Todo esto hace parte de la planta de tratamiento de agua del corregimiento de Buenos Aires, en Uribia, La Guajira, un proyecto de casi 7.600 millones de pesos tirados a la basura y del que, casi tres años después de iniciado, no ha salido ni una gota de agua potable.
La planta de agua en La Guajira de 7.600 millones de pesos de la que no ha salido ni una gota
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El contrato de construcción y adecuación para la obra en Uribia debía ejecutarse en diez meses, pero casi tres años después no ha entrado en funcionamiento. En la empresa y en la Alcaldía nadie da razón.
Por: Rainiero Patiño M.
La obra está abandonada. Las mallas traslúcidas verdes que cubrían la estructura también se cayeron y dejaron al descubierto las paredes y las columnas de ladrillo pelado, de las que salen varillas. Los dos grandes tanques metálicos ubicados en el costado ya tienen señales de óxido. La maleza ha empezado a cubrir las placas de cemento. Todo esto hace parte de la planta de tratamiento de agua del corregimiento de Buenos Aires, en Uribia, La Guajira, un proyecto de casi 7.600 millones de pesos tirados a la basura y del que, casi tres años después de iniciado, no ha salido ni una gota de agua potable.
El 10 de agosto de 2021, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica de Uribia, conocida entre los habitantes de este municipio de La Guajira como la Triple A, pero que nada tiene que ver con su homónima de Barranquilla, firmó con el Consorcio Bueno Aires 2021 el contrato 005 cuyo objeto específico era la “Construcción de la planta de tratamiento de agua potable con capacidad de producción de 500 metros cúbicos al día en el corregimiento de Buenos Aires”.
El valor exacto del contrato fue de 7.598.653.040 pesos, pero, 31 meses después, la infraestructura que se logró terminar de la planta se ha convertido en un “elefante blanco” del que nadie se hace responsable y al que las inclemencias del clima ya han empezado a deteriorar.
En la imagen se puede ver la primera página del contrato original entre la Triple A de Uribia y el Consorcio Buenos Aires 2021.
Buenos Aires es una comunidad rural en la que sus habitantes tienen que caminar distancias considerables para sacar agua de pozos y jagüeyes, pero, además, esta viene cargada de muchos materiales sólidos disueltos y hierro o con residuos de materiales fecales de animales, y por ser salobre muchas veces no es apta para el consumo humano.
De ahí que entre las consideraciones expuestas en el contrato para la construcción de la planta fue señalado que en Buenos Aires no existe una fuente y un sistema de tratamiento que suministre agua potable a los habitantes. La solución, sin embargo, nunca llegó y la millonaria cifra pagada al contratista nadie sabe a dónde fue a parar, porque en la Alcaldía y en la empresa de servicios nadie da razón.
El documento del acuerdo administrativo tiene las firmas de Ana María Medero Galván, quien en ese entonces era la gerente de la Triple A de Uribia, y de Álvaro Adolfo Bustamante Facundo, como representante legal del consorcio. Y fue firmado durante la pasada administración municipal, del alcalde Bonifacio Henríquez Palmar, el mismo que se vio envuelto en varios escándalos de corrupción durante su periodo, entre estos, la firma de contratos por más de 11.000 millones de pesos durante la atención de la pandemia del covid-19 que fueron alertados por la Procuraduría y la Contraloría, pero cuyas investigaciones fueron cerradas sin consecuencias para el alcalde.
Según quedó establecido en el contrato inicial, la obra se debía ejecutar en un plazo máximo de diez meses a partir de la firma del acuerdo, es decir que la planta de tratamiento debió ser entregada el 10 de junio de 2022. Pero, como denunciaron miembros de la comunidad a CAMBIO, la planta nunca arrancó.
En los planos quedó establecido que la obra incluía dos tanques de agua de 100 metros cuadrados, dos tanques de 10 metros cuadrados para lavado de membranas, cuatro filtros de agua, un cuarto eléctrico, un laboratorio, un almacén, dos oficinas, una plataforma para carrotanques, dos baños, garitas y hasta una pileta pública en la parte frontal, ente otros detalles arquitectónicos. Pero, hoy todo está sin terminar.
El contrato entre la Triple A de Uribia y el consorcio representado por Bustamante Facundo es el resultado de las inversiones determinadas a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Uribia, en el cual fue aprobada la inversión según el acta 003 del 31 de diciembre de 2020 y fue designada como ejecutora la empresa de acueducto del municipio y el mismo municipio como el encargado de la interventoría. “La empresa ejercerá la supervisión, control y seguimiento de la ejecución de este contrato de manera directa a través de la gerente de la entidad, quien certificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista”, señala el contrato en una de sus cláusulas.
De este modo, el monto presupuestal aprobado por medio del Sistema General de Regalías para la obra fue incluido en el presupuesto de la vigencia fiscal 2019- 2020 de Uribia, y la Triple A quedó con toda la potestad, al ser el prestador del servicio, para contratar de manera libre. La empresa adelantó la invitación pública 005 de 2021 para escoger el contratista para la planta de agua, pero, sorpresivamente solo se presentó un único oferente a la convocatoria, el Consorcio Buenos Aires 2021, así el contrato fue adjudicado el 21 de julio de ese mismo año. Y la Triple estableció que el dinero para la inversión quedaba garantizado a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N. 121 del 31 de mayo.
Como quedó establecido en el acuerdo, el Consorcio recibió a los pocos días el 50 por ciento del valor total del contrato, o sea 3.799 millones de pesos, para los “gastos iniciales" y según documento del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) subido al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) el resto del valor del contrato se debía pagar en diez abonos de 379 millones cada uno, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022.
Un miembro de la comunidad, quien prefirió que su nombre no fuese publicado “para evitar problemas con esos bandidos”, le dijo a CAMBIO que “el problema va más allá porque lo que pasó fue que la planta fue construida en un sitio donde no se encontró agua”.
Este concepto fue respaldado por un informe de la Contraloría General de la Nación en el que la entidad señaló que “es claro que las condiciones técnicas actuales del corregimiento Buenos Aires en Uribia La Guajira, donde se localizó el proyecto, no permiten contar con recurso hídrico apto para la explotación y tratamiento de agua para la comunidad objeto del contrato", es decir que según el ente de control, presuntamente, no se agotaron las instancias técnicas previas para la ejecución del contrato, "lo cual pone de presente la deficiencia en la planeación del proyecto".
La Contraloría, además, advirtió del posible daño patrimonial porque el contratista recibió el anticipo del 50 por ciento correspondiente a 3.799.326.520 pesos, dinero que fue consignado en la cuenta corriente de un particular. “No se cuenta con soporte que indique la constitución de fiducia para el manejo del anticipo, lo que se constituye en riesgo para el proyecto y violenta lo dispuesto por el DNP, y la Ley 80 de 1993 frente a la constitución de fiducia en los contratos de obra”, señaló la Contraloría.
Los lazos políticos
Uribia es el municipio más grande del departamento de La Guajira con 8.200 kilómetrso cuadrados, ubicado en el norte del departamento, y conocido como la capital indígena del país, porque de sus 186.000 habitantes la gran mayoría son pertenecientes a la etnia wayúu. Además, está conformado por comunidades esencialmente rurales y que viven en ranchería dispersas a lo largo del desierto, por lo que padecen de la falta de agua potable para su consumo y para labores cotidianas.
En el pueblo dicen que no creen que pase nada con el “elefante” de la planta y la plata que fue entregada porque “la gerente Ana María Medero ya no está en el cargo y pasó a ser líder de la campaña política del nuevo alcalde Jaime Luis Buitrago, a quien a su vez lo puso el mandatario anterior Bonifacio Henríquez Palmar”. Es decir, que si eso es cierto, todo quedó entre copartidarios.
El actual alcalde Buitrago y su jefe político Bonifacio Henríquez han sido señalados de ser aliados del senador Carlos Trujillo, del Partido Conservador, y del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture y su madre, Cielo de Lacouture, alcaldesa del municipio de Villanueva.
CAMBIO contactó a Ediño Vides Guerra, el nuevo gerente de la Triple A de Uribia, para conocer su opinión sobre el estado de la obra y preguntarle qué había pasado con el cumplimiento del contrato, si la empresa había interpuesto acciones legales contra el Consorcio Buenos Aires 2021 y para saber si la plata ya se había dado por perdida. Del contratista nadie da razón en la alcaldía municipal y el número de teléfono registrado en los documentos del contrato como línea de contacto para inquietudes o correspondencia nadie lo responde.
El gerente Vides Guerra se limitó a contestar, a través de un mensaje de celular, que tenía “la misma información que tienen los medios de comunicación". De igual manera contactamos al alcalde Buitrago a través de su número personal, pero tampoco obtuvimos respuesta a los interrogantes.
El de la planta de tratamiento de agua, sin embargo, no parece ser el único contrato con posibles irregularidades en Uribia, miembros de la comunidad también le pidieron a las autoridades de control poner la lupa en el contrato 001 del 25 de enero de 2022 suscrito entre la administración del mismo alcalde Bonifacio Henríquez y la propia empresa Triple A, bajo la gerencia de Ana María Medero, para el suministro y entrega de agua potable a través de camiones cisterna en las comunidades rurales del municipio.
Este otro convenio tiene un valor de 4.334 millones de pesos y según los denunciantes tampoco se ha prestado de manera efectiva. “Los camiones con el agua los cobran, pero nunca llegan a la gente o algunas veces salen los camiones sin carga de agua. La Triple A de Uribia es un foco de corrupción”, señaló la fuente a CAMBIO.
