Glifosato: ¿se está o no usando este químico en Colombia?

El glifosato vuelve al centro del debate en Colombia. Esta semana, la Dirección Antinarcóticos de la Policía abrió un proceso para adquirir 40.000 litros del químico por más de 7.700 millones de pesos. El anuncio causó polémica, pues contradice la narrativa del presidente Petro, quien aseguró en su cuenta de X que su Gobierno no recurre al uso del glifosato para erradicación y que su política se basa en la sustitución voluntaria de cultivos.

Sin embargo, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y del director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, revelan otra realidad: el plan oficial sí contempla el uso de glifosato, aunque en aspersión terrestre. A diferencia de la aspersión aérea, que fue suspendida en 2015 tras una advertencia de la OMS sobre los posibles efectos cancerígenos del químico, la aplicación manual o terrestre sigue vigente en cultivos ilícitos de pequeña escala.

El ministro Sánchez explicó que la erradicación forzada solo se contempla si fallan los mecanismos de sustitución. En regiones como Catatumbo y Vichada, el Gobierno ha destacado procesos exitosos de transición hacia cultivos legales como el cacao. Sin embargo, el avance de los cultivos ilícitos, la presión internacional y la falta de resultados inmediatos han llevado a retomar acciones más agresivas.

En CAMBIO de Tema, abordamos este viernes el tema: ¿Qué sabemos del uso del glifosato en Colombia? ¿Cuáles son los riesgos de volver al uso del químico? ¿Desde cuándo, cómo se usa y por qué? Consultamos a expertos académicos y expertos en drogas, erradicación y desarrollo rural para analizar el caso.

Las dudas que deja la estrategia que piensa implementar el Gobierno

En primer lugar, Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, advierte que hay confusión dentro del propio Ejecutivo. "Hay muchas preguntas sobre la mesa porque hay muchas contradicciones que han surgido entre el mismo Gobierno", aseguró. Además, recordó que "hasta 2015 Colombia era el único país de América Latina que usaba el glifosato en aspersión aérea. Se hicieron unos estudios de eficacia de esta estrategia y se encontró que no era muy efectiva. Por cada hectárea asperjada con glifosato, el número de hectáreas cultivadas se reduce en 3 o 4 por ciento".

Frente a la actual apuesta del Gobierno por la erradicación manual, Mejía también expresó su preocupación: “Lo que estamos viendo ahora es la estrategia de erradicación manual, arrancar la mata. Algo que no se ha visto mucho en Colombia, pero me genera preocupaciones. Esta actividad es muy peligrosa para los erradicadores porque estos campos de coca están llenos de minas antipersona y, digamos, grupos controlando estos territorios”.

Glifosato terrestre: más riesgos, menos resultados

A la falta de claridad en la estrategia se suman los riesgos y la baja eficiencia de los métodos propuestos. Lucas Marín, investigador y estudiante doctoral en Northwestern, señaló que tanto la erradicación aérea como la manual han tenido costos muy altos para las comunidades y para la fuerza pública: "Estas estrategias de erradicación aérea y manual han demostrado ser muy costosas en términos sociales y económicos para los hogares que viven en estas zonas del país".

Incluso cuestionó la utilidad de la erradicación terrestre con glifosato: "Hay datos que muestran que la erradicación terrestre con glifosato es incluso más ineficiente que la erradicación manual forzada. Pero adicionalmente a esos problemas de eficiencia, se ha mostrado que en los periodos donde se implementan estas estrategias los riesgos contra miembros de la fuerza pública son más altos".

Entre el incumplimiento y la presión internacional

Teniendo en cuenta estas afectaciones, surgen las dudas de por qué el Gobierno quiere aplicar esta estrategia y los expertos dieron su opinión al respecto. Una de las razones por las que el Ejecutivo habría retomado la aspersión terrestre con glifosato es el incumplimiento de sus propias apuestas iniciales.

"De hecho fue este Gobierno el que quiso detener la erradicación terrestre manual y con glifosato y apostó por la transformación de los territorios y la sustitución voluntaria de cultivos. Dado que no hubo un cumplimiento con esa transformación, ese incumplimiento del Gobierno es que hace que nos devolvamos a usar estos mecanismos", dijo Marín.

Daniel Mejía coincide en que el viraje tiene una explicación política más que técnica: "Lo que creo es que el Gobierno de Petro está afanado en mostrarles resultados a Estados Unidos. Trump le pidió al Departamento de Estado hacer un análisis sobre la producción y creo que el Gobierno tiene miedo de que se pierda la confianza y la certificación".

Las consecuencias de una posible desertificación por parte de Estados Unidos no son menores: “Los miembros de Estados Unidos que tengan puestos en organismos importantes estarían obligados a negar cualquier préstamo a Colombia. Los costos en turismo e inversión pueden ser altísimos. Esa es la razón por la que vemos que el Gobierno de Petro revivió la aspersión con glifosato", añadió Mejía.

¿Hay que seguir con el prohibicionismo?

Más allá de las técnicas de erradicación, hay un debate profundo sobre el enfoque mismo de la política antidrogas. Para Estefanía Ciro, investigadora de la organización A La Orilla del Río, el país tiene dos caminos: "Uno es el prohibicionismo, que es sustitución, erradicación y también persecución de la que habla Mejía. Y yo ahí me distancio un poco de su posición porque acabar con ese mercado es imposible. Esto no va a desaparecer en el mundo, son millones de usuarios".

La investigadora propone pensar en enfoques alternativos: "El otro camino es como pensar en las regulaciones de estas actividades. Es como pensar las estrategias de transformación territorial que el gobierno de Petro aún no ha desarrollado. Ese es el camino".

Mejía le respondió con una advertencia sobre las limitaciones del país en este tipo de decisiones: "Yo estoy de acuerdo con Estefanía que el prohibicionismo es un fracaso, pero es que la decisión de regular no depende solo de nosotros. Hay una especie de convenios y tratados internacionales. Colombia no puede regularla y ya".

¿Qué alternativas podrían funcionar entonces?

Desde hace años, los expertos han alertado sobre la necesidad de orientar la estrategia antidrogas hacia los eslabones más rentables del negocio. "Lo que le importa al narcotraficante no es los campos de coca, sino cuánta cocaína logran producir y exportar. La política antidrogas debe estar enfocada en los eslabones que mayores ganancias tienen para los grupos criminales", afirmó Mejía.

En ese sentido, sugiere centrar los esfuerzos en: "La incautación de grandes cargamentos, la destrucción de laboratorios y centros de producción de cocaína. Incluso, siento que se ha hecho muy poco en la lucha de lavado de activos y extinción de dominios, para afectar las finanzas criminales".

Estefanía Ciro, sin embargo, advierte que atacar las finanzas no necesariamente reduce la violencia: "Hay muchos estudios que demuestran que las violencias aumentan si queremos atacar las finanzas de los grupos criminales. Entonces es una decisión de país que tiene lógica prohibicionista, pero puede estar generando más violencia. Debemos pensar más en salir de la retórica”.

Poe último, Lucas Marín también enfatiza que la sustitución de cultivos no ha logrado replicar los beneficios económicos de la coca: "La sustitución de cultivos de coca por café o cacao no va a sustituir los beneficios económicos. Incluso si el Estado complementa la sustitución con la entrega de tierras, hay un estudio que demuestra que los efectos son en corto plazo". En otras palabras, ni hay un consenso entre expertos ni una solución única que permita garantizar el éxito en la eliminación del problema del narcotráfico.