
La Corte Constitucional avala el Acuerdo de Escazú para la justicia ambiental
La Sala Plena de la Corte Constitucional dio su visto bueno a la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información y a la justicia en materia ambiental.
La Sala Plena de la Corte Constitucional dio su visto bueno a la Ley 2273 de 2022, mediante la cual el Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca promover el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica pero solo hasta 2022, recién llegado el Gobierno de Gustavo Petro, fue posible aprobar su ley aprobatoria. Con la decisión del alto tribunal, finalmente, la iniciativa podrá ponerse en marcha.
La decisión tuvo como ponente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez y se adoptó de forma unánime. En este caso había dos dudas: si se necesitaba consulta previa y análisis de impacto fiscal en el trámite en el Congreso o no. Entidades como la Procuraduría, consideraban que no era necesario porque las medidas que contempla el Acuerdo de Escazú no ordenan gasto ni establecen tributos.
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