Imagen de referencia de líderes ambientales.
Crédito: Colprensa.
¿Cuántos líderes ambientales han sido asesinados en Colombia desde que se firmó el Acuerdo de Escazú?
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Colombia firmó el Acuerdo de Escazú en 2019. Tres años después, la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto que ratificó ese acuerdo y esta semana la Corte Constitucional lo avaló. Es un tratado internacional que busca proteger a los defensores ambientales y garantizar el acceso a la información.
Por: Redacción Cambio
El Acuerdo de Escazú fue adoptado en Costa Rica en marzo de 2018 y solo hasta abril de 2021 fue ratificado por 11 estados y entró en rigor para los países miembros.
Sin embargo, Colombia lo firmó en 2019 y solo hasta 2022 aprobó la ley que ratificó el acuerdo. Esta semana, la Corte Constitucional avaló el acto legislativo. Es decir, ahora sí podrá ponerse en marcha esta iniciativa en el país.
Teniendo en cuenta que Colombia es uno de los lugares con altas cifras de asesinatos de líderes sociales, el Acuerdo de Escazú representa una gran oportunidad, porque como asegura la organización Dejusticia, “permite mejores garantías de acceso a información y participación ambiental para tomar decisiones relacionadas con los territorios y las comunidades y se protegen a los defensores del ambiente”.
El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que busca proteger los derechos humanos y el medio ambiente en América Latina y el Caribe. Con él se establecen disposiciones específicas para la promoción, protección y cuidado de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
¿Cuántos líderes ambientales han sido asesinados en Colombia desde 2018?
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) asegura que desde marzo de 2018 —cuando se adoptó el Acuerdo de Escazú—, en el país se han registrado 25 asesinatos de líderes ambientales. Estos se presentaron en 20 municipios de 12 departamentos del país.
Si bien no se puede afirmar que la entrada en vigencia implique una reducción directa en esa cifra de asesinatos, el Acuerdo de Escazú sí pretende crear herramientas para evitar problemas socioambientales.
Así, busca garantizar “que las personas involucradas en actividades que puedan afectar el ambiente participen en la toma de decisiones desde el principio, que las comunidades accedan a la información de manera oportuna, y que exista mayor acceso a la justicia en casos que afecten el ambiente y los derechos humanos”, mencionó la organización World Wildlife Fund (WWF).
Además, la Corte Constitucional dejó claro que este acuerdo busca hacer efectivos derechos al ambiente sano, el acceso a la información ambiental y establece obligaciones concretas a los estados y al sector ambiental.
