Erradicación o interdicción: el dilema de la lucha contra las drogas

El día que se posesionó como presidente, Gustavo Petro propuso cambiar la estrategia de la lucha contra el narcotráfico: en vez de perseguir a los cultivadores de coca, considerados el eslabón más débil de la cadena, perseguir a los grandes comerciantes de la cocaína.

“No será ya más la fumigación sobre campesinos, no será la guerra entre la fuerza pública y el campesinado de Colombia. Tiene que ser la interdicción, es decir, detener los grandes cargamentos, salgan por mar, por río o por aire. Tiene que ser detener a los dueños del capital”, afirmó el presidente.

En efecto, los primeros tres meses del año, la Policía Antinarcóticos ha erradicado apenas 2.450 hectáreas de cultivos ilícitos, mientras que el Ejército no ha arrancado ni una sola mata. En el mismo periodo de 2022, las hectáreas erradicadas sumaban 8.000.

En entrevista con Reuters, el fiscal general, Francisco Barbosa, se declaró preocupado por el asunto. A su modo de ver, ya era suficientemente delicado haber suspendido la fumigación aérea con glifosato, como para añadirles un favor más a los narcotraficantes.

Según él, las decisiones del Gobierno en relación con los cultivos ilícitos podrían producir una descertificación de Estados Unidos, que anualmente entrega alrededor de 450 millones de dólares en asistencia para combatir la producción y el tráfico de drogas. "Sin ninguna duda que hay un riesgo. Por eso lo estamos advirtiendo. Yo espero que Colombia luche para no convertirse en un narcoestado", dijo el fiscal.

Las cifras del más reciente informe de las Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos es elocuente. Entre 2020 y 2021 el país experimentó un aumento de 43 por ciento en el número de hectáreas cultivadas de coca, al pasar de 143.000 en 2020, a 204.000, en 2021. El temor del fiscal y de algunos funcionarios de Estados Unidos es que la mano blanda del Gobierno con los campesinos no haga sino incrementarlas.

Juan Fernando Varona, profesor de la Universidad Externado y experto en drogas, opinó que no necesariamente. Al fin y al cabo, tampoco se puede afirmar que la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender la aspersión aérea en 2014 haya sido la única causa del aumento de los cultivos de coca en los últimos nueve años.

"Además de la suspensión del programa de aspersión, hay dos factores que han incidido en el aumento de plantaciones de la hoja de coca desde 2014: la disminución en el precio de minerales como el oro, y el constante aumento de la tasa de cambio, que llevó a los grupos ilegales a estimular el cultivo por los bajísimos costos de la mano de obra, que es pagada en pesos, y porque la producción de cocaína para exportación es pagada en dólares", afirmó el profesor.

Uno de los riesgos de que el Gobierno se despreocupe de los cultivos para concentrarse en la persecución del producto terminado, según los expertos, es que los carteles sigan patrocinando la deforestación.

El coronel retirado Juan Carlos González dice que ya los narcotraficantes han estimulado a los campesinos a cultivar en zonas protegidas, como parques naturales  y resguardos indígenas, lugares donde está prohibida incluso la aspersión terrestre con glifosato: "Durante los últimos tres años, se han incrementado en más de un 70 por ciento los cultivos en zonas donde, por orden judicial, no es posible fumigar; por ejemplo en Tumaco y en Catatumbo".

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, en un debate de control político sucedido el martes 28 de marzo, defendió la idea del Gobierno al decir que desde el año 2000 se han fumigado en Colombia 2 millones de hectáreas y se ha erradicado otro millón más manualmente sin que el negocio se haya visto afectado. E insistió:

“La nueva estrategia implica enfocarse en la incautación de insumos, en la interdicción de la droga y en golpear los bienes de los grandes narcotraficantes, a través de la extinción de dominio”.

Velásquez informó que las autoridades han logrado incautar 106 toneladas de clorhidrato de cocaína, destruir 1.161 laboratorios para el procesamiento de droga y extinguir el dominio de bienes muebles e inmuebles por un valor superior a los 154.000 millones de pesos.

¿El tiro por la culata?

Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, dice que el gran inconveniente de esta estrategia es que el negocio es muy rentable: los actores armados le pagan al campesino 600.000 pesos por cada kilo de pasta de coca, con lo que obtienen mensualmente una ganancia entre 1.800.000 y 3.000.000 de pesos.

Aunque también advierte una paradoja: “El aumento de cultivos ha llevado a una sobreproducción. Ante la ausencia de suficientes compradores, la cosecha se esté perdiendo en bodegas”.

Daniel Rico, experto en drogas y quien asesoró a los gobiernos de Iván Duque y Juan Manuel Santos, dice que en el Catatumbo, Tumaco y el sur del Nariño, los campesinos han tenido que casi regalar las cosechas a las organizaciones ilegales para no quedarse con la producción.

En opinión de Andrés Saldarriaga, profesor de la Universidad Central, la sobreproducción debería ser aprovechada por el Gobierno para ofrecerles a los campesinos programas de sustitución de cultivos y una mayor presencia de las instituciones del Estado. Pero eso está lejos de suceder.

En cambio, la estrategia propuesta por el Gobierno puede llevar a que se incremente el precio de los insumos para la elaboración de la pasta base de coca, lo cual tendría un efecto en los pagos que realizan mensualmente los grupos ilegales a los campesinos. Al menos eso opina Juan Carlos Garzón:

“El precio de los precursores, como por ejemplo el cemento, que compraban a 100.000 pesos, podría aumentar al doble por los controles del Gobierno, lo que llevaría a las organizaciones ilegales a disminuir el precio que pagan por la arroba de coca”.

Saldarriaga añadió que también debería ejercerse un mayor control en las estaciones de servicio de gasolina, ingrediente básico para la elaboración de pasta de coca: “Es increíble que en Argelia, Cauca, que tiene una población de 25.000 habitantes, haya más de 19 estaciones de gasolina, más que las que tiene Popayán, que tiene una población de 350.000 habitantes. Eso es un claro indicio de que el combustible no es utilizado tanto para los vehículos como para la elaboración de cocaína”.

Mientras tanto, el programa de sustitución de cultivos incluido en el Acuerdo de Paz con las Farc en 2018 no ha tenido buenos resultados. Según los campesinos que se acogieron al programa, solo recibieron pago por las primeras cosechas; luego, los dejaron solos.

"En  Balboa, Nariño, los campesinos comenzaron a sembrar quinua. El negocio parecía rentable. Tres cosechas se vendieron con la ayuda del Gobierno, pero luego nos dejaron solos. Las demás cosechas se perdieron en las bodegas. Por eso nos tocó volver a cultivar coca", le dijo a CAMBIO un campesino de la zona. Y sin sustitución de cultivos, ni acompañamiento estatal, los cultivadores serán, como siempre, los que terminarán perdiendo.