En Córdoba, los reclamantes de tierras ruegan por un mayor acompañamiento del Estado
13 Junio 2023

En Córdoba, los reclamantes de tierras ruegan por un mayor acompañamiento del Estado

La Comisión Colombiana de Juristas denuncia que Córdoba se ha convertido en una de las zonas más peligrosas para el programa de restitución de tierras, por la violencia que ejercen los grupos armados contra los campesinos beneficiados.

Por: Maria F. Fitzgerald

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Desde 2019, líderes y consejos campesinos de Córdoba han venido denunciando que la persecución en su contra se ha recrudecido. De acuerdo con las denuncias, las asociaciones campesinas y los líderes, principalmente los reclamantes de tierras y quienes han acompañado procesos de sustitución de cultivos ilícitos, son quienes han sido más perseguidos. 

Los asesinatos, las extorsiones y las amenazas han derivado en que, de acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), solo entre enero y mayo de este año se hayan vivido más de 56 hechos victimizantes. El más reciente de ellos fue el asesinato de dos líderes reclamantes de tierras que desde hacía meses venían recibiendo amenazas por defender los procesos de restitución de tierras en el sur del departamento. 

 

Por qué la violencia se ha recrudecido en Córdoba

Justo desde 2019, la Defensoría del Pueblo empezó a emitir una serie de alertas en las que señalaba que la creciente presencia de grupos armados ilegales no permitía que se llevaran a cabo con tranquilidad los procesos de restitución de tierras. 

La Defensoría señala que el conflicto se recrudece principalmente en el sur de Córdoba, donde los campesinos pertenecientes a Asodecas, Ascsucor, Coccam, Funsacp, Anzorc y Cordoberxia –todas ellas agremiaciones enfocadas en la restitución de tierras–, sufren una persecución. A esa lista se suman los firmantes de paz en proceso de reincorporación, las autoridades indígenas embera katío, grupos de voluntariado médico y representantes de cooperación internacional. 

La Defensoría asegura que el conflicto se ha agudizado por la explotación de minerales preciosos: “En este espacio confluyen los intereses de diversos actores armados legales e ilegales atraídos por la fertilidad de los valles del Sinú y el San Jorge, la riqueza hídrica y los recursos del subsuelo que han dado origen a la creación del Distrito Minero Montelíbano en la subregión del San Jorge, cuyos principales recursos minerales están representados en ferroníquel, carbón, oro, plata y cobre”. 

José David Ortega, líder en Ascsurcor –que defiende el cumplimiento de la sustitución de cultivos ilícitos–, asegura que este año todo ha empeorado por la llegada del frente 36 de las Disidencias de las FARC: “Entraron a pelearle el territorio a las AGC y eso lo único que ha hecho ha sido empeorar la situación”. 

Ortega asegura que no tiene conocimiento sobre si el control de las zonas se ha buscado para controlar la minería ilegal. Sin embargo, sí considera que ha sido una guerra que ha empeorado por el manejo de los cultivos y por las restituciones de tierra. 

Investigadores de la Comisión Colombiana de Juristas consideran que las 120 familias que recibieron los predios de la hacienda Pontevedra, en el municipio de Planeta Rica, por parte de la SAE, están en riesgo de sufrir algún tipo de violencia de parte de grupos armados. Esta entrega, que involucró 1.200 hectáreas, avaluadas en más de 10.000 millones de pesos, ocurida en diciembre de 2022, fue una de las primeras realizadas por el gobierno de Gustavo Petro. 

Sin embargo, la Comisión denuncia que, ante el bajo acompañamiento del Estado, las familias han empezado a recibir intimidaciones por parte de los grupos armados que hacen presencia en la zona. 

Ortega considera que la única forma de mitigar el impacto de tanta violencia es la presencia estatal: “Cuando digo institucional es que todo el Estado se vuelque a esos territorios históricamente olvidados a transformarlo para de esa manera ganarles el control a los violentos, que son quienes controlan los territorios”. 

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