La Corte Constitucional avala el Acuerdo de Escazú para la justicia ambiental

La Sala Plena de la Corte Constitucional dio su visto bueno a la Ley 2273 de 2022, mediante la cual el Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca promover el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

El acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica pero solo hasta 2022, recién llegado el Gobierno de Gustavo Petro, fue posible aprobar su ley aprobatoria. Con la decisión del alto tribunal, finalmente, la iniciativa podrá ponerse en marcha.

La decisión tuvo como ponente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez y se adoptó de forma unánime. En este caso había dos dudas: si se necesitaba consulta previa y análisis de impacto fiscal en el trámite en el Congreso o no. Entidades como la Procuraduría, consideraban que no era necesario porque las medidas que contempla el Acuerdo de Escazú no ordenan gasto ni establecen tributos.

Los argumentos de la Corte 

La Sala Plena dijo que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley, y señaló que "no era necesario agotar la consulta previa".

"Esto, porque el Acuerdo no abarca una reglamentación específica de aspectos que afecten de forma directa a las comunidades étnicamente diferenciadas. La regulación en él inserta se enfoca en lograr la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales. También busca refrendar el compromiso por establecer un entorno seguro para las personas defensoras del medio ambiente. Estos propósitos son cuestiones que importan a toda la ciudadanía colombiana. Así mismo, la Corte aclaró que esta Ley no estaba sujeto a la reserva de ley estatutaria", dijo la Corte.

La Sala Plena dijo que el Acuerdo se ajusta a la Constitución Política por varias razones. Primero, porque la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales es presupuesto esencial para garantizar la participación ciudadana y, por lo mismo, guarda correspondencia con lo previsto en los artículos 1, 2, 40, 79 y 95 de la Constitución Política.

La Corte agregó que "el propósito de crear y fortalecer las capacidades y cooperación tributa en beneficio de la realización de dichos derechos, se proyectan como bases para superar las barreras existentes en su ejercicio". Y señaló que "procurar la garantía de un entorno seguro para la población líder y defensora de derechos humanos en asuntos ambientales se corresponde con los artículos 1, 2, 8, 13, 79 y 95.4-8 de la Constitución Política".

El instrumento internacional busca hacer efectivos derechos al ambiente sano, el acceso a la información ambiental y establece obligaciones concretas a los Estados y al sector ambiental para, por ejemplo, implementar las acciones pertinentes para que la información ambiental que generen y recopilen la pongan a disposición del público.

En este debate, la Procuraduría dijo que el mandato derivado del Acuerdo de proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales enfatiza en la necesidad del Estado de garantizar un entorno seguro para que estas personas puedan actuar sin amenazas y “compromete al Estado a diseñar y desarrollar acciones y estrategias para la defensa de los líderes ambientales que han sido perseguidos en diferentes regiones del país”.

Por su parte, el Gobierno decía que era necesario avalar Escazú para luego avanzar en un proceso de reglamentación de procedimientos y llenar vacío legales, "que sería traducir la jurisprudencia que le ha dado garantías a las poblaciones más vulnerables en la participación frente a decisiones ambientales, con procedimientos claros y certeros".