Los animales de los narcos en la SAE: abandono, sospechas y un millonario negocio estatal

Caballos lesionados y bovinos sin vacunas, enfermos y sin tratamientos. Esta es la postal que dejaron los animales incautados por el Estado y entregados a Agroindustrias Renacer S.A.S.

Desde finales de diciembre de 2024, cuando Agroindustrias Renacer S.A.S. asumió por contrato el cuidado de los semovientes, el término técnico para definir a los bienes que se mueven por sí mismos, entregados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), sus veterinarios comenzaron a documentar una cadena de irregularidades que culminó en un informe técnico fechado el 29 de abril de 2025. Lo que encontraron fue alarmante: caballos con la piel desgarrada por parásitos, con costras, alopecia, infecciones y otitis provocada por garrapatas alojadas en los oídos; bovinos sin vacunas contra fiebre aftosa ni brucelosis; y ningún rastro de planes sanitarios, registros médicos o certificados de vacunación. Animales famélicos, estresados, confinados en potreros erosionados, sin sombra ni pasturas dignas, con acceso directo a fuentes hídricas contaminadas. Una postal de abandono, sellada por la negligencia estatal.

Entre todos los casos, hubo uno que capturó de inmediato la atención del equipo veterinario: el de una yegua trochadora llamada Brillante. No solo por su imponente belleza —una criolla de pelaje castaño, cuello fino, ancas suaves y un andar elegante propio de su raza—, sino por el contraste entre su porte y el estado en el que fue recibida. Brillante tenía una herida profunda en el rostro, una lesión visible en una de sus patas, signos de estrés y una actitud temerosa. La hipótesis inicial de los médicos indicó una posible dermatitis severa causada por una alta carga parasitaria, producto de un abandono sanitario prolongado. La falta de atención veterinaria, sumada a que no hay registros de vacunación o tratamientos, convirtió su recuperación en algo urgente.

Curiosamente, el nombre de la yegua —Brillante— activó una asociación inmediata en la memoria de los veterinarios. Al revisar videos de una feria equina realizada en el Carmen de Viboral en 2023, identificaron a una yegua trochadora con un nombre similar (Nueva Ilusión del Brillante), montada en público por el expresidente Álvaro Uribe. La coincidencia era tanto del nombre como de la estampa: color castaño brillante, movimientos reunidos y elegantes, facciones delicadas, cuello esbelto y una cadencia particular al trotar. “Por sus características fenotípicas, por su andar, por su color... hicimos una relación”, relató uno de los veterinarios, aún con asombro. Aunque no tenían un registro oficial que permitiera confirmarlo, las similitudes eran tantas que llegaron a considerar seriamente que se trataba del mismo animal, ahora venido a menos, lesionado y con signos de estrés, años después de haber sido exhibido como ejemplar de lujo.

Ante la duda, CAMBIO se comunicó con el expresidente Uribe, quien de manera vehemente negó que se tratara de la misma yegua.

“Yo soy muy viejo, el país sabe que yo no soy de los caballistas mafiosos. La yegua que aparece en el video es hija de una yegua que era del doctor Juan Fernando Aristizábal, un hombre ilustrísimo… La yegua Nueva Ilusión aquí está en la casa”, le dijo Uribe a CAMBIO.

Aunque la posible conexión entre la yegua montada por el expresidente y la que ahora está en poder de la SAE no ha sido más que una conjetura, lo cierto y comprobable es que la yegua en poder de la SAE, junto con al menos otros animales, fue recibida en pésimas condiciones de salud, con heridas visibles, desnutrición y sin ningún respaldo sanitario, a pesar de estar bajo la custodia del Estado.

La yegua que ahora ocupa al grupo de veterinarios le fue incautada a una estructura criminal relacionada con el narco Dalberto Rincón, alias Bambam. Rincón fue detenido en una lujosa casa de Medellín en 2019 y está señalado de estar al frente de una poderosa organización que llevaba droga desde el Catatumbo al Caribe y después a Estados Unidos.

Desde hace unos días, circula un anónimo que ha llegado a manos de periodistas y entes de control alertando sobre presuntas irregularidades graves en la custodia de semovientes a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En el documento, se denuncia que varios animales incautados fueron entregados sin planes sanitarios, certificados de vacunación ni condiciones mínimas de bienestar. También se señala que algunos de estos ejemplares habrían sido usados de forma irregular por funcionarios o personas externas, incluso antes de que se formalizara su entrega legal. El anónimo cuestiona además la asignación de ciertos depositarios sin experiencia agropecuaria y sugiere que, tras las supuestas irregularidades, existiría un intento deliberado por ocultar la magnitud del abandono.

A la falta de tratamientos médicos se suma otro problema: muchos de estos animales están ubicados en predios no aptos para sus necesidades básicas. Uno de los casos más críticos fue el de un potro cuya condición de salud se agravó por la falta de movilidad, lo que impidió el desgaste natural de sus cascos. Esta situación le provocó una deformación conocida como hipertrofia ungular, afección dolorosa que altera la postura y dificulta el desplazamiento del animal, generando inflamaciones, cojeras e incluso lesiones articulares.

CAMBIO, siguiendo las pistas de ese anónimo, contactó a directivos de Agroindustrias Renacer, sociedad que recientemente ganó el contrato para custodiar los semovientes en poder de la SAE. Sus voceros confirmaron a CAMBIO que recibieron varios de estos animales en mal estado, pero aseguraron que la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, ha estado al tanto de la situación y trabajando coordinadamente para solucionar las anomalías.

Esto tiene relevancia por las leyes sobre el maltrato animal que rigen en Colombia. En 2016, entró en vigencia la 1774, por la cual se reconoció a los animales como “seres sintientes” y, por tanto, el maltrato se convirtió en delito. Esa ley incorporó al Código Penal sanciones de hasta tres años de prisión y multas de hasta 60 salarios mínimos legales mensuales por causarles lesiones graves o la muerte, especialmente si hay sevicia o si el hecho ocurre en vía pública o ante menores de edad. 

Hace unos días, el presidente Petro sancionó la llamada Ley Ángel, que elevó aún más la vara: cuando se demuestra dolo en la muerte de un animal, la pena puede superar los cuatro años de cárcel, lo que convierte este tipo de delitos en no excarcelables. Bajo este marco jurídico, mantener caballos desnutridos, enfermos, sin tratamiento ni vacunación, confinados en espacios inadecuados, podría configurar una responsabilidad penal directa. La paradoja es que los animales de los que estamos hablando han estado bajo custodia del Estado.

El negocio millonario
 

Por décadas, los animales de los narcos han sido un símbolo de poder. Desde las jirafas e hipopótamos de Pablo Escobar, pasando por aves exóticas y costosas reses y caballos que pueden valer más de lo que cuesta un apartamento de una familia de clase media colombiana. El grueso de animales incautados a los narcos consiste justamente en eso: cabezas de ganado vacuno y equino. Los depositarios de la SAE ganan un porcentaje por lo que estos animales producen y también un porcentaje por la venta de los mismos. Por eso es un negocio apetecido, teniendo en cuenta el volumen de animales incautado. Además, no hay dudas de que más de un mafioso se muere por recuperar alguno de esos animales que reflejan su estatus.

Históricamente, la administración de estos animales y bienes de la SAE ha estado mezclada con escándalos. En 2021, la entidad le entregó un contrato por 4.498 millones de pesos para la administración de semovientes a una sociedad del ganadero Carlos Alfonso Luque, quien enfrentaba un proceso por usurpación de tierras. En 2022, La Nueva Prensa reveló que la entonces vicepresidenta de Bienes Muebles e Inmuebles, Leidy Constanza Cifuentes Mendoza, asignó a dedo diez haciendas élite a un hermano de José Martínez Goyeneche, difunto excomandante del Bloque Tolima de las AUC. Y en octubre de ese mismo año, CAMBIO reveló que al exgeneral de la Policía, Rodolfo Palomino, le fue asignada una finca que había pertenecido al extraditado narcotraficante Pedro Orejas.

Pero además del mal estado de algunos animales, hay otros aspectos que pintan aún peor. Aunque Agroindustrias Renacer tiene bajo su responsabilidad la administración de todos los semovientes incautados y administrados por la SAE, el número de los que les fueron entregados es mucho menor al cálculo que había sobre ellos. Actualmente, están encargados de administrar un poco más de 500 animales, cuando la cifra de los incautados podría superar, según sus proyecciones, los 30.000. Han elevado derechos de petición a la SAE para saber el número real de semovientes y no ha respondido. También han detectado que valiosos caballos que debieron haberles entregado no están, y que algunos vacunos han sido cambiados: reses sin marca, presumiblemente de menor valor, por otros costosos ejemplares.

CAMBIO intentó obtener una entrevista con Amelia Pérez, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero, a través de un vocero de la entidad, informó que no podía referirse a este tema.

Sin embargo, el vocero le dijo a este medio que la presidenta Pérez ordenó una auditoría integral a todos los bienes muebles e inmuebles bajo administración de la entidad, incluyendo los semovientes. “Está esperando los resultados para tomar medidas que, dependiendo de lo que se encuentre, podrían ser disciplinarias, fiscales o incluso penales”, afirmó el funcionario.

Añadió que la auditoría cubre varias administraciones anteriores, pues el objetivo es esclarecer cómo se ha manejado el tema de los animales incautados a lo largo del tiempo. “El interés de ella es claro: proteger la vida y la integridad de los animales que están bajo responsabilidad del Estado”, concluyó.