Día de las víctimas: un luto sin fin

Ocho días antes de que cumpliera 40 años, Carlos Hernando Rey Perdomo dijo que volvía a casa para almorzar. Era taxista y siempre llegaba a la hora exacta. Pero las horas pasaron y Carlos nunca llegó. Era el 23 de agosto de 2003. Desde entonces, su familia no lo volvió a ver. 

Al ver que no regresaba, Gloria Aristizabal, la pareja de Carlos, llamó a sus hermanas en Bogotá. “Tan raro, el gordo me dijo que venía a almorzar y no ha aparecido”, contó a través del teléfono. "Démosle un tiempito a ver qué pasó", respondió Ana Milena tratando de mantener la calma. 

A las 6 de la tarde, Ana Milena volvió a llamar. Pronto la inquietud se convirtió en preocupación. Gloria fue a la policía en Buga, pero le dijeron lo de siempre: que tenía que esperar 72 horas. A los tres días quiso poner la denuncia, pero le informaron que tenían que hacerlo en Tuluá.

Yanira, la otra hermana de Carlos, viajó a Buga. Desde el principio, ella supo que algo no estaba bien. Carlos solía llamarla siempre que se metía en algún problema, del cual Yanira siempre lo sacaba. En compañía de Gloria, fue a la morgue municipal y a los hospitales. No hallaron nada. De allí las remitieron a las oficinas de Bogotá. Y así pasaron los meses: yendo de un lado a otro. 

Yanira, que en ese momento trabajaba en el Ministerio de Defensa, les contó a unos capitanes, pero ellos le dijeron que no podían hacer nada, pues todo lo manejaba la Fiscalía.

A María Lucía Perdomo, la madre de Carlos, le pareció muy raro que el hijo mayor no apareciera el día de su cumpleaños. Por eso insistió tanto en que lo llamaran. Le tuvieron que mentir e inventar excusas que, con el tiempo, no pudieron sostener más. 

Han pasado casi 22 años desde que Carlos desapareció. Ni siquiera su carro se encontró. Toda la información sobre su desaparición es vaga: que lo vieron manejando, que subió una carrera con cuatro personas, que tres se habían ido atrás y una adelante.

Años después se enteraron de que existía la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Les pidieron todos los datos personales y familiares y prometieron ayudarles. Una o dos veces al año visitaban las oficinas para ver si había una pista. 

"Mi hermano era una persona que no tenía problemas, ni vicios. Pero, uno no sabe que de pronto le hayan ofrecido algo para salir del país. Entonces, ¿por qué no averiguamos en Migración Colombia, en el Inpec, algo así?”, insistía Ana Milena. Todas las ideas que le surgían las contaba en la UBPD. Solo así el caso empezó a moverse. "Listo, vamos a generar un oficio", le decían los encargados.

Hubo silencio hasta 2019, cuando cuatro exparamilitares, liderados por el excomandante del Bloque Calima, Éver Veloza García, alias HH, contaron en una audiencia que conocían del caso del taxista de Buga. 

El Bloque Calima fue el ala de los paramilitares que operó desde mediados de 1999 hasta la firma final del proceso de su desmovilización, el 18 de diciembre de 2004. Veloza fue uno de los líderes que primero confesó y que más dijo sobre numerosos crímenes y alianzas de políticos, empresarios, narcotraficantes y la fuerza pública con su organización criminal. Pero su posterior extradición a Estados Unidos, en 2009, dejó muchas historias inconclusas. Alias HH volvió a Colombia en 2017. 

Lo único que se sabe, según cuenta Ana Milena Rey, es que por su trabajo de taxista, a su hermano Carlos pudieron haberlo considerado “un posible informante”. Por este motivo, muchos vendedores ambulantes y transportadores fueron ajusticiados o desaparecidos durante los días más álgidos del conflicto. "Puede que lo consideren un informante porque él conoce la zona, porque está para aquí y para allá. Pero es que no se mete con nadie”, decía Ana Milena.

La investigación por el caso de Carlos no avanza desde 2021, a pesar de la información que los paramilitares aportaron, dicen las hermanas Rey. Por eso les dolió tanto saber que alias HH iba a quedar en libertad. "Sí sabía de mi hermano porque confesó. Entonces, ¿dónde quedan todas esas personas que necesitamos saber de nuestros seres queridos?”, reclama Ana Milena.

En este momento, el proceso está en el limbo. Los constantes cambios en los funcionarios a cargo de la investigación terminan por entorpecer cualquier avance. La última indicación que le dieron a la familia fue que se tenían que entender con la seccional de la UBPD del Valle, pero el teléfono que les dieron nadie nunca lo contestó.

Hace dos años que Ana Milena se integró al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), donde siente que hacen un buen trabajo. 

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“Desafortunadamente, nos hicieron buscadoras a las personas, tanto hombres como mujeres. En este caso somos más las mujeres por sentimentalismo, por unidad familiar, por lo que sea. Y uno encuentra algo, pero siempre hay algo que lo tranca. Entonces queda uno como en esa incertidumbre todo el tiempo”, dice con decepción, porque se sienten solas, sin acompañamiento del Estado.

Lo único que ellas piden es que alguien las escuche y les comuniquen los avances. Que les digan quién se encarga de los trabajos de campo y de revisar los datos. Les duele el silencio: la memoria de sus seres queridos.

Las hermanas Rey aún lloran juntas por su hermano. “¿No se supone que si tú vas a las actividades es para que saques todo ese sentimiento que tienes”, le preguntó una compañera de Movice hace unos días a Ana Milena. "Se supone, pero es que el amor por un ser querido nunca se apaga, nunca se pierde", respondió. 

La madre de Carlos falleció en 2019, a los 82 años. “Me morí esperando”, les dijo a sus hijas cuando agonizaba.Es fuerte, dice Ana Milena, “nadie de afuera de la familia siente lo que nosotros sentimos”.

Por momentos, como olvidando que ha muerto, las hermanas Rey hablan de Carlos en presente: “Es el hermano mayor, taxista y vive con su mujer en Buga”. 

“El Negro no llamó”: Luz Marina Hache Contreras

Su compañero, Eduardo Loffsner, desapareció hace 39 años. Desde entonces, ella trabaja por las víctimas de desaparición forzada en el país. Hoy es vocera nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). 

Las palabras aún le resuenan en los oídos a Luz Marina. “Me dejaste viudo”, le dijo Eduardo. “¿Cómo así viudo?”, respondió ella. "No me hagas caso que tengo la malparidez en el nombre”, dijo el Negro, como ella le decía de cariño, y le contó que el compañero Ospina, miembro también del sindicato de la universidad, llevaba ocho días desaparecido. “Yo estoy sintiendo pasos de animal grande”, confesó Eduardo.

Luz Marina le preguntó si quería que se regresara al día siguiente a Bogotá para acompañarlo. Él se negó. Le dijo que terminara sus tareas en Santa Marta y que la volvería a llamar el 20 de noviembre, dos días después.

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Desde ese día de 1986, Eduardo Loffsner Torres está desaparecido. Pero, por la última llamada de esos días, ella deduce que tuvo que ir al sindicato a averiguar el número del teléfono de la oficina del banco en Santa Marta. Todavía no existía el teléfono celular. Hablaron a eso de las 5 de la tarde.

Nunca más volvieron a hablar. El Negro no llamó.

Luz Marina volvió a Bogotá el 22 de noviembre. Pero Eduardo no llegó a recogerla al aeropuerto, como solía hacerlo. Ella llamó a preguntarle a su mamá, quien le confirmó que no veía a Eduardo desde el 18 de noviembre, cuando “había pasado a buscar al niño para llevarlo al médico”.

La desaparición forzada tumbó la puerta de su hogar. Loffsner Torres era dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pedagógica de Colombia. Años antes de su desaparición, había sido detenido sindicado de pertenecer al M-19, en medio de los operativos de recuperación de las armas hurtadas en el Cantón Norte del Ejército. Estuvo preso hasta 1983. Salió como consecuencia de la amnistía firmada por el presidente Belisario Betancur para los integrantes de esa guerrilla.

Desde el momento en que obtuvo su libertad, se vinculó con un proyecto político de Ricardo Lara Parada en Barrancabermeja. Así, el Negro andaba entre Barrancas y Bogotá. En ese momento ella era dirigente del Sindicato de Trabajadores del Banco Cafetero.

El mismo día en que volvió a Bogotá empezó la búsqueda. Se dio a la tarea de reconstruir sus pasos. Confirmó que el Negro estuvo el 20 en una reunión del sindicato de la Universidad Pedagógica; de allí salió a otra cita en la calle 19 con 5, en el Centro de Bogotá. En una cafetería del sector, una señora le confirmó que había estado ahí a las 3 de la tarde, que compartió mesas con dos personas más. 

No tiene una sola respuesta. Ni siquiera de la Fiscalía, que ahora tiene a cargo las investigaciones. Han pasado 39 años y ya perdió la esperanza de encontrarlo con vida. Pero quiere que alguien le diga dónde está y qué hicieron con él. Tener un sitio a donde llevarle flores. Hablarle.

Nadie le ha dado una sola pista: ni la JEP, ni la Unidad de Víctimas. En la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas también tienen sus datos y la información familiar, “pero, no hay ni un plan en el caso específico de Eduardo. Y en la JEP solamente hablan con las víctimas que han sido reconocidas, que no es nuestro caso”.

La desaparición del Negro fue muy fuerte para Luz Marina, a pesar de que un tiempo antes ella ya venía acompañando a la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, porque había experimentado en carne propia estar detenida y ver a la gente buscar a sus familiares que podían estar o no vivos.

Si le piden un balance de su experiencia durante estos años de búsqueda dice que ha visto cosas positivas y cosas negativas. 

“¿Por qué las mujeres?”, se pregunta en voz alta. Y tiene clara la respuesta: porque el conflicto colombiano se ha llevado a nuestros hombres. Los han asesinado, desaparecido o han tenido que salir del país. Y nos quedamos las mujeres dándole la cara a eso y convirtiéndonos en la conciencia moral de la nación. Porque un crimen como la desaparición forzada no puede pasar inalterable.

“No es lo mismo que el secuestro, a lo que se le ha dado la importancia necesaria”, explica Luz. Entonces pregunta, otra vez en voz alta: “¿Y la desaparición forzada qué?, ¿por qué se han negado sistemáticamente a abrir un macro caso sobre esa violación forzada, con el argumento que en todos los macrocasos tangencialmente está el tema de la prisión?”.

Insiste en que la desaparición es un delito autónomo, que tiene que ver con detenciones, torturas y asesinatos. Entonces se entristece, porque siente que ya casi no les queda esperanza, ni siquiera la insistencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ni las jornadas de protestas, las manifestaciones, los gritos de tantas mujeres juntas.

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No ha importado que la cifra de desaparecidos sea de 121.768 personas en el marco del conflicto armado, en el periodo entre 1985 y 2016. Lo peor, confiesa Luz Marina, es que mucha gente ni siquiera ha podido denunciar, porque los actores armados siguen manejando el territorio.

La lucha de Luz Marina por la víctimas también tuvo el precio del exilio después de sufrir un atentado por grupos paramilitares. En el 2000 tuvo que refugiarse en Francia. Ahora sigue al frente del Movice. 

“¿Algo bueno?”. El año pasado el Gobierno nacional expidió la Ley de las mujeres buscadoras. “¿Pero, cómo hacemos para parar este delito? -pregunta-. Porque siguen desapareciendo personas y, ayer como hoy, el Estado tiene responsabilidad por acción directa o por omisión. Ha cumplido ese mandato”.

Salta una última pregunta: “¿Usted qué le diría al país después de tantos años de búsqueda y lucha?”.

Sin titubear, Luz Marina responde: “Mi mensaje y el de Eduardo sigue siendo el mismo: defender la vida y transformar este país donde hay inequidades sociales que no se han resuelto”.

“El camino después de destapar el horror y encontrar la verdad es perdonar”: Jacqueline Castillo

Desde el crimen de su hermano, Jaime Castillo Peña, en agosto de 2008, Jacqueline trabaja por la verdad detrás de los casos de los 'falsos positivos'. Pero 17 años después, su grito es por el perdón como un camino efectivo a la verdad.

Era de noche. Llegaron hasta la mitad de una montaña en donde le dijeron que tenía que caminar el último tramo porque el carro no podía subir. Era un camino de trocha. En lo alto había una luz encendida. Caminaron un poco más. Llegaron a una finca. No sabía que era una fosa común. Encontró un hueco en la tierra en donde había varios cuerpos. Jacqueline Castillo vio cómo los sacaron todos, uno tras otro. Como llevaban varios meses enterrados, sus pieles estaban rasgadas y era imposible identificarlos a simple vista. Le entregaron el último que pensaron era Jaime Castillo Peña: su hermano, quien había desaparecido dos meses atrás en Bogotá, el 10 de agosto del año 2008.

Jaime figura en una lista de 6.402 personas víctimas de los Falsos Positivos, los crímenes ejecutados por la Fuerza Pública, que fueron reconocidos por la Comisión de la Verdad como uno de los escándalos más graves sobre violación a los Derechos Humanos en Colombia.

De los falsos positivos comenzó a hablarse ese año, después de que se conoció el caso de 19 jóvenes del municipio de Soacha y de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, que habían aparecido en una fosa común en Ocaña, tras ser ejecutados y presentados como guerrilleros muertos en combate por parte del Ejército. Según la Comisión, ocurrieron para incrementar las cifras de muertos del enemigo, privilegiando las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar. 

En medio de la tragedia, Jacqueline y su familia tuvieron la suerte de que su búsqueda fue muy corta. Había visto noticias en esos días, pero nunca imaginó que Jaime, de 42 años, formaría parte de ese horror. El hallazgo se dio por la sugerencia de la investigadora que les habían asignado en el CTI de la Fiscalía para investigar el caso. Ella le dijo que buscara "entre los que encontraron en Ocaña", porque las fechas coincidían. 

El viaje hasta Ocaña fueron 16 horas de dolor. Ella pensó que iba a llegar a un cementerio. Pero tras hacer todo el trámite en la Fiscalía, en Medicina Legal, le dijeron que iban a hacer la exhumación. Hoy, con todo sus años de lucha y de ir acumulando conocimiento, Jacqueline sabe que lo que hicieron ese día con los cuerpos fue ilegal.

La muerte para Jaime llegó después de conocer a Alexander Carretero, quien después fue reconocido como un reclutador que contactaba a jóvenes y les ofrecía trabajos para llevárselos mediante engaños. Por esto, fue condenado a 44 años de prisión por la muerte de 14 jóvenes residentes de Soacha. 

A Jaime, quien vendía dulces en las calles y eventualmente ayudaba en una carpintería de un familiar, le ofreció trabajo como recogedor de café. Él nunca había salido de Bogotá, no tenía problemas. Pero, en una oportunidad le contó a uno de sus hermanos que unos tipos de un carro rojo lo buscaban y lo seguían a diario. 

La desaparición de Jaime coincidió con los días de vacaciones laborales de Jacqueline. Como él no asistió a los habituales encuentros familiares, todos supieron que algo raro estaba pasando. Su muerte se traduce hoy en 17 años de lucha, porque a pesar de encontrar el que creen que es su cuerpo, la familia, como víctima del conflicto, ha enfrentado los tortuosos caminos de la justicia y la verdad. 

Primero, el calvario de la justicia ordinaria, en la cual siempre hubo aplazamientos y nunca una imputación de cargos a nadie. Hasta que el caso pasó a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y aunque ahora ella ve con optimismo lo que ha venido pasando, que a pesar de que sus familiares no eran combatientes, ni pertenecían a ningún grupo armado, ha tomado importancia el hecho de conocer la verdad, de saber por qué sucedió todo eso. Sobre todo gracias al compromiso de los comparecientes al contar los hechos y la pelea de las familias por llegar al verdadero responsable de quién dio la orden de cometer esos crímenes.

“Las murallas las hemos ido tumbando. Las ventanas cerradas por distintas fuerzas políticas las hemos ido abriendo. Todo por la verdad. A mí me dio bastante duro saber que quienes habían asesinado a estos jóvenes habían sido del Ejército, que se suponen están para cuidar la vida del ciudadano. A nosotras como familia nos movió el demostrar que nuestros familiares no eran guerrilleros y que habían sido unos crímenes de Estado”, resume Jacqueline.

Y dice que los casos de falsos positivos de Soacha tienen un componente más trágico porque se trataba de familias muy pobres, con antecedentes de desplazamiento forzado de sus tierras, con miembros y madres que en su mayoría no pudieron estudiar, situaciones que los hacen más vulnerables.

Eso la llevó a integrarse de forma activa y a convertirse en representante de la asociación de Madres de Falsos Positivos (Mafapo) que lucha para que esos casos no queden en el olvido.

Jacqueline cree que la resiliencia de las víctimas para buscar la verdad ha sido la clave para enfrentarse a las amenazas por su lucha y así poder “destapar este horror”. “Ha sido muy interesante escuchar versiones de militares involucrados en estos crímenes, sobre la presión que vivían en el interior del Ejército, de saber que tuvieron que asesinar a sus propios compañeros que no quisieron cumplir estas órdenes”, dice.

Y sobre la cifra de 6.402, cuestionada por algunos negacionistas, Jacqueline cree que ya no hace falta discutir, que con esto se demostró que había sido una práctica sistemática bajo una política de Estado que venía direccionada por altos mandos militares y “no unas manzanas podridas, como lo decía el presidente Álvaro Uribe, sino son más de 4.500 militares que están siendo investigados. Y que hubo una directriz que de acuerdo a resultados recibían beneficios”.

Ahora cree que, más allá de las condenas, es importante que los involucrados cuenten dónde están todos los cuerpos que no se han encontrado. “Lo que nosotros de verdad queremos es contribuir a la paz del país. Para eso de alguna manera tenemos que perdonar, juntarnos con estas personas que cometieron todos estos crímenes”, dice sin miedo ni rencor.

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Venganza es otra palabra que Jacqueline no suele usar. Cree que todos, incluyendo a los militares que ejecutaron los Falsos Positivos, tienen el derecho a una segunda oportunidad. 

Jacqueline y sus compañeras también están felices porque pronto iniciarán las obras de la construcción del Parque memorial 6.402 Razones para no Olvidar, un recinto - monumento en el que han pedido que los comparecientes por los 'falsos positivos' pongan su mano de obra como una manera de reparación a las víctimas. Este será construido en el sitio donde funcionaba la antigua Estación del Tren de la Sabana, en Bogotá, en honor a la memoria de las familias.

Sorpresivamente, hace unos días le avisaron a Jacqueline que el cuerpo de su hermano Jaime será exhumado una vez más después de Semana Santa. Le practicarán pruebas de ADN porque necesitan comprobar si en realidad no es el de un joven que fue desaparecido en el Catatumbo y a quien las autoridades le siguen la pista. Después de tanto dolor, para ella y muchas otras víctimas la noche no acaba y la búsqueda tampoco termina.