Paro de taxistas: así la Alcaldía de Bogotá atacará las movilizaciones

El comité del paro de taxistas anunció que el próximo 22 de noviembre se tomarán nuevamente la calle 26 en Bogotá, para expresar su desacuerdo con algunas decisiones del Gobierno y algunas instituciones, como la falta de sanciones a las plataformas de transporte privado y el aumento en el precio de la gasolina, entre otras cuestiones.

"Exigimos a la Policía de Tránsito y los guardas de tránsito combatir la ilegalidad en el transporte, imponiendo comparendos a los vehículos particulares inmovilizados, en tránsito y en transporte. No soportamos más la negligencia y lentitud de la Secretaría de Movilidad para adelantar las sanciones administrativas en contra del transporte ilegal y la inacción de la aplicación de la reincidencia", escribió el gremio en un comunicado. 

Medidas de la alcaldía para el paro de taxistas

Ante la postura del gremio, la Alcaldía de Bogotá anunció que se prepara para esta nueva jornada de protestas y advirtió que no permitirá que se bloquee la movilidad de los ciudadanos. Además, desde la Secretaría de Movilidad se recordó a los taxistas que existe una mesa de diálogo para tramitar sus propuestas.

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“La administración distrital siempre ha tenido abiertos los caminos del diálogo; hemos adelantado más de 56 mesas de trabajo tanto con empresarios, conductores y propietarios del gremio de taxistas. De esta manera, hemos escuchado siempre sus peticiones”, dijo Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad.

En esa misma línea, el secretario de Seguridad, general (r) Óscar Gómez Heredia, advirtió que en el momento en que los taxistas no permitan el paso a los bogotanos y se genere un problema de movilidad, los participantes de los bloqueos serán judicializados.

“A partir de este momento se instala el Puesto de Mando Unificado (PMU) donde hará presencia toda la institucionalidad distrital y que nos permitirá que en el momento en que se tomen vías de hecho, no vamos a dudar en judicializar a las personas que incurran en cualquier tipo de delito. La Fiscalía General de la Nación ya tiene conocimiento de las amenazas que se han realizado en las últimas horas donde se incita al desorden y al bloqueo de la ciudad, y aperturará las investigaciones que correspondan”, indicó el general en retiro.

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En esta línea, las personas que sean judicializadas podrían enfrentar una sanción de entre 24 y 48 meses, así como una multa entre 13 y 75 salarios mínimos legales vigentes.