El paro minero en el Bajo Cauca antioqueño: ¿Dónde ubicar la línea roja?

Ya se cumplen más de quince días desde que se inició el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Quince días de tensión y desacuerdos. De un lado, los mineros exigen garantías para poder trabajar; del otro, el Gobierno insiste en combatir a toda costa la minería ilegal, que arrasa con los bosques y con el agua y que, además, es financiada por el Clan del Golfo, aprovechándose de la vulnerabilidad de los mineros artesanales, que son, como suele ocurrir, los que más se han visto afectados.

Entre toques de queda, maquinarias explotadas, cierres viales, ambulancias incineradas, un niño de 12 años muerto por los bloqueos, atentados contra la fuerza pública —entre ellos, el intento de quemar vivos a dos soldados en Cáceres, Antioquia—, lo único que ha quedado en evidencia es la dificultad para delimitar la línea roja que divida las acciones de la fuerza pública contra el Clan del Golfo y la necesidad de atender los reclamos de los mineros de la zona, para quienes la minería es el único medio de supervivencia. 

Una vez más, los habitantes del Bajo Cauca andan cercados entre dos flancos: la presión de la fuerza pública y la del Clan del Golfo. El resultado es un costo altísimo. Hasta la fecha, la parálisis en la región ha mantenido recluidos a los habitantes de 16 municipios. Aunque en las últimas horas se ha vuelto a permitir la apertura de locales y el desplazamiento de gente, las pérdidas económicas son enormes. Y lo que es peor: los habitantes temen que el paro haya servido, una vez más, para demostrar el poderío que tiene el Clan del Golfo. 

¿Qué dicen los mineros? 

El paro se inició por una serie de acciones ejecutadas por el Ejército Nacional en Tarazá, Valdivia y Caucasia, principalmente, para frenar el avance de la minería ilegal; en particular, la quema de cinco "dragones" –dragas ilegales de gran envergadura– que, según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, alimentaban las arcas de las organizaciones ilegales. Pero los mineros aseguran que el Ejército también les ha destruido la llamada "maquinaria amarilla", que no son las del Clan del Golfo sino que son las que utilizan ellos para cavar huecos profundos y extraer el oro y los otros minerales que les sirven para la subsistencia.

“Le estamos exigiendo al Gobierno del Cambio que nos dé las garantías para poder vivir y trabajar en nuestra región” –asegura Saúl Bedoya, vocero del Comité Pro Paro Minero–. Hemos solicitado al Gobierno que, en lugar de utilizar al Ejército para quemar las dragas, mejor nos hagan una caracterización de los medianos y pequeños mineros que hemos trabajado en la zona desde hace décadas. Nosotros queremos poder trabajar, nada más”. 

De acuerdo con datos de la Contraloría, en la región del Bajo Cauca hay alrededor de 60.000 hectáreas dedicadas a la explotación de minería ilegal.  Y, según la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia, en municipios como Caucasia el 68 por ciento de los habitantes hacen trabajos informales. La minería ilegal es el más recurrente. 

A pesar de Bedoya reconoce que el Gobierno ha mostrado una muy buena voluntad para el diálogo, no ha pasado lo mismo con los acuerdos. La propuesta del Ejecutivo –según él– ha sido ofrecerles subsidios, cuando eso no es lo que ellos han solicitado: “Nosotros acá no vinimos a pedir limosnas. Nosotros lo que queremos es trabajar. Para nosotros, la minería es nuestro modo de vida porque vivimos en una zona minera. Por eso, que nos ofrezcan subsidios no va a ayudar en nada para levantar el paro”. 

El gran problema de la negociación ha sido cómo apartar los reclamos legítimos de los mineros ancestrales de las imposiciones del Clan del Golfo. En otras palabras, asegurarse de que los acuerdos a los que se llegue con las organizaciones mineras no terminen favoreciendo las intenciones de los grupos al margen de la ley; y garantizar que las acciones militares contra la minería ilegal del Clan del Golfo no terminen borrando los derechos de las comunidades.

“Por supuesto que han habido personas que han aprovechado este contexto para hacer diversos atentados. Nosotros esperamos que sobre ellos haya investigación y que sean llevados ante las autoridades. Pero nada tienen que ver con nuestras movilizaciones, ni con nuestras peticiones. Desde el principio, nuestro paro ha sido pacífico”, señala Bedoya.

Pero no para todos es tan evidente la diferencia entre los grupos. “Aquí usted sabe quién está detrás de todo esto, pero hay tanto miedo que nadie le va a decir la verdad”, le dijo a CAMBIO una lideresa que, entre susurros, contó lo que ha vivido en Tarazá. Para ella, la mano de los grupos armados ilegales ha sido más que evidente. "La minería ha sido utilizada para financiar al Clan del Golfo y la relación entre las dos situaciones no la podemos negar". 

¿Cuál es la posición del Gobierno nacional?

El primero que habló de un “falso paro minero” fue el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Durante una entrevista, aseguró que la Policía había conseguido pruebas de que los mineros estaban siendo instrumentalizados por el Clan del Golfo: “Porque tenemos no solo la información, sino las pruebas de capturas hechas por el Ejército y por la Policía, pero adicionalmente mensajes de WhatsApp y distintos mensajes enviados por la organización criminal del Clan del Golfo para obligar a los ciudadanos de estas subregiones a cerrar el comercio, no asistir a las actividades del sector educativo y obviamente, también se ha visto se ha visto claramente la presencia en las manifestaciones que han obstruido las vías”. 

Unas horas después, fue el mismo presidente Gustavo Petro el que aseguró que el paro efectivamente estaba siendo financiado por el Clan del Golfo. De acuerdo con su información y la del Ministerio de Defensa, la quema de los "dragones" en días anteriores llevó a que el grupo armado ilegal terminara por instigar las acciones que han ocurrido todos estos días. 

“Esa circunstancia ya demuestra un hecho contundente, y es que usan el cese al fuego para fortalecer la economía ilegal, y eso no es posible. Si se va hacía la paz, la economía ilegal debe desmontarse progresivamente, no aumentar progresivamente. Porque cuando estás aumentando progresivamente la economía ilegal, estás acumulando riquezas para comprar más armas, es decir, para ejercer más violencia, y eso es lo contrario a un proceso de paz”, dijo el Presidente. 

¿Qué dicen las organizaciones humanitarias? 

El Gobierno afirma que la prioridad, ahora, ha sido separar a los mineros verdaderos de las intenciones del grupo armado ilegal, para avanzar en la negociación que pueda restaurar la tranquilidad en el Bajo Cauca. 

Sin embargo, las organizaciones humanitarias y los líderes en la zona consideran que la visión del gobierno se está quedando corta. “Reiteramos la necesidad de llevar a cabo una reunión con el presidente Gustavo Petro, para que la situación del Bajo Cauca no se limite al tema de la minería legal e ilegal, sino que se aborde desde una perspectiva integral de derechos humanos, derechos de la naturaleza y seguridad humana, estamos con toda la disposición de aportar a la construcción de la paz en nuestros territorios”, es la posición de las organizaciones, entre las que se encuentran la Corporación Jurídica Libertad y las Iglesias Santuarios de Paz. 

Las organizaciones denuncian, una vez más, lo que ya se sabe: que la región está sumida bajo el poderío del Clan del Golfo, que aprovecha, además, para recrudecer el reclutamiento forzado de niños y la captación de niñas con fines de explotación sexual. Y advierten que también es necesario combatir las graves afectaciones ambientales de la minería legal. De hecho, recientemente la Procuraduría solicitó a la Fiscalía investigar, por delitos ambientales, a las empresas legales que se dedican a la minería en la zona. 

Ángela Olaya, analista de la Fundación Conflict Responses (CORE), añade que la urgencia es implementar a cabalidad lo pactado en los Acuerdos de Paz: “Aquí hubo una muy baja implementación de los acuerdos. Eso ha llevado a que las tensiones aumenten y que los problemas se agudicen. En este sentido, las negociaciones de la paz total deben tener una consideración muy concreta en esta región”.

Tanto para ella, como para Camilo Posso, director de Indepaz, la influencia de los actores armados en el Bajo Cauca es más que evidente: “Sin embargo, aunque tiene una expresión social, cooptada en ocasiones por los grupos armados, el paro no puede ser calificado como un paro armado, ni tampoco como un falso paro minero. Aquí ocurrieron una gran mayoría de manifestaciones desarmadas, pacíficas, que no son comparables a lo que sí se vivió hace unos meses con el paro armado de las AGC, cuando el país se paralizó por hombres armados”. 

Para los dos analistas, reducir las manifestaciones de los últimos días a la influencia de los grupos armados sería desconocer los problemas de una región que por décadas ha sufrido la falta de garantías para desarrollarse en forma pacífica.