El Gobierno tiene cinco días para responderle a la JEP por seguridad de excombatientes desplazados de Miravalle

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le pidió respuestas al Gobierno de Gustavo Petro por la grave situación de seguridad en Miravalle, San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá. El pasado 27 de junio, dos de los emprendimientos turísticos de excombatientes emitieron un comunicado en el que explicaron las razones para irse de la zona del ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) en el que se encontraban: la inseguridad hace imposible su permanencia.

Por ello, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad le pidió a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que presente un informe sobre las acciones que ha tomado el Gobierno para garantizar la seguridad del ETCR de Miravalle y las zonas alrededor. Así mismo, pidió que entregue datos sobre las acciones desarrolladas para implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección respecto de las Personas en Proceso de Reincorporación que se adelantan en el departamento.

Le pidió también a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) que entregue un informe en donde explique las rutas para garantizar la vida de los firmantes en el ETCR, así como la situación de sus proyectos productivos. También, que aclare la proyección a futuro de los mismos. 

Otra de las solicitudes de la JEP va dirigida a la Agencia Nacional de Tierras, para que explique los planes y programas hechos con el objetivo de formalizar tierras para dichos proyectos productivos en Miravalle.

La Unidad Nacional de Protección también deberá entregar información: la JEP le solicitó un informe en el que explique "el estado de implementación material en condiciones óptimas y efectivas del esquema de protección para el AETCR Miravalle y de los esquemas de protección asignados" a dos comparecientes específicos: Franklin González Ramírez y Lucila Moreno Páez.

Así mismo, la JEP le pide a la UNP aclarar qué lineamientos ha diseñado para "implementar acciones integrales de protección a la población del AETCR de Miravalle".

Finalmente, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares también deberán entregar los resultados de las operaciones de desmantelamiento de los grupos criminales en Caquetá, especialmente en el territorio de Miravalle y San Vicente del Caguán.

Todas las entidades mencionadas tienen cinco días, a partir del 2 de julio, para responderle a la JEP al respecto.