Entre desplazamientos masivos y asesinatos: el drama de los excombatientes

El pasado 2 de julio, después de advertirlo por más de un mes, y tras sufrir en mayo el asesinato de dos firmantes, cientos de excombatientes y sus familias tuvieron que salir amenazadas del ETCR de Vista Hermosa, Meta, donde se hallaban ubicados tras la firma de los acuerdos de Paz.

Entre ellos hay al menos 214 hombres, 99 mujeres y 51 niñas y niños, quienes ahora están reubicados en el estadio de Granada, Meta, donde han recibido la atención de varias organizaciones, entre ellas la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Defensoría del Pueblo, la misión de la ONU en Colombia y la OEA. Por el momento, esperan ser reubicados en otro lugar que les permita retomar sus proyectos productivos y tener acceso a vivienda digna, pues actualmente están viviendo en carpas. 

Laura Bonilla, subdirectora de la ONG Pares, asegura que aún es posible sentir los efectos de la baja implementación de los Acuerdos de Paz durante la presidencia de Iván Duque. Estos efectos han causado que los excombatientes sean una población altamente vulnerable, "que debe ser protegida para que otros proyectos de paz puedan afianzarse”. 

Un panorama difícil

No es la primera vez que un grupo de excombatientes debe desplazarse. En 2020, más de 200 excombatientes tuvieron que moverse de la zona de Ituango, también por amenazas. Lo mismo pasó en Dabeiba unos meses después. En Meta, las familias y excombatientes del ETCR de Mesetas han denunciado amenazas desde hace meses por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del estado mayor de las Disidencias. 

Bonilla asegura que la desatención sobre los firmantes de paz ha dejado a miles de excombatientes amenazados y más de 357 asesinados. 

“En este Gobierno existe una ventaja y es que no hay un negacionismo, cosa que sí ocurría con el gobierno anterior. Acá al menos existe una actitud de promover acciones que lleven a proteger a los excombatientes que han tenido que enfrentar tantas violencias. Por ejemplo, la entrega de 118 hectáreas en La Guajira a excombatientes para que sean dueños de su propia tierra. Sin embargo, aún es necesario tomar medidas más puntuales, como atender más rápidamente las alertas tempranas, lo cual significa despliegue del Ejército y de atención humanitaria”, asegura Bonilla. 

Camilo Posso, director de Indepaz, señala que solo este año se han presentado 34 asesinatos a firmantes de la paz en todo el país y eso solo evidencia la profunda desprotección que están enfrentando: “El gobierno pasado lo que hizo fue generar una animadversión sobre los firmantes de la paz, y eso los dejó desamparados. El deber de este Gobierno es desarrollar procesos de reincorporación política para que dejen de matarlos”. 

Para Bonilla es necesario evitar a toda costa el desplazamiento porque atenta directamente contra un proyecto de paz sostenible: “Entregar tierras productivas y apoyar proyectos son las únicas formas como conseguiremos que las armas dejen de alcanzar a las personas. Pero si las personas sufren desplazamiento, por amenazas o por falta de apoyo en sus proyectos, la posibilidad de que vuelvan a las armas aumenta”.