Caribe, que se le atribuía el control del narcotráfico en la Sierra Nevada y sus alrededores.

Con la desmovilización de Giraldo en el marco de la ley de Justicia y Paz, en octubre de 2006, la organización quedó bajo el mando de sus herederos, entres estos sus hijas y yernos. Pero debido a disputas internas, en 2013 llega al liderazgo uno de los antiguos lugartenientes. llamado Jesús Pachenca, referenciado con el alias de Chucho Mercancía o Chucho Pachenca. Esto hizo que las autoridades empezaran a llamarlos como Los Pachenca. Sin embargo, el delincuente fue dado de baja en 2019.

Desde ese momento empezaron a autodenominarse ACSN, bajo el mando de Deimer Patiño Giraldo, alias 80, quien también fue asesinado. A partir de entonces la línea de mando de la organización no es muy clara. No obstante, varios habitantes de la zona referencian a alias Camilo como uno de los líderes actuales. Hernán Giraldo regresó a Colombia después de pagar una pena de 12 años en Estados Unidos, pero fue encarcelado nuevamente por delitos de violencia sexual con menores de edad.

En 2022, las ACSN manifestaron su intención de iniciar una mesa de diálogos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la política de Paz Total, pero hasta ahora los avances han sido muy pocos. Y con la llegada al país del también exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, el grupo armado publicó un comunicado en el que le pidió abiertamente intervenir como mediador en una posible negociación. La respuesta pública de Mancuso aún no se ha hecho oficial, pero CAMBIO conoció que ya ha habido reuniones privadas para tratar de coordinar la negociación y que el de la Sierra Nevada y las ACSN sería tomado como una especie de plan piloto de diálogos locales por parte del Gobierno nacional.

Jennifer del Toro, alta consejera de paz de la Alcaldía Santa Marta, define la actual situación de orden público de Santa Marta y la zona de influencia de la Sierra Nevada como una especie de violencia de baja intensidad pero generalizada, que incluso ha hecho que la Defensoría del Pueblo haya emitido tres Alertas Tempranas por inminencia de riesgo humanitario en el territorio.

La situación más grave de violencia, dice la funcionaria, se vive en las zonas rurales y en los barrios periféricos del sur de la ciudad, como Ciudad Equidad. Esto pone en riesgo a organizaciones de defensores de derechos humanos, a las mujeres líderes de organizaciones, a las juventudes de sectores populares y a miembros de la comunidad LGTBIQ.

“Estas expresiones de violencia se materializan en desplazamientos forzados, amenazas y asesinatos y atentados en contra de defensores y en casos de secuestro exprés, una especie de violencia, que es relativamente nueva en la ciudad”, explica.

Los datos más recientes de la Alcaldía de Santa Marta determinaron que la tasa de extorsión en la ciudad es del 27 por ciento sobre el total de los negocios activos, casi cuatro puntos más que el promedio en las ciudades de los otros departamentos del Caribe. Estas son expresiones del control de las rentas criminales por parte de los grupos armados que hacen presencia en la Sierra Nevada, y, por otro lado, de las condiciones estructurales de pobreza y de precariedad democrática que impiden la posibilidad de escenarios de paz, según Del Toro.

El 24 de enero pasado, a través de un comunicado público, las ACSN anunciaron su decisión de parar de manera temporal todas sus acciones militares en Santa Marta, Ciénaga y La Guajira, como “muestra de voluntad” para una anunciada reunión convocada por la misma organización para plantear los términos para la posible instalación de una mesa de diálogos. Encuentro que no se materializó y fue catalogada por le grupo armado como un desprecio del Gobierno a su "intención de paz".

Como muestra de su poderío y control, quedó para las estadísticas del conflicto local que durante el cese de operaciones de las ACSN la ciudad de Santa Marta y su área rural completó 10 días sin registrar ningún homicidio. Sin embargo, este nuevo capítulo del conflicto en la Sierra se escribe en medio de duros enfrentamientos de los Conquistadores con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, con quienes se disputan el control de la zona montañosa en el departamento de La Guajira. Esta pugna ha producido múltiples desplazamientos. Todo esto pasa mientras cientos de turistas extranjeros caminan desprevenidos por los caminos de la Sierra o atraviesan emocionados sus cerros en motos, y las autoridades locales y nacionales siguen mirando hacia otro lado.