Así es la nueva guerra en el Catatumbo

La mañana del viernes 4 de octubre, los habitantes de la vereda Aratoque, una zona rural del municipio de La Playa de Belén, hallaron tres cadáveres en la cancha de fútbol. Los cuerpos, amarrados de manos, tenían heridas de bala y, según los testimonios de la comunidad, ninguno era habitante de la zona.

Cerca de Aratoque, casi simultáneamente, la comunidad de la vereda Las Rojas del corregimiento Capitán Largo, en el municipio de Ábrego, informó del hallazgo de otros tres cuerpos. Las víctimas, cuya identidad nadie reconoció, también presentaban impactos de bala.

Esas dos masacres, ocurridas en menos de 48 horas en la región centro noreste de Norte de Santander, se suman a la larga lista de hechos violentos que tienen a muchas comunidades atemorizadas y a las autoridades en alerta. Ya se habla una nueva guerra en el Catatumbo.

En lo corrido del año, han ocurrido seis masacres en Norte de Santander, que dejan un saldo de 19 muertos. Tres se han presentado en Cúcuta.

El Catatumbo es una subregión colombiana, en el noreste del departamento de Norte de Santander, de la que hacen parte 11 municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. En términos geográficos, la zona se extiende desde la cordillera Oriental hasta el lago de Maracaibo, en Venezuela, lo que la convierte en un corredor importante que, históricamente, varios grupos armados ilegales se han disputado.

La crisis de violencia no es nueva en la zona. La Defensoría ha emitido 11 Alertas Tempranas - AT (3 de inminencia y 8 estructurales) para este departamento desde el 2020. En ellas señala los escenarios de riesgo, además de alertar que Norte de Santander requiere de toda la atención y respuesta efectiva del Gobierno nacional.

La AT 026/23, por ejemplo, determinó que el actual escenario de riesgo refiere un aumento de los homicidios selectivos y de configuración múltiple, el secuestro, la extorsión y los retenes ilegales sobre vías principales, y que, en contraste, se evidencia una disminución de hechos victimizantes de connotación masiva como el desplazamiento y el confinamiento.

Y desde 2019, a través de la AT 024, la Defensoría ya había llamado la atención sobre la inminente ocurrencia de enfrentamientos entre grupos armados, la vulneración de derechos humanos fundamentales de la población civil y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, producto de esas confrontaciones violentas e indiscriminadas que suelen sobrevenir en este tipo de escenarios. Desde entonces, el escenario no ha mejorado.

Disputas a muerte, con efectos colaterales

Según la información de inteligencia de las Fuerzas Armadas, en el Catatumbo hacen presencia diferentes grupos armados. Por parte del ELN, el Frente de Guerra Nororiental con 15 estructuras, de las cuales seis son frentes encargados del trabajo político e inteligencia delictiva. Las otras nueve son compañías encargadas de realizar acciones terroristas contra la fuerza pública y la infraestructura crítica. En total, suman más de 1.000 hombres armados y 940 en las redes de apoyo. El cabecilla del Frente Nororiental es alias Alfred o Francisco.

La estructura responsable de las últimas acciones terroristas es el Frente Héctor, una columna armada especializada en el manejo de artefactos explosivos en modalidades de campos minados, lanzamiento de cilindros con explosivos, carros bomba y francotiradores. Los entrenamientos son realizados en sus campamentos del área de frontera.

En el Catatumbo también hacen presencia las Disidencias de las Farc con la estructura 33 Bloque Magdalena Medio de Gentil Duarte. Según los últimos datos, tienen cerca de 230 hombres en armas y unos 100 más en las redes de apoyo a las estructuras residuales.

De manera general, la Defensoría ha indicado que en la zona, bajo la jurisdicción de la Segunda División del Ejército de Colombia, también tienen injerencias otras bandas de carácter local. Esto agrava la situación de seguridad.

La región también es reconocida como un centro de producción y movilización de cocaína.  El pasado 5 de octubre, el general William Salamanca, comandante de la Policía Nacional, informó sobre la incautación de 1,3 toneladas de cocaína en la vereda La Colombiana, en el municipio de Tibú. Allí también encontraron 99 kilos de base de coca, 3.633 galones de insumos líquidos y 345 kilos sólidos.

“Durante la operación policial, coordinada con el Ejército Nacional, se identificó que este narcolaboratorio estaría protegido por el Bloque Magdalena Medio de las disidencias, a quienes las autoridades señalan como “dinamizador de la extorsión en la región”, agregó el oficial.

Los ataques entre grupos

Según el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Norte de Santander, el ELN sería el responsable directo de los seis asesinatos del fin de semana pasado.

Las víctimas del ataque en la zona rural de Abrego fueron identificadas como José Daniel Bautista, Luis López y Carlos Breiner García. Mientras tanto, dos de los cuerpos hallados en La Playa de Belén eran los de Heider Santiago Cañizares y Eduardo Díaz. La tercera víctima aún no se había podido identificar.

Los ataques serían la consecuencia de una lucha territorial, porque según el alto oficial se tiene información de que algunos exintegrantes del EPL (Ejército de Liberación Popular) estarían tratando de reorganizarse.

Los Pelusos, como también se ha conocido a dicha organización armada, vienen realizando acciones criminales para fortalecer sus estructuras en la región. El coronel señaló que ya han sido capturadas 11 personas al parecer relacionadas con el grupo armado ilegal.

En diálogo con La W Radio, el coronel Arévalo indicó que uno de los hombres asesinados en La Playa de Belén había salido poco antes de la cárcel, y que Los Pelusos estaban ejecutando secuestros y extorsiones con fines económicos.

Los seis hombres se habrían reunido días antes de su asesinato en Ocaña, en donde participaron de una pequeña fiesta y desde donde los miembros del ELN les estaban haciendo seguimiento, según la versión entregada por las autoridades.

De acuerdo con el comandante de la Policía, en días pasados se registró la muerte de otros dos presuntos integrantes de Los Pelusos en la zona de Llano Grande. Los asesinatos también serían responsabilidad del ELN y demostrarían que hay una nueva guerra entre esas dos organizaciones, como la ocurrida en 2017.

Una de las versiones que manejan las autoridades y organizaciones sociales señala que el ELN y las disidencias de las Farc habrían acordado una alianza para impedir la reorganización y el avance de Los Pelusos en los territorios que ambos grupos controlan.

La situación es alarmante. Por eso algunas organizaciones piden al Gobierno nacional que tomen las medidas necesarias.  El Comité Departamental de Paz de Norte de Santander destacó la efectividad de mecanismos, como el cese al fuego instaurado el año pasado por el Gobierno nacional y el ELN. 

La organización social señaló que, durante 2021, en el Catatumbo se registraron 234 homicidios; en 2023, 161, y durante el cese al fuego bilateral no se presentó ningún ataque a la Fuerza Pública.

A mediados de septiembre, un grupo de 18 organizaciones sociales, de derechos humanos y civiles, como Ascamcat, la Central Unitaria de los Trabajadores, Corporedeh, Poderpaz y la Fundación Moiras, entre otras, enviaron un mensaje al Gobierno nacional en el que expresaron su “profunda preocupación” por la situación de violencia que se viene presentado en Cúcuta y Norte de Santander.

En sus palabras, esta crisis afecta de manera principal a las comunidades, organizaciones sociales, líderes y lideresas, autoridades locales y a la infraestructura social del departamento.

Ante la gravedad de la situación, las organizaciones pidieron al Gobierno “redoblar los esfuerzos para destrabar los inconvenientes presentados en las mesas de diálogos con distintos actores armados ilegales” y “avanzar en acuerdos que coloquen al centro de las decisiones la protección de las comunidades que habitan en los territorios afectados durante décadas por la violencia social y política”, como lo viven por estos días, otra vez más, los más de 300.000 habitantes de los 11 municipios del Catatumbo.