Familiares de víctimas de falsos positivos no confían en la magistrada de la JEP Catalina Díaz

Los familiares de las víctimas de falsos positivos en el Casanare le solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz que separe a la magistrada Catalina Díaz del subcaso que se abrió en esa jurisdicción, relativo al departamento del Casanare. La acusan de haberse puesto del lado de los perpetradores en una audiencia realizada en septiembre pasado, en la que 21 exmilitares reconocieron más de 300 ejecuciones extrajudiciales.

En el documento, conocido por CAMBIO, las víctimas aseguran que Díaz prejuzgó y dio a entender que, en su criterio, algunos de esos crímenes se dieron de manera justificada por el ego de los militares o por las presiones que recibían de altos mandos para que hubiera resultados.

En la audiencia, antiguos integrantes del Ejército Nacional, incluido el general en retiro Henry Torres Escalante, reconocieron ante los familiares de las víctimas su participación –en diferentes grados– en las ejecuciones. Fue una audiencia complicada en la que, por ejemplo, Torres aceptó los delitos, pero dijo que no los ordenó, lo cual motivó una dura respuesta de las víctimas, que le recordaron que él está obligado a decir la verdad en la justicia especial.

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Yohana Torres, hija de Daniel Torres Arciniegas y hermana de Roque Julio Torres, asesinados por miembros del grupo especial Delta 6, adscrito directamente al comandante de la Brigada XVI, le dijo: "Usted no está aquí por voluntad propia. Me siento realmente ofendida que usted se pare ahí a decir que no dio la orden de asesinar a mi padre y a mi hermano cuando usted dijo al señor Fabián (que) llevara las armas. Hoy le digo que usted para mí en estos momentos es un asesino, perpetrador, y un peligro para nosotras las víctimas".

Torres dijo –primero– que él debió saber lo que pasaba; luego, dijo que sí presionó, que no revisó. La audiencia finalizó con unas palabras de la magistrada Catalina Díaz, en las que destacó el reconocimiento que hicieron los militares durante esos días: "Siento que es muy valioso que el país haya escuchado de viva voz a los comparecientes. Yo también creo que el país no le puede dar la espalda a los hombres a los que les confió ganar la guerra y que en un momento les dijo: 'ustedes son los héroes' (...) algunos todavía dicen: 'nos salvaron del drama del comunismo y en ustedes estaba salvar la patria' y hoy esa sociedad ese Estado no les puede dar la espalda", dijo.

Díaz agregó que, tras escuchar a más de 800 militares en seis años, su convicción personal es que estos hombres "no son ningunos monstruos ni ningunos psicópatas, no son la encarnación del mal y que son seres humanos que tomaron decisiones a sabiendas, a conciencia, sabiendo lo que hacían, planeando, ejecutando, calculando, pensando, y esto me lo han dicho varios coroneles, en su ego, en la soberbia, en los beneficios, y yo creo que es muy valioso que Colombia entienda qué significó haber establecido la sangre y la muerte y el cuerpo del muerto como el indicador del éxito militar".

Luego, añadió que el otro factor crítico que ha percibido a lo largo de estas audiencias son las implicaciones de las presiones. "Lo que significa ser presionado de noche, de día, a medio día, a media noche, los sábados, los domingos, porque tiene que traer muertos y si no trae muertos no es un buen soldado, no es un buen oficial, si no trae muertos no vale la pena".

Para las víctimas, esas palabras de la magistrada Catalina Díaz terminan revictimizándolos, porque dan a entender que hay una justificación para estas ejecuciones, que son crímenes de lesa humanidad.

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"Merma su libertad de análisis en tanto ya tiene la convicción de que los “comparecientes” cometieron los crímenes de manera justificada, ya por ego, por soberbia, por presiones, que los “comparecientes” han dicho la verdad (y) que los “comparecientes” fueron los inocentes ejecutores de algún misterioso designio, resultado del “marco institucional que puso las políticas en las cuales se tomaron esas decisiones".

Para las víctimas, la palabras de la magistrada Catalina Díaz "sorprendieron por la forma en que reivindicó a los perpetradores en medio de una diligencia que pretendía conocer de boca de ellos sus atrocidades, asesinatos y crímenes de lesa humanidad. Sorprende, porque la señora magistrada demostró que parece no entender a las víctimas y reivindica una postura que revictimiza y exalta el “honor” de los victimarios por “salvar” la patria".

"El sentimiento de frustración y rabia es inmenso, es sentir una vez más, que este sistema de justicia transicional no está diseñado para reparar a las víctimas, no somos las víctimas la centralidad, se desconoce la voz, los reclamos y el camino de lucha de las víctimas (...) Las afirmaciones públicas que hace la señora magistrada con relación a los victimarios no nos da seguridad, ni que la JEP esté de parte de nosotras las víctimas, ni que somos la centralidad, sino como lo dije al inicio un instrumento para un fin", agregaron.

El documento lo firman representantes de diez familias, entre quienes está Margarita Arteaga, hermana de Kemel Arteaga, quien en la audiencia señaló los reparos que aún tienen las víctimas sobre los crímenes, las preguntas que siguen sin responderse y las imprecisiones de los relatos de los militares.